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“¡Que la revolución no cuente más conmigo!”

48 familias de Ciudad Turmerito sacaron sus pertenencias a la calle. Reiteraron que hubo irregularidad en el proceso de adjudicación

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Los vecinos de Ciudad Turmerito se resignaron. Las 48 familias que vivieron durante 5 meses en las torres 15, 16 y 17 del urbanismo de la Gran Misión Vivienda resolvieron sacar sus enseres a la calle. Desde la acera de enfrente de los edificios esperan que algún organismo les explique la razón del desalojo.

A diferencia del viernes, relataron, cuando la PNB ingresó a las viviendas y violentó las cerraduras, ayer los funcionarios policiales permanecían en el lugar sin actuar mientras los vecinos cargaban sus colchones o sacaban lavadoras y neveras de los apartamentos.

Las mandarrias no dejaban de sonar. Los vecinos decidieron llevarse hasta las rejas de las puertas y ventanas que ellos colocaron con su propio dinero.

“En diciembre vinieron e hicieron el protocolo de adjudicación. Nos pusimos la franela y la gorra roja para el acto. Cuando nos iban a dar la llave nos dijeron que venían unos refugiados y que teníamos que entregarles 7 apartamentos. Te juro por mi hijo pequeño que yo escuché cuando un tipo le dijo a otro de Hábitat y Vivienda: '¿Para esto fue que te pagamos?`”, relató Noreima Guzmán.

Con todos los muebles fuera del apartamento, esta vecina hablaba consigo misma: “Si Maduro fuera otro diera la cara. ¡Que conmigo no cuente más la revolución!”.

Xiomara Alemán, la última en sacar sus pertenencias del inmueble P3-C de la Torre 17, en el que vivía con su hijo Wilber, repetía sin cesar: “Aquí hay una mano pelúa”. Dijo que había estado en una vivienda de transición en Fuerte Tiuna y que allí fue censada.


Limbo jurídico. La abogada inmobiliaria Teresa Borges explicó que la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, sancionada en 2011, protege a arrendatarios, acomodatarios, ocupantes y usufructantes de desalojos intempestivos de medidas judiciales que impliquen la pérdida de la vivienda.

En el caso de Ciudad Turmerito no hay una orden judicial de desalojo, pero los vecinos tampoco tienen documentos que demuestren la propiedad de sus viviendas: “Al final esto se convierte en una simple promesa electoral, pues no les dan títulos o documentos”, expresó.

El presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos, Roberto Orta, agregó que de acuerdo con el Código Civil no solo los propietarios tienen derecho sino también los poseedores.

“El gran problema de todo es que se entregan propiedades sin certificados. Así quedan a la disposición y al arbitrio de los funcionarios”, dijo Orta, quien recomendó a los afectados acudir a la Defensoría del Pueblo.