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TSJ suprime garantías para ejercer derecho a la manifestación pacífica

Logo de Provea / Cortesía Internet

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Provea advierte de la consolidación de formas cada vez más autoritarias para ejercer la acción de gobierno

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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suprimió, mediante una sentencia publicada este ayer, las garantías para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, tal como lo consagra la Constitución Nacional y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Para el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), con esta decisión, el máximo Tribunal del país avala la represión por parte de los cuerpos armados del Estado contra los ciudadanos, al señalar que "cualquier concentración, manifestación o reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos constitucionales (...), actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el orden jurídico".

Provea denuncia que, con esta decisión, la Sala Constitucional desconoce el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece: "Toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la ley".

Asimismo, apunta la organización, suprime las garantías consagradas en el artículo 68 de la Carta Magna que reza "Los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley" y el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que establece "Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga".

Asimismo, Provea refiere que la decisión de la Sala es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -suscrito por Venezuela-, que garantiza el derecho a la libertad de reunión pacífica.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia justifica su decisión en el principio de protección al derecho al libre tránsito.

En este sentido, recuerda Provea, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado que las restricciones al derecho a la manifestación no deben comprometer la esencia del derecho, "no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción", ha señalado el Comité. El derecho al libre tránsito no debe estar por encima del derecho a la manifestación pacífica. A ese respecto la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha indicado que "las instituciones competentes del Estado tienen el deber de diseñar planes y procedimientos operativos adecuados para facilitar el ejercicio del derecho de reunión... [incluido] el reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinada zona".

El pasado 24 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas.

Esta resolución hace un exhorto a los Estados a promover un "entorno seguro y propicio" para que los ciudadanos ejerzan plenamente su derecho a la manifestación y reunión pacífica, garantizando que la legislación interna se ajuste a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

También destaca la responsabilidad de los Estados, en el contexto de manifestaciones de "promover y proteger los derechos humanos e impedir que se vulneren esos derechos, y de evitar en particular las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las detenciones y reclusiones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y exhorta a los Estados a que impidan en todo momento que se abuse de los procedimientos penales y civiles o que se amenace con acciones de este tipo".

Venezuela, junto a 8 países más, votó en contra de la aprobación de este documento.

Provea ha advertido de la gravedad de la paulatina adopción de la tesis de seguridad nacional por parte del Ejecutivo y demás órganos del Poder Público. Considera que esta doctrina, cuyo interés fundamental es defender al Estado y no a la ciudadanía, justificó la acción represiva de las dictaduras del Cono Sur y se sustenta en el concepto del "enemigo interno y externo", convirtiéndose eventualmente en una camisa de fuerza para contener los reclamos sociales mediante la restricción y la criminalización de derechos.

"Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna no pueden ser convertidos en delitos por la acción arbitraria de las instituciones del Estado, la protesta es un mecanismo legítimo que tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas para reclamar y conquistar derechos o para defenderse frente a los posibles abusos de poder", expresa Provea en un comunicado de prensa.

Fuente: Nota de prensa de Provea.