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TSJ = Inquisición

ILUSTRACION: Raúl Azuaje

ILUSTRACION: Raúl Azuaje

El comportamiento del actual Tribunal Supremo de Justicia es una copia fidedigna de lo que parecía superado: la Inquisición

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Mons. Baltazar Enrique Porras Cardozo (*)  

La historia moderna de la democracia tiene como uno de sus goznes esenciales la división de los poderes públicos.

La concentración del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una sola persona o en un mismo cuerpo genera el olvido de la razón fundamental de la legitimidad del poder: el servir a la persona humana antes que a cualquier otra razón por superior que sea.

El siglo XVIII fue un ejemplo claro de la perversión del poder. Los monarcas ilustrados generaron una serie de mejoras en el desarrollo de las ciencias y en ciertos beneficios sociales.

Sin embargo, se cuestionó su vigencia, primero, porque el origen del poder político reside en el pueblo y no en Dios, bajo cuyo paraguas se escudaban los gobernantes para actuar en su propio beneficio antes que en el de la comunidad.

En segundo lugar, porque la apropiación de todos los hilos del poder genera corrupción y abuso.

En tercer lugar, porque la ley, la Constitución se convierte en letra muerta, porque la única instancia que la interpreta es un tribunal elegido por quienes están en el poder.

El tribunal de la Inquisición en sus diversas versiones fue la utilización de la justicia para condenar a quienes no comulgaban con el régimen. Se valieron tanto de lo religioso como de lo jurídico para recibir como buena cualquier acusación en la que no se exigían las pruebas del demandante sino la necesidad de que el acusado, puesto bajo arresto, tuviera que defenderse y mostrar su inocencia. El comportamiento del actual Tribunal Supremo de Justicia es una copia fidedigna de lo que parecía superado: la Inquisición. En primer lugar, su designación al parecer intocable, está en quienes ejercen el poder. Por lógica natural, los nominados responden a la voz de su amo. En segundo lugar, se desconoce de manera supina el sentido originario del poder, que radica única y exclusivamente en el pueblo. Que el pueblo se puede equivocar en la elección, lo demuestra la historia hasta la saciedad, pero no hay otra apelación posible para cambiar sino recurrir al mismo pueblo. No hay ninguna institución que pueda sin más desconocerla o mermarle sus atribuciones.

Tanto las decisiones últimas del TSJ como las declaraciones reiterativas de miembros del gobierno desconociendo la vigencia de la actual Asamblea Nacional, son a todas luces, conductas que nos retrotraen a los tiempos del despotismo ilustrado o de los monarcas absolutistas. Es decir, un retroceso en los logros, siempre incompletos y perfectibles, del sistema democrático.

Lo peor es que el ejemplo que quienes deberían ser los garantes y celosos vigilantes del respeto a la institucionalidad, al actuar, al margen y sobre las leyes, incitan al ciudadano de a pie, a ser también juez y parte. Si tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial actúan a sus anchas porque tienen el poder, por qué no puede el ciudadano común seguir el mismo ejemplo e interpretar a su real saber y entender las leyes. Cuando la anarquía se apodera de una sociedad, cuando se niega permanentemente el diálogo y la necesidad de reconocer al otro, cuando la irracionalidad recurre a la violencia para obnubilar la conducta de la gente, vamos por muy mal camino, porque no priva el bien y respeto de la dignidad de cada ser humano independientemente de lo que piense o haga.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia afirma: "el sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución, en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones" (n. 395). El que tenga oídos para oír que oiga.

(*)  Arzobispo de Mérida