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Varados en ministerios y hospitales

Cerca de las 11:00 am un grupo de estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt se sumó a la protesta, pues en la casa de estudios también estaban sin luz

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El apagón nocturno motivó un fuerte cacerolazo que duró más de tres horas en Candelaria y siguió con la protesta de los afectados. Ariani Escobar alzaba un trozo de cartón en el que se leía: “No hay consulta”. Era una de las madres que protestaba junto con médicos del hospital J. M. de los Ríos porque los niños no fueron atendidos debido a que el centro asistencial estaba sin luz por la falla que afectó 25% de la demanda eléctrica de Caracas.

Escobar viajó desde Barinas hasta la capital para llevar a su hijo de cuatro años a consulta de Urología. No pudo ser atendido, pues la torre de consultas estaba a oscuras al igual que el área de Emergencia, que se quedó sin suministro cuando la planta eléctrica también se apagó alrededor de las 9:00 am. “Es posible que mi hijo tenga que ser ingresado una operación. Anoche dormimos en el autobús porque el hospital estuvo sin luz desde las 11:00 de la noche y no nos dan respuesta”, dijo.

Armando Orozco, residente de posgrado de Pediatría, aclaró que protestaban por el derecho a la salud de sus pacientes: “Sin luz se suspenden las quimioterapias, los quirófanos y la terapia intensiva”.

Cerca de las 11:00 am un grupo de estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt se sumó a la protesta, pues en la casa de estudios también estaban sin luz. Tras corear algunas consignas se movilizaron hasta la sede de Corpoelec.

En la mañana hubo un corneteo incesante en el centro de Caracas. Trabajadores y visitantes se quedaron deambulando detrás de las puertas de torres, clínicas y centros comerciales a la espera de que abrieran. Madrugar no ayudó a los que fueron a hacer trámites en el Registro Principal o en los ministerios, porque fueron devueltos a sus casas. El retraso en la línea 1 del Metro dejó varados a muchos y agudizó el caos de tránsito en la avenida Urdaneta. Los semáforos dejaron de funcionar, lo que obligó a la Guardia del Pueblo y la Policía Nacional a trabajar como fiscales de tránsito.