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Señalan que sentencia del TSJ coarta derecho a la participación

 Asociación civil denuncia que la Resolución 058 viola el derecho de los padres de participar en la gestión escolar / Leonardo Guzmán- Archivo

Asociación civil denuncia que la Resolución 058 viola el derecho de los padres de participar en la gestión escolar / Leonardo Guzmán- Archivo

Fenasopadres advierte que la medida afianza a los consejos educativos como única forma de asociación

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El pasado jueves, el Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por la Red de Madres, Padres y Representantes contra la Resolución 058, sobre la que consideran que no hubo consulta pública previa a su aprobación el 16 de octubre de 2012. La asociación civil asegura que la resolución viola el derecho de los padres y demás integrantes de la comunidad educativa de participar en la gestión escolar.

De acuerdo con el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, cualquier ente oficial debe realizar un proceso de consulta pública sobre la adopción de normas reglamentarias y remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro apuntó que este mecanismo busca que la resolución sea acorde a los intereses ciudadanos. Recordó que de no darse esta consulta, el instrumento es nulo de nulidad absoluta, como lo establece el artículo 140 de la LOAP.

El Ministerio de Educación alegó haber realizado una “consulta pública continua”, tomando como referencia las discusiones que se hicieron sobre la nueva Ley Orgánica de Educación: primero en 1999 con la Constituyente Educativa; luego entre 2001 y 2008 con debates abiertos; y finalmente entre 2008 y 2012 con jornadas públicas.

La sentencia consideró difícil separar la iniciativa popular que surgió a partir de la Constituyente Educativa de 1999, de la consulta para promulgar la LOE en 2009. “La Resolución N° 058 es el desarrollo reglamentario de las mencionadas disposiciones de la Ley Orgánica en referencia, cuestión que permite asegurar que se cumplió con este paso del procedimiento de consulta pública", dice el documento. 

A juicio de Haro, la consulta fue parcial y selectiva al incluir únicamente la opinión de grupos afines al Gobierno, lo que menoscaba y tergiversa el derecho a la participación ciudadana. “La sentencia les está dando discrecionalidad a los entes públicos para que consulten a quien quieran. Eso puede dar lugar a una discriminación en los procesos de consulta”, advirtió.

La vocera de Fenasopadres, Nancy Hernández, afirmó que son falsas las pruebas sobre la consulta esgrimidas en la audiencia por la ministra Maryann Hanson, puesto que los debates no tenían relación con la 058.

Hernández manifestó su preocupación porque el fallo dé pie a la constitución de los consejos educativos como única forma de participación. Recordó que en octubre, Fenasopadres y la Cámara Venezolana de la Educación Privada denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a la libre asociación.

Lo medular de la sentencia

1.- La Red de Padres y Representantes fundamentó la impugnación de la Resolución 058 en la violación del artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual dispone que cuando los organismos públicos propongan una regulación normativa “deberán iniciar el correspondiente proceso de consulta pública y remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas”. El artículo 140 establece que si no se cumple con la referida remisión del anteproyecto, las normas serán nulas.

2.- Para decidir, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que el proceso de consulta implica tres fases: iniciativa, difusión y discusión del anteproyecto.

3.- En cuanto a la iniciativa, el TSJ argumentó que la implementación de los consejos educativos no corresponde a una propuesta exclusiva del Ministerio de Educación. “Dicho instrumento es el resultado de las exigencias que, a través de muchos años (1999-2012), se vienen realizando desde las bases de la comunidad educativa”, reza la sentencia y subraya la palabra bases.

4.- Respecto de la difusión y la discusión, el máximo tribunal considera suficiente que el 9 de agosto de 2009 se haya publicado el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación en dos diarios de circulación nacional y que en los tres días siguientes la Asamblea Nacional haya recibido “un centenar de correos electrónicos con sugerencias que servirán de insumos enriquecedores de la norma y de las que se deriven de ella”. Es decir, el TSJ determinó que no hacía falta una consulta adicional específicamente sobre la Resolución 058.

5.- En definitiva, el TSJ considera que desde 1999, con la adopción de la idea de Estado docente, se ha desarrollado “una especie de consulta pública continua” y que no hace falta apegarse al rigor del artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para validar la Resolución 058.