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Víctimas de tortura pueden exigir medidas de protección

Ley especial para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes establece que lor órganos competentes deben preservar al integridad física de las víctimas

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La Asamblea Nacional oficializó la Ley especial para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En la ley publicada en la Gaceta Oficial 40.212 se establece que los funcionarios públicos, personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional, policías estadales y municipales, funcionarios adscritos al sistema penitenciario y de salud, así como personas naturales que sean autores de delitos de maltrato serán sujetos a la aplicación de la legislación.

Se establece que las víctimas de tortura y sus familiares pueden exigir medidas de protección y seguimiento a los órganos competentes a fin de preservar su integridad física.

El reconocimiento médico así como el control y registro del estado físico, psicológico y mental de la víctima debe de estar debidamente documentado mediante la resulta de exámenes médicos refrendados por la medicatura forense.

Toda víctima tiene derecho a la reducción o ajuste de su jornada laboral, cambio de centro de trabajo y la suspensión temporal de la relación laboral.

Se acuerda la creación de la Comisión Nacional de la Prevención de la Tortura y otro tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sanciones

El funcionario público en sus labores lesione a una persona bajo su custodia será sancionado con pena de 15 a 25 años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el periodo equivalente a la pena. Los funcionarios que sometan a una persona con la finalidad de castigar o quebrantar la resistencia física recibirá una sanción de 13 a 23 años.

Las personas naturales que participen en calidad de autores o agentes activos en delitos de tortura serán sancionadas con penas equivalentes a tres cuartas partes de la pena aplicada al agente activo.

El personal médico que labore en instituciones privadas que tengan trato de pacientes y los maltraten física o verbalmente serán sancionados con entre 25 y 50 unidades tributarias o arresto proporcional, conforme al maltrato causado.

El médico que incurra en el expedición de un informe médico legal o mental que omita la mención de signos de tortura o maltrato será sancionado con  pena de 8 a 12 años y la suspensión de la licencia por el periodo equivalente a la pena.

Los funcionarios de servicios penitenciarios que se nieguen a dar información a los órganos que conforman la comisión será sancionado con arresto de 15 a 25 días  y a una multa de 250 a 500 UT.