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La buhonería sigue siendo un asunto sin resolver

Mercado de La Bolsa en Capitolio | William Dumont

Mercado de La Bolsa en Capitolio | William Dumont

La reglamentación de los productos que venden en las calles no reducirá la escasez. Más de 5 millones de personas se desempeñan en el sector informal de la economía

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La redoma de Petare está mejor abastecida que cualquier supermercado de Caracas. O al menos lo estuvo hasta ayer cuando entró en vigencia el decreto presidencial 1348 que prohíbe a los trabajadores informales la venta de alimentos, artículos de higiene personal y útiles escolares, entre otros productos.

Durante los últimos días los vendedores de la economía informal que hacen vida en ese sector de la ciudad se han dedicado a salir de la mercancía prohibida antes de que se la decomisen las autoridades. “Será que el presidente cree que porque nos va a sacar a nosotros, va a acabar con la escasez”, dijo Katiuska Hernández, quien ya perdió la cuenta de los años que lleva trabajando en la calle, y solamente con el miércoles como único día de descanso. Su puesto está integrado con la mayoría de los insumos que cazan los consumidores: harina de trigo y de maíz, leche, aceite, café, pañales, toallas húmedas y detergente. Aseguró que no especula y, en cambio, justificó: “Yo compró de la reventa. Un paquete de pañales que cuesta 59 bolívares, a mí me lo venden en 130 y lo ofrezco a 150. A la harina de maíz solo le gano 5 bolívares y el kilo de café lo vendo en 60 bolívares”.

En Petare, además, se podía conseguir shampoo, acondicionador, afeitadoras, acetona y desodorante de distintas marcas y presentaciones.

Para Isabel Pereira, directora de Políticas Públicas del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, no se trata de defender a los trabajadores informales. Explicó que el problema es que se ataca a los más débiles: “Los buhoneros sobreviven sin créditos, no cuentan con la protección de la Ley del Trabajo, no tienen seguro social, vacaciones, aguinaldo o prestaciones y no se ha implementado ninguna política pública dirigida a organizarlos o atender su situación”. La socióloga agregó que los informales son una reacción a la poca capacidad de generar empleo que tiene la economía venezolana.

El control sobre la venta no resuelve el problema estructural que los buhoneros expresan. Hasta julio de este año el Instituto Nacional de Estadística calculó que hay 5.368.362 personas ocupadas en el sector informal de la economía. De 25% a 30% de ese total se dedica a la buhonería.

Se debe emprender. Regular a los comerciantes informales había sido hasta ahora competencia de las alcaldías, una tarea básica de los mandatarios municipales que deben velar por el orden en los espacios públicos. En Libertador, por ejemplo, el ex alcalde Freddy Bernal emitió el decreto 278 en 2008, que ordena la salida de los buhoneros del casco histórico, Ciudad Universitaria y de las avenidas Baralt, Sucre, San Martín, Urdaneta, Francisco Solano y Casanova. Tradicionalmente, la propia alcaldía autoriza la instalación de ferias en el mes de agosto dedicadas a la venta de artículos escolares, cuya comercialización en la calle quedó prohibida por el decreto. En Caracas, además de Petare, donde el alcalde Carlos Ocariz solo ha podido reubicar a un pequeño grupo en un mercado, puedes conseguirse buhoneros en Capitolio, La Hoyada, Quinta Crespo, El Valle, Bellas Artes y la avenida Sucre en Catia.

Gerardo Alí Poveda, abogado y directivo de la Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios, expresó que puede hacerse un uso productivo del lugar público sin afear la ciudad ni obstruir la movilidad. Poveda recordó que durante la última cumbre de la Organización Internacional del Trabajo, realizada en junio, se hicieron recomendaciones orientadas a que los gobiernos faciliten la formalización de la economía, al considerar que 40% de los trabajadores del mundo se concentra en el sector informal. Algunas de esas propuestas se dirigían a facilitar los trámites de registro y el acceso a políticas crediticias y de formación que permitan mayores emprendimientos.

Incapacidad de control. Enrique Luis ya sufrió las consecuencias de las inspecciones de la Superintendencia de Precios Justos. Luis se dedicaba en Catia a la venta de limpiadores y desinfectantes. El jueves recibió la visita de una de las comisiones que le ordenó bajar el precio de la cera y el suavizante de 80 bolívares a 25 bolívares: “Me hicieron una advertencia: la próxima vez que me vean me quitarán la mercancía. Tendré que cambiar de rubro. No voy a invertir para perder”.

Hasta la semana pasada era posible conseguir con sobreprecio productos de primera necesidad en Catia. Sin embargo, desde que el presidente Nicolás Maduro anunció la prohibición de venta los insumos comenzaron a desaparecer de la vista. Un transeúnte del sector, que prefirió no identificarse, dijo que la prohibición puede ser contraproducente y puede aumentar aún más el valor de venta: “Ahora ofrecerán escondidos los productos. Mientras más riesgo, más precio”.

Pereira afirmó que el gobierno no tiene capacidad de control de lo que se oferta en las calles: “Si la policía es la que va a estar a cargo, eso podría desatar una corrupción y un chantaje sin límites. El verdadero problema es que nuestra capacidad productiva está por el suelo. Esta es una medida artificial que no soluciona la escasez ni repercute en la inflación”.


En los mercados están a favor

La medida que han tomado las alcaldías para regularizar la situación de los trabajadores informales es crear mercados populares. Hay en Petare y en Libertador en Sabana Grande, San Jacinto, Bellas Artes, Quinta Crespo, Capitolio, San Martín, El Valle y Catia.

Quienes durante años se desempeñaron como trabajadores de la economía informal ahora están en esos mercados, si están de acuerdo con la prohibición.

“Está bien que se regule, especialmente los productos que son de primera necesidad”, dijo Manny Urbina, quien se ha desempeñado durante 24 años en el sector informal. María Espinoza también se mostró a favor: “Prefiero hacer mi cola que pagar algo en 300 o 400 bolívares. Creo que la prohibición no resuelve el problema, pero ayuda. Los grandes comerciantes saben quiénes revenden en realidad; esas personas son a las que no se les debería vender”.

Hace más de un mes se retomó la construcción del Mercado de La Bolsa, ubicado en Capitolio, ahí laboran alrededor de 300 comerciantes desde hace casi 3 años. Actualmente la Alcaldía de Libertador está reforzando la estructura para terminar la obra e incorporarle dos pisos para los trabajadores informales, un supermercado Bicentenario, y oficinas administrativas y de servicio de la municipalidad. En el lugar destacaron que se dedican a la venta de mercancía seca y no ofrecen ninguno de los rubros señalados en la prohibición.

En la esquina de Platanal, en Candelaria, tiene más de dos años paralizada la construcción del mercado destinado a los vendedores informales que se encuentran en la feria de Bellas Artes. La mayoría de esas ferias tiene los puestos vacíos.


LA CIFRA

40,5% de la población ocupada se desempeña en el sector informal de la economía