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Vigilar a adolescentes infractores nueva tarea de los consejos comunales

Los cambios fueron aprobados en la AN el 22 de octubre | Francesca Commissari

Los cambios fueron aprobados en la AN el 22 de octubre | Francesca Commissari

Los cambios fueron aprobados por unanimidad en primera discusión de la Asamblea Nacional el 22 de octubre. La diputada Lirisol Velásquez aseguró que los vecinos no deben temer represalias, pero en las comunidades hay dudas y preocupación

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Jonnaiker Rivas Suárez no demora más de 10 minutos en atender la llamada telefónica de Geovanny Rojas, vocero del consejo comunal Necesario es Vencer, para presentarlo como ejemplo vivo de la posibilidad de que un adolescente sea apartado de la delincuencia.

Es un joven de 19 años de edad, pálido y delgado. “Pero ahora está mucho mejor. Hace unos meses andaba ‘empistolado’ y ni siquiera podía hablar porque permanecía drogado todo el día”, dijo Rojas.

Y el muchacho asiente: “Desde los 14 hasta los 17 años cometí delitos, pero me he superado como persona porque no quiero que mi mamá sufra. Aquí en la comuna me dan trabajo de vez en cuando; por ejemplo, pinté murales en la campaña para el 7 de octubre y ayudamos a la Policía Bolivariana a pintar unos rayados en las calles. Si hay alguna chamba nos llaman. A lo mejor vuelva a estudiar, me quedé en segundo año”.

Prefiere que no lo fotografíen: “... porque, tú sabes... –dice– todavía uno tiene culebras pendientes”.

En la comuna socialista José Félix Ribas, cuya sede principal está en el sector El 70 del barrio Santa Ana en Antímano, no esperaron por la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para ocuparse de la reeducación de los muchachos que incurren en delitos.
Los cambios legales impulsados por la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional fueron aprobados en primera discusión y por unanimidad el 22 de octubre.

En general se dispone la incorporación de los consejos comunales al sistema penal de responsabilidad del adolescente. Ya en 2007 se habían incorporado al sistema de protección con el objetivo subyacente de construir el piso jurídico del Estado Comunal.

En particular, el artículo 582 del proyecto indica que el juez penal debe agotar todas las posibilidades para evitar el encarcelamiento de un adolescente y, en su lugar, aplicar medidas menos severas. La segunda opción es la “obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, consejo comunal u organización social, con obligación de incorporarse a programas de prevención e inclusión social ejecutados por los entes responsables que informará regularmente al tribunal”.

“Eso es muy delicado –advierte Gisela Maita, una de los 1.444 voceros de los 24 consejos comunales que integran la comuna José Félix Ribas– porque esos muchachos pueden tener padrinos. Si se denuncia su mala conducta, uno y la familia de uno queda en peligro”.

La diputada Lirisol Velásquez, jefe de la subcomisión especial encargada de la reforma de la Lopnna, intenta aclarar dudas: “Los consejos comunales no van a denunciar. La acusación la hace la Fiscalía y las medidas de semilibertad o libertad asistida las decide el juez. El consejo comunal solamente se va a encargar de supervisar el trabajo comunitario que se imponga como sanción a los adolescentes que incurran en delitos menores. Es necesario destacar que los muchachos que podrían quedar bajo la vigilancia de los consejos comunales únicamente serán aquellos que cometan delitos menores. No estamos hablando de homicidios, tráfico de drogas ni nada por el estilo”, dice Velásquez.

Sin embargo, la norma propuesta indica que los consejos comunales tienen que informar periódicamente a los tribunales sobre la conducta del adolescente juzgado y en ello se fundamentan los temores. “Ni que me lo pida Maduro yo aceptaría una responsabilidad como esa. Eso es buscarme un problema y buscarle un problema a mi familia. En los barrios la cosa es muy dura. Tenemos que lidiar con muchachos que consumen drogas, andan armados y pueden agredir a la gente. Hasta me pueden dar un tiro”, explica Alicia Oliveros, vocera del consejo comunal La Unión del Cambio, que agrupa a 300 familias.
El año pasado Oliveros participó en un taller sobre la Lopnna, dictado por profesores de la Universidad Católica Andrés Bello. “Pero un taller no es suficiente; los consejos comunales no tenemos los recursos para vigilar a un muchacho de estos. Como mínimo, necesitaríamos un psicólogo en cada consejo comunal”.

Yubraidi Arias, que antes de ser vocera de un consejo comunal hizo trabajo comunitario en el barrio Santa Ana junto con Caritas, la pastoral social de la Iglesia Católica, también es escéptica: “Lo más que podemos hacer es buscarles trabajo, que reparen una calle, que se incorporen a la construcción del polideportivo… A los muchachos con problemas hemos tratado de darles talleres de música, canto…, pero no les interesa. Por lo general, si les llaman la atención porque están en malos pasos se molestan”.

En el consejo comunal La Unión del Cambio el “rescate” de adolescentes no es prioritario. Así lo confirma un joven que se acerca al Mercal de la zona, preocupado por obtener un número que le asegure una bolsa de comida al día siguiente: “Mi tía, démelo ya, porque tengo que presentarme en tribunales”.
 
¿Viabilidad garantizada?

La diputada Velásquez está convencida de las bondades de la participación de los consejos comunales en los asuntos públicos, pero no dispone de una evaluación rigurosa de lo que han hecho o dejado de hacer durante los últimos cinco años en cuanto a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Asegura que las organizaciones del poder popular han comenzado a acumular aprendizaje en esta materia con la creación de los consejos educativos en procura de la articulación entre las escuelas y las comunidades: “Sabemos que sumarlas al sistema penal de responsabilidad de adolescentes es un reto, pero aspiramos a que cuenten con el asesoramiento técnico de los equipos multidisciplinarios que asisten a los tribunales para que puedan asumir con éxito la tutoría de los muchachos que cometen delitos menores”. También aspira que a través del proceso de consulta, que comenzaría el 21 de noviembre, la Comisión de Familia reciba los aportes para afinar cada una de las disposiciones de la reforma.

La socióloga Carla Serrano, investigadora de la UCAB, explica que por lo general los jueces conceden las medidas que tienen a la mano: “No existe la variedad y cantidad de programas socioeducativos para insertar a los muchachos que delinquen, pero que no quedan tras las rejas. El riesgo, con esta reforma de la Lopnna, es que se abuse del sometimiento a la vigilancia de un consejo comunal y que se aplique, como medida alternativa en la mayoría de los casos, sin que esté garantizada su efectividad para que el adolescente no reincida en el delito”.
 
Serrano manifiesta preocupación y dudas: “Para empezar, no hay datos claros sobre la organización y funcionamiento de los consejos comunales. ¿Cómo tendrán al día los tribunales la base de los consejos comunales en cada circunscripción judicial?, ¿cómo se articularán con los diferentes ministerios: el de Comunas y Protección Social, el del Servicio Penitenciario, y ahora el Viceministerio para la Suprema Felicidad Social?”
 
¿Participación autónoma?

Con el aval de décadas de trabajo a favor de niños, niñas y adolescentes de Petare, la trabajadora social Gloria Perdomo recuerda que la Lopnna tenía asegurada la participación autónoma de las comunidades. “Todo se acabó con la reforma de 2007. La dirección de los consejos de derechos de niños, niñas y adolescentes varió de ser paritaria (mitad representantes de la sociedad civil y mitad de las instituciones del Estado) y se impuso la hegemonía estatal. Se desmanteló el sistema descentralizado y todo volvió a ser controlado por el gobierno central, como hace 50 años”, afirma.

Perdomo explica que antes de 2007 existían las Asambleas de Ciudadanos de Foros Propios: “Eran instancias de debate y toma de decisiones verdaderamente autónomas. En cada uno de los municipios había una asamblea que periódicamente se reunía y analizaba lo que estaba ocurriendo con la gestión pública en materia de niños, niñas y adolescentes. Ahora lo que nos ofrecen son consejos comunales controlados política y económicamente por el oficialismo”.

La participación popular en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes ha permanecido en un limbo legal. El artículo 678 de la Lopnna, que recoge una de las disposiciones transitorias de la reforma realizada en 2007, indica que en un lapso no mayor de 120 días continuos el presidente de la República debía dictar el reglamento que regulara la incorporación de los consejos comunales. De nada sirvió que la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que agrupa a la mayoría de las ONG venezolanas dedicadas al tema, solicitara la intervención del Tribunal Supremo de Justicia. Cinco años después no existe ese reglamento y se abren espacios para la arbitrariedad.

Betty Díaz, dirigente comunitaria de Barrio Unión, en Petare, suma al análisis la exclusión por razones políticas que signa a los consejos comunales: “Yo he trabajado por mi comunidad y por los chamos toda mi vida, pero no creo que el Estado deba delegar en los consejos comunales una tarea tan delicada como vigilar a los adolescentes que incurren en delitos, aunque sean infracciones menores. Yo soy de Primero Justicia y dificulto que un juez me llame para designarme tutora de uno de estos muchachos. Pero ni el más abnegado de los chavistas puede garantizar que cumplirá con el objetivo de regenerar al que cayó en la delincuencia”.
 
Parrilla, cerveza y charla

Geovanny Rojas lidera un proyecto denominado Jóvenes del Barrio en Busca de un Sueño, con el propósito de rehabilitar a niños y jóvenes sin hogar o con adicciones. Lo adelantaría si obtiene los 100.000 bolívares que cuesta, pero aún no ha recibido respuesta de la Presidencia de la República ni de los ministerios del Servicio Penitenciario y Comunas.

“Con esos recursos podría costear la educación y manutención de casi 20 chamos. Lo demás es ganas de ayudar, y eso lo tenemos de sobra”, expresa.
Rojas es como un dinamo. Con un entusiasmo desbordante moviliza a la comunidad del sector El 70. Entre los que lo apoyan figuran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, apostados en el lugar en labores de policía comunal.

Cuenta que hace un año ensayó sus propios métodos: “Reuní a casi 10 chamos que estaban destruidos por la droga e inmersos en la delincuencia. Compré carne para parrilla y una caja de cerveza. Aquí mismo, en la casa comunal, les di una charla. Les hable del árbol de los tres caminos: el hombre nuevo que nace del socialismo, el cementerio y la cárcel. La idea es que vieran las tres opciones”.

El dirigente comunitario no sólo está dispuesto a asumir la vigilancia de adolescentes en conflicto con la ley penal sino que, a su modo, ya lo hace. “Nosotros hemos recibido a chamos que nos mandan los tribunales. Aquí hacen servicios comunitarios, seis horas semanales durante tres meses. Si hay un curso, se le da; si hay una charla se le dicta…”.