• Caracas (Venezuela)

Sociedad

Al instante

“El respeto a los derechos humanos hace la diferencia entre la dictadura y la democracia”

 Hechos del 12 de febrero irrespetan derechos intocables aún bajo medidas excepcionales

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

El Estado venezolano cruzó el limite que hace la diferencia entre un Estado democrático, que respeta la Constitución y los derechos humanos, y otro que transita el camino contrario. Según el diagnóstico de Provea, Cofavic y Control Ciudadano, los hechos del 12 de febrero y los que aún están en desarrollo violentan el núcleo duro de garantías fundamentales, es decir, aquellas que son intocables incluso bajo medidas excepcionales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a libertad de expresión e información y a las garantías y protección judiciales.
Además de violar el artículo 68 de la Constitución al enviar a un cuerpo de seguridad armado para controlar las manifestaciones, se ha observado a grupos de civiles armados actuar en contra de los estudiantes con la aquiescencia de las fuerzas del orden. Ello, para las tres organizaciones, resulta inaceptable.

“El Estado tiene la obligación ineludible de prevención, respeto y garantía de los derechos humanos. Si el Estado tuvo información creíble de que podía haber violencia durante las manifestaciones, ha debido tomar medidas inmediatas para prevenir violaciones de derechos humanos. Y frente a grupos de civiles armados que incurren en violencia, el Estado no puede ser tolerante y tiene la obligación de actuar. En este caso también estamos frente a violaciones de los derechos humanos, porque el monopolio de la fuerza debe estar en manos del Estado” dijo Liliana Ortega, directora ejecutiva de Cofavic, quien asegura que todas las medidas que se tomen para reestablecer el orden público, deben ser compatibles con los derechos humanos. “Una diferencia fundamental entre la democracia y la dictadura es el cumplimiento de la Constitución” sentenció.

Información transparente

La transparencia en cuanto al manejo de la información, es otro estándar a cumplir. “La opinión publica necesita de la información incluso para protegerse, por lo que el Estado está obligado a informar de manera veraz y oportuna” dijo Ortega, quien reafirmó que en este contexto es muy importante la no criminalización de los hechos antes de ser investigados.

El Estado está obligado a presentar el listado de las personas que se encuentran detenidas, a ordenar exámenes médicos de oficio y a brindar información inmediata a sus familiares, además de permitir acceso inmediato a sus abogados. Toda actuación debe ocurrir ante sus tribunales naturales, respetando el principio fundamental de la presunción de inocencia.

Para Marino Alvarado el uso de distintos cuerpos de seguridad del Estado, y de instituciones como la Fiscalía, de la Asamblea Nacional para crear un marco jurídico restrictivo, así como el silencio de la Defensoría del Pueblo, revelan que la represión es cada vez más integral. “Lo otro que observamos con claridad, es cómo ha ido desmontándose el avance logrado en 2013, en mejoras en cuanto a la actuación policial”, agregó.

Responsabilidad por omisión

Para Rocío San Miguel, de Control Ciudadano, el hecho de que a escasos metros desde donde dispararon en contra del joven Bassil Dacosta estuviesen cuerpos de seguridad del Estado y éstos no solo no impidieron los hechos, sino que no detuvieron a los culpables, entraña una responsabilidad directa por omisión o acción al ministro Miguel Rodríguez Torres. “No dudo en señalar que en el programa que realizó Diosdado

Cabello el pasado lunes se dieron claramente instrucciones en esta dirección. Si observamos el programa, encontramos órdenes a los seguidores del gobierno y se puede establecer una jerarquización de las acciones frente a la actuación de la oposición” dijo San Miguel, quien afirmó que ante hechos tan graves acudirán ante instancias internacionales. “Estamos observando el uso del poder del Estado para aplastar a la disidencia en Venezuela”.