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ONU exigió respeto a derechos de indígenas

Recorrido en las comunidades Yukpas, ubicadas en la Sierra de Perijá, estado Zulia | RAUL ROMERO

Recorrido en las comunidades Yukpas, ubicadas en la Sierra de Perijá, estado Zulia | RAUL ROMERO

El Comité Contra la Discriminación Racial de la organización hizo un llamado al Estado venezolano para que se castiguen las amenazas y homicidios registrados en la sierra de Perijá

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El asesinato al cacique Yukpa Sabino Romero, en marzo de 2013, ha servido para visibilizar la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas en el país. El Comité Contra la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas, en sus conclusiones del periodo 83 de sesiones, hizo un llamado al Estado venezolano para que investigue y castigue las agresiones contra esas comunidades.

El organismo, que se reunió a mediados de agosto, pidió al Estado venezolano resguardar a los pueblos indígenas y propuso que se tomen en cuenta las reglas de protección para las etnias que se han adoptado en la región amazónica.

El informe calificó de “muy graves” los enfrentamientos entre las etnias indígenas y quienes de manera clandestina explotan los recursos mineros de la sierra de Perijá, que derivaron en el asesinato del cacique Sabino Romero y de su familia.

Ricardo Colmenares Olivar, experto en Derechos de los Pueblos Indígenas por la ONU, considera que el Estado debe centrarse en evitar la impunidad con la que han asesinado a varios integrantes de las etnias. “Lo que esperamos los defensores de derechos humanos es que prosigan las investigaciones, sin miedo alguno a la detención de los responsables de la cadena de homicidios relacionados con la lucha de los yukpas por las tierras de la sierra de Perijá. El Ministerio Público tiene en sus manos una investigación para determinar la responsabilidad de quienes dieron muerte al cacique, y a indígenas vinculados a su familia. Hasta los momentos todos los casos continúan impunes”, manifestó.

Se intentó contactar al coordinador de la organización no gubernamental Sociedad Homo et Natura, Lusbi Portillo, pero no fue posible localizarlo. El representante de la ONG denunció en mayo que recibió información sobre la contratación de dos sicarios para asesinarlo en represalia por su apoyo a la lucha de los yukpas por las tierras de la sierra de Perijá. 


Impunidad y marco legal. El Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU ha valorado el esfuerzo oficial para garantizar la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, en la sesión 83 solicitaron información más detallada de cómo se han materializado los derechos a estas poblaciones en el país.

Sin embargo, los especialistas alertan que el empeño del Gobierno por reconocer en el marco legal los derechos de los indígenas, han resultado vanos frente al acoso sistemático de los poderes políticos y económicos que se ejercen anárquicamente en la sierra de Perijá.

Si bien el artículo 119 de la Constitución establece que corresponderá al Ejecutivo, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, estas comunidades vulnerables han tenido que tomar la justicia por sus manos.

El experto en Derechos de los Pueblos Indígenas por la ONU, Ricardo Colmenares, advirtió que el proceso de demarcación de tierras y hábitats indígenas no ha sido fácil: “Ha habido conflictos de intereses y están involucrados terceros, como ganaderos y hacendados. Para ellos ha nacido un derecho a la indemnización por la inversión que han hecho en esas tierras declaradas hoy hábitats indígenas”.

Colmenares considera que el pronunciamiento del Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU es importante: “Este tipo de hechos son muy positivos pues obligan al Estado a que asuma su responsabilidad y que cumpla con los tratados internacionales que ordenan la protección de los derechos colectivos de estos pueblos”.


Otras solicitudes

El Comité Contra la Discriminación Racial de la ONU, también pidió al Estado venezolano, durante el periodo 83 de sesiones, que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar la participación de los indígenas, especialmente de las mujeres, en las administraciones públicas y en las instituciones representativas.

La ONU también expresó la necesidad de que se elaboren indicadores demográficos que aporten datos sobre la situación en la que viven las comunidades indígenas y la población afrodescendiente en el país. Advirtieron que el último Censo de Población y Vivienda no contiene datos estadísticos confiables.