• Caracas (Venezuela)

Sociedad

Al instante

Cuatro estados concentran 33% de los detenidos del país

Además del número de aprehendidos, en estas entidades se han reportado ataques frecuentes a las viviendas de personas que dan refugio a los manifestantes durante la represión. En Bolívar hoy se decidirá si dos profesionales de la salud son acusadas de “instigación pública” por llevarles desayuno a un grupo de manifestantes

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

ANZOÁTEGUI
“Todavía tengo secuelas de los golpes”

ELGICA SEMPRÚN H.

“Todavía tengo secuelas de los golpes. La cabeza me duele constantemente”, asegura Armando Milano, estudiante del 5º semestre de Relaciones Industriales en el Iutirla, quien fue detenido junto con otros 53 jóvenes el 20-F cuando protestaba en la pasarela Boyacá, que está ubicada en la Avenida Intercomunal de Barcelona.

Recuerda que alrededor de las 5:00 am aparecieron muchas patrullas y motos de la Polianzoátegui y de la policía municipal de Barcelona. Dice que los funcionarios llegaron disparando gases lacrimógenos y perdigones. “Salimos corriendo. Algunas personas nos refugiaron, pero la policía amenazaba con atacar las casas, así que salimos”.

Indica que los arrodillaron, los golpearon en la cabeza con las cachas de las armas y los patearon. “De allí nos llevaron a la Policía de Anzoátegui, nos tiraron en el piso, cargaron las armas y nos amenazaban con matarnos. Nos tuvieron allí hasta las 8:00 am, cuando llegó la gente del Ministerio Público. Entonces nos pusieron en una celda”.

A pesar de la experiencia, Milano sigue acudiendo a las protestas: “No quiero que esto le pase a ningún otro venezolano. Como ciudadanos nos merecemos unos cuerpos de seguridad que respeten a la sociedad, que la proteja, no que la repriman por ejercer sus derechos”.

Diego Cebey es ingeniero industrial egresado de la UDO, fundador del movimiento estudiantil ProUdistas. Se organizó junto con otras 30 personas para llevar cruces al Paseo Colón de Puerto La Cruz el 3-M. Apenas cinco minutos después de estar allí se presentó un grupo de 50 funcionarios de Polisotillo que comenzó a empujarlos y golpearlos.

“A algunos nos arrastraron 200 metros. Nos tiraron los caballos de la policía montada y nos llevaron detenidos”, cuenta.

Los golpearon repetidas veces. “Nos maltrataron tanto que no podíamos caminar. A tres de los siete nos tuvieron que trasladar a la clínica municipal, donde el personal médico nos atendió muy bien. Luego nos llevaron de nuevo a los calabozos de Polisotillo porque en el CORE 7 no nos quisieron recibir. Cuando estábamos en la policía nos dijeron que nos soltaban si no poníamos la denuncia por maltratos. Nos amenazaron”.

Cebey sufrió fisura en las costillas, en el pie y traumatismos generalizados. “Estaba tirado en el piso y como 20 policías me patearon”. Afirma que la represión de las manifestaciones ha sido peor en los sectores populares, “para que no protesten”.

Tanto Milano como Cebey coinciden en rechazar la violencia y el vandalismo. Señalan que siempre hablan e intentan hacer reflexionar a quienes, en medio de las manifestaciones, muestran intenciones de causar daños al patrimonio de la sociedad.

“Nuestra lucha es no violenta”, exclama Milano.

Manuel Ferreira, quien encabeza el grupo de 8 abogados que se han encargado de la defensa de los manifestantes detenidos, informa que 420 personas han sido aprehendidas durante manifestaciones en Anzoátegui, de las cuales 162 han sido puestas a las órdenes de tribunales. El miércoles en la noche fueron detenidos 8 jóvenes que están a la espera de que se realice la audiencia de presentación. Tres de ellos son menores de edad. De todos los procesados, a 152 les fueron dictadas medidas cautelares de presentación periódica ante el tribunal y prohibición de participar en manifestaciones públicas. 2 resultaron con libertad sin restricciones, pero se les mantiene abierto el proceso judicial. Mientras, la Fiscalía 19ª de Derechos Fundamentales ha entrevistado a los 26 estudiantes que denunciaron daños físicos y vejaciones por parte de las autoridades. Hay un caso atípico, asegura Ferreira, que es el de un joven civil a quien se le abrió un juicio militar, se le dictó medida privativa de libertad y tras la apelación y la presión que se generó por lo ilegal del proceso, cuatro días después le dieron libertad plena.


BOLÍVAR
“Yo no sé a quién supuestamente intenté matar”

CLAVEL RANGEL

Tiene libertad, pero condicional. Cada 15 días debe ir a tribunales, hacer una cola y registrarse en el sistema para no ser nuevamente detenida. Ligia Delfín, estudiante de Educación de la UCAB-Guayana, debe cumplir con ese procedimiento de ahora en adelante hasta definir si es culpable de los siete delitos que le ha imputado el Tribunal de Control de Ciudad Guayana, entre ellos el de autora intelectual de homicidio en grado frustrado.

“Más que conmocionada, estoy en shock por lo absurdo y por la brutalidad con la que actúan las autoridades de este país. Todavía yo no sé a quién supuestamente intenté matar. Dicen que yo prendí un mortero con clavos y que el policía lo apagó”.

Esa es una de las dos versiones que maneja el Ministerio Público al solicitar que se acusara a la joven de 22 años de edad, dirigente juvenil de Voluntad Popular, como autora intelectual de un homicidio.

“La supuesta víctima dice que fue agredida a las 8:30 pm por un grupo de encapuchados que le lanzaron piedras y que tres personas con las características de nosotros (los estudiantes detenidos) intentaron matar a su esposa con una molotov”, expresó.

Delfín integra el grupo de cinco estudiantes detenidos el lunes 24 de marzo en la madrugada en la urbanización Las Garzas, uno de los bastiones de la oposición en las últimas protestas callejeras. El día anterior, Manuel Rodríguez, Xabier García, Jonás Días, Mariannys Mejías y Delfín habían participado en una marcha por la avenida Atlántico.
 
Como uno de ellos vive en Las Garzas, los jóvenes, todos militantes de Voluntad Popular, decidieron pernoctar esa noche en su casa. “Nos fuimos a dormir conscientes de que se quedó gente protestando”, recuerda la joven. Al día siguiente, a las 4:00 de la mañana, decidieron alistarse para asistir a la convocatoria a clases hecha por la mayoría de las universidades, en algunas de ellas – como en la UCAB – las clases han sido sustituidas por “pupitrazos”.
 
“Cuando salimos de la casa no había nadie en la calle. La policía había limpiado. Había gente trotando, el tráfico estaba normal. Es cuando se mete una camioneta negra, sin identificación, con personas armadas y nos comienzan a apuntar, nos agarraron por el cabello y nos metieron en la camioneta. ‘Ya van a ver lo que es bueno’, decían. Yo pensé que apareceríamos muertos”.

Pronto supieron que estaban detenidos. Al llegar a la sede de la policía municipal fueron rápidamente reseñados por los delitos de instigación pública, detentación de artefactos, destrucción de las vías, resistencia a la autoridad, agavillamiento, más el delito contenido en el artículo 362 del Código Penal sobre obstrucción de vías.

A Delfín se le imputa además el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras que al resto de sus compañeros se les acusa de homicidio en grado de complicidad.

El Foro Penal Venezolano, capítulo Ciudad Guayana, señala que ha habido 88 detenidos. Tienen registradas violaciones de los derechos humanos en 12 casos, todos denunciados ante la Fiscalía.
 
Aún no han salido en libertad los 12 que fueron aprehendidos el jueves y el viernes de la semana pasada, según Luz María Álvarez.

Durante el fin de semana hubo protestas frente al Palacio de Justicia para exigir la libertad de 12 de los 16 detenidos el jueves que aún permanecen bajo custodia, entre ellos María Gabriela Farías, cardióloga del Hospital de San Félix y ad honórem en el Hospital Uyapar en Puerto Ordaz, donde es la única que atiende esta especialidad. Ella y la odontóloga Noris Gil fueron arrestadas luego de comprar desayuno para un grupo de manifestantes. Pretenden acusarlas de instigación pública.

 
NUEVA ESPARTA
44 detenidos en 2 meses de protestas

MARIÁNGELA VELÁSQUEZ 

Las primeras aprehensiones por protestas antigubernamentales en Nueva Esparta comenzaron el 2-F, cuando siete margariteños fueron encarcelados por presuntas agresiones al equipo cubano de beisbol durante la Serie del Caribe.

Desde ese incidente hasta el 2-A, 44 manifestantes fueron detenidos y presentados ante el Ministerio Público, indicó la coordinadora del Foro Penal Venezolano en Nueva Esparta, Cristel Erler.

El caso Venetur causó revuelo por la manera en que funcionarios del Sebin detuvieron a los presuntos implicados y porque fueron recluidos en un anexo insalubre en la cárcel de Puente Ayala, en Anzoátegui.

Los representantes del Foro Penal solicitaron la inhibición de la jueza tercera de control, Lisselote Gómez Urdaneta, por "flagrantes violaciones al debido proceso" de los manifestantes imputados.

Ana Julia García, de 41 años de edad, fue detenida e imputada de instigación pública el 24-F junto con su hija Marialejandra, de 19 años de edad, por manifestar cerca de su casa en La Fuente, municipio Antolín del Campo. La primera es estudiante de Enfermería en la Universidad de Oriente, mientras que la segunda cursa Medicina en la Universidad Central de Venezuela.

“Nuestras voces no pueden ser calladas con armas. No podemos permitir que se apaguen las ideas. Traslademos las aulas a la calle. Debemos organizar clases magistrales en las plazas para que sigamos por el camino del conocimiento, pero cerca de la sociedad civil”, expresa García, quien tiene prohibición de manifestar en el municipio Antolín del Campo.

Le parece curioso que no se criminalice el cierre de calles que realizan los habitantes de Margarita para protestar por la falta de agua, pero acusan a los que manifiestan su descontento por la situación del país. “Ellos sí pueden trancar por la falta de servicios públicos, pero a nosotros nos persiguen por tener una voz”.

Adelina Ávila afirma que vive con el alma en vilo desde la detención de su hijo Stefano Anastase, de 22 años de edad, durante una represión de tres horas de la Guardia Nacional Bolivariana a manifestantes en la urbanización Jorge Coll, municipio Maneiro.

La mujer relata que lloró al ver los videos difundidos en las redes sociales de la golpiza propinada por los militares a su hijo durante la detención. Su preocupación no acabó con la liberación del joven, tras haber sido imputado de instigación a delinquir e intimidación pública y pagar una fianza 80 unidades tributarias a los tribunales. "Me angustian esas presentaciones cada 8 días. Que lo vayan a involucrar en otra cosa. No ha podido reiniciar los estudios porque no lo quiero en la calle", asegura.
 

LARA
220 detenidos desde el 12-F

YORIANA OSÍO

De acuerdo con datos del Foro Penal Venezolano en Lara, 220 personas han sido detenidas desde el 12-F, cuando iniciaron las protestas estudiantiles en Barquisimeto. Manuel Virguez, abogado y representante de la organización no gubernamental en el estado, señala que muchos de los aprehendidos han recibido medidas cautelares de presentación. Una gran parte de ellos han sido detenidos por horas, dice. Aun así, la mayoría denuncia haber recibido malos tratos.
Entre los casos destaca la detención de una madre de 41 años de edad y su hija, quienes se dirigían a un frigorífico que está ubicado en la calle 23. Se bajaron del vehículo y cuando caminaban hacia el local fueron alertadas por los vecinos, quienes les gritaron desde los edificios que se fueran porque la GNB se encontraba reprimiendo en el lugar.

“Nos resguardamos en un edificio por más de una hora. Vimos cómo atropellaron a una muchacha y decidimos aprovechar para salir, tomar el carro e irnos de ahí. Cuando lo intentábamos llegó la guardia y nos llevó detenidas hasta el Destacamento 47. Allí nos recibieron guardias femeninas que decían: ‘Llegó carne fresca’. Nos golpearon con los cascos. Nos dieron patadas y nos cortaron el cabello”, recuerda la mujer, que prefirió no decir su nombre.

Ambas fueron liberadas después de varias horas, a las 9:00 pm. Recibieron atención médica inmediata cuando salieron por presentar politraumatismos.

Un funcionario militar, que aceptó declarar sin revelar su nombre, revela que a las mujeres las atemorizan con la amenaza de que van a abusar de ellas. “La intención es causarles terror porque son muy alzadas. Tenemos cuatro meses que no sabemos lo que es disfrutar de un permiso a causa de las protestas”, dice.

Las amenazas de muerte de parte de colectivos y motorizados parece ser la nueva forma de represión. Una vecina de Cabudare que prefirió no revelar su identidad afirma que estos grupos llegan en cambote a esa zona y que gritan: “Dejen la guarimba o se las verán peores”.

La misma amenaza la recibieron vecinos del centro y oeste de Barquisimeto. Grupos de motorizados gritaron que pararan las manifestaciones, además de vociferar consignas alusivas al fallecido Chávez.