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Estado de excepción puede empeorar la crisis de salud

Tres especialistas advierten sobre la posibilidad de restricción de garantías constitucionales y el riesgo de arbitrariedades por parte del gobierno

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La declaratoria de un estado de excepción para atender la crisis causada por la escasez de medicinas, equipos e insumos quirúrgicos puede resultar contraproducente, pues el gobierno tendría la facultad de restringir garantías, entre ellas las correspondientes al derecho de propiedad, para golpear a los prestadores de salud del sector privado. En la advertencia coinciden el constitucionalista Gerardo Fernández, el administrativista José Vicente Haro y la especialista Adriana Betancourt Key.

La propuesta fue formulada el 19 de agosto por los directivos de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Específicamente solicitaron al gobierno declarar “una emergencia humanitaria”, de manera que se agilice la entrega de divisas para la importación de los medicamentos y equipos, cuya escasez ha causado la paralización de al menos 20 especialidades médicas en centros de salud públicos y privados. Recordaron que la deuda con los proveedores extranjeros que suministran 90% de los insumos asciende a aproximadamente 363 millones de dólares.

La primera reacción oficial fue la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, quien calificó la solicitud como una medida desproporcionada y políticamente sesgada.

El 22 de agosto, en un artículo de opinión publicado en el semanario Quinto Día, la ex magistrada de la extinta Corte Suprema de Justicia Hildegard Rondón de Sansó se hizo eco del problema y de la propuesta.

“En los momentos actuales hay peligro a la salud, por la carencia absoluta, en algunos casos, de medicamentos para atender a una serie de enfermedades. La búsqueda de medicamentos por las farmacias es casi siempre infructuosa, por cuanto muchos productos no se encuentran en las estanterías ni pueden ser hallados en parte alguna. Además, está el problema de los insumos que se utilizan clínicamente, así como los destinados a las terapias preventivas y quirúrgicas. La carestía es tal que faltan elementos esenciales para dotar una sala operatoria y, asimismo, hay carestía del instrumental médico y paramédico”, escribió la jurista.

Rondón de Sansó considera que, en este caso, un estado de excepción se justifica porque el Estado no dispone de los “medios ordinarios” para afrontar la agudización de la crisis. Concluye su artículo en forma tajante: “el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, debe declarar el estado de emergencia en la materia de los productos farmacéuticos y de uso médico como un estado de alarma, para ordenar medidas extraordinarias que restablezcan el abastecimiento de medicinas, insumos y servicios”.

Pero la ex magistrada no precisó cuáles deberían ser esas medidas ni su alcance.

¿Más golpes? Gerardo Fernández puntualizó que un estado de excepción implica restricción de garantías constitucionales. “Y allí, precisamente, está el peligro. El gobierno podría intentar deslastrarse de su responsabilidad por la ineficiencia de los servicios de salud públicos y el estrangulamiento económico de los privados para golpear más a los empresarios, por ejemplo mediante la restricción de las garantías correspondientes al derecho de propiedad. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales ha formulado la propuesta en términos coloquiales, sin reflexionar suficientemente sobre sus consecuencias jurídicas. Lo cierto es que puede ser cuchillo para su garganta”, insistió el constitucionalista.

El artículo 337 de la Constitución establece que “podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

En opinión de Fernández, el problema no es jurídico sino de gobernabilidad: “La solución es tan sencilla como que el presidente ordene al Centro Nacional de Comercio Exterior entregar las divisas que se requieren para la importación de medicina e insumos. Un estado de excepción, en vez de solucionar la crisis puede empeorarla”.

¿No hay otra solución?

José Vicente Haro afirma que no es cierto que el Estado no cuenta con “medios ordinarios” para solucionar el déficit crónico de medicinas e insumos.

“La legislación ordinaria se ha ocupado de este tipo de eventualidades. Pensemos en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos o en las reformas de las leyes de ilícitos cambiarios y de contrataciones públicas. Tales normativas existen, precisamente, para atender situaciones como la del sector salud. Basta aplicarlas estas leyes coordinadamente para agilizar el flujo de divisas y, por ejemplo, establecer convenios con los fabricantes y proveedores, de modo de garantizar el abastecimiento de medicinas, equipos  e insumos quirúrgicos. Lo que sucede es que la voluntad política del gobierno es otro producto que escasea en Venezuela”, expresó Haro.    

Enfatizó que la restricción de garantías derivada de la declaratoria de un estado de excepción faculta al Ejecutivo nacional a tomar medidas extraordinarias, que, mal concebidas o ejecutadas, pueden degenerar en arbitrariedades y violaciones de la Constitución.

¿Sirven para todo?

Adriana Betancourt Key, profesora de la cátedra Derechos Humanos y Estados de Excepción, en la Universidad Central de Venezuela, explica que la alarma causada por la falta de lo esencial para preservar la salud de los venezolanos obedece a la inexistencia de políticas públicas eficientes: “No se trata de una calamidad entendida en términos jurídicos, sino de mal gobierno”.

La especialista se pregunta qué medidas pudiera tomar el Ejecutivo: “¿Va conceder prioridad al requerimiento de dólares del sector salud o va intervenir los depósitos de medicamentos de los particulares? La inseguridad jurídica en el país es tanta que no parece una exageración imaginar a un funcionario gubernamental tocando a la puerta de cualquier vivienda, en una búsqueda compulsiva y represiva de antibióticos”

Betancourt Key concluye que los estados de excepción no se pueden tomar tan a la ligera, pues ello conduciría a restringir garantías constitucionales por la falta de alimentos, por el auge delictivo y, así sucesivamente, por cada uno de los problemas que deterioran la calidad de vida del venezolano.