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SIP: La prensa venezolana vive su momento más dramático

 A El Nacional se le asignaron 4.763.000 dólares para traer 6.200 toneladas, a un costo de 768,23 dólares | Archivo

Escasez de papel | Archivo

 “Al menos 20 periódicos han reducido sus páginas o ediciones, para estirar la existencia de papel. Varios no podrán subsistir más allá de uno a dos meses más”, dice comunicado

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El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa de la reunión en Barbados, indica que la prensa venezolana vive “su momento más dramático signado por un cuadro de violencia institucional y social sin precedentes”.

Resalta que desde las protestas que comenzaron el 12 de febrero y según el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 105 periodistas fueron detenidos o amenazados, golpeados o heridos

Asimismo, el documento indica que “parte de esa política de Estado intenta el silenciamiento de la prensa nacional y extranjera”.

Tras la decisión del gobierno nacional dejó de suministrarles divisas a la prensa independiente para la compra de papel periódico, el informe indica que se ve “la instalación definitiva de una hegemonía comunicacional de Estado, con fines de propaganda ideológica, y las amenazas del mismo gobierno han impuesto neutralidad o autocensura en algunos medios de comunicación privados. Quienes no aceptan ser silenciados son empujados a la quiebra o el cierre”

Informe completo

Si antes preocupaban los signos evidentes del deterioro democrático (en especial por el retiro por el Estado del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la habilitación para que el Presidente de la República legisle por vía de decreto, sin control público ni debate parlamentario), ahora la prensa y los periodistas independientes viven su momento más dramático, signado por un cuadro de violencia institucional y social sin precedentes.

Tras las protestas que comenzaron el 12 de febrero se registraron 39 muertos por heridas de bala o perdigones disparados a quemarropa; más de 460 heridos – según datos del Ministerio Público – de los cuales, entre muertos y heridos, según el Foro Penal Venezolano, se han identificado 59 víctimas de torturas y 1.919 personas detenidas y la mayoría – casi todos jóvenes – se encuentran sometidos a medias judiciales cautelares por terrorismo, es decir, no gozan de libertad plena.

Según el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, 105 periodistas fueron detenidos o amenazados, golpeados o heridos. A algunos se les decomisaron sus equipos o les borraron sus fotos, sobre todo por parte de funcionarios policiales, militares o por los llamados “colectivos populares”(grupos civiles armados) al servicio del gobierno.

La protesta social ha sido reprimida por milicias populares armadas, creadas para la defensa de la revolución como política de Estado, e integradas como quinto componente de las Fuerzas Armadas desde 2005. Estos grupos fueron los que, desde 2012, causaron destrozos en las sedes de los medios y agredieron a periodistas.

Parte de esa política de Estado intenta el silenciamiento de la prensa nacional y extranjera. El presidente Nicolás Maduro ordenó sacar del aire la señal de NTN24, canal informativo de la televisión Colombiana expulsó a la corresponsal de CNN, Patricia Janiot, además de ordenar el cierre de innumerables portales de Internet y de twitter, por considerarlos lesivos a la revolución.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interpuso una demanda contra los directivos de TalCual, Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Francisco Layrisse y Juan Antonio Golía, y contra el columnista Carlos Genatios, por supuesta difamación, que fue aceptada por la jueza Bárbara Gabriela César Siero, del tribunal 29 de Control de Caracas. La magistrada  dictó medidas cautelares contra los demandados a quienes se prohíbe la salida del país y los obliga presentarse ante el tribunal cada semana.

La querrella tiene su origen en un artículo de Genatios, en el que cita la frase “si no les gusta la inseguridad, váyanse” que habría dicho Cabello durante una conferencia de prensa en octubre de 2012.

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, en juicio que duró 24 horas y de única instancia, removió de sus cargos a dos alcaldes de la oposición electos por el pueblo y ordenó encarcelarlos. Una diputada de la oposición, por expresarse libremente ante la OEA y reclamar atención, encontró en el mismo tribunal una orden de destitución y al regresar a Caracas, sin fórmula de juicio, le fue desconocida su condición de diputada electa, prohibiéndosele su ingreso al Parlamento por orden del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Este año, antes del 12 de febrero, comenzaron las manifestaciones sociales pacíficas, entre las que se destacó la liderada por los trabajadores de la prensa escrita en Barquisimeto, San Cristóbal, y en Caracas, debido a la amenaza contra sus fuentes de trabajo. El gobierno nacional dejó de suministrarles divisas a la prensa independiente para la compra de papel periódico. Cosa opuesta a los medios dependientes del Estado, para los cuales se creó una oficina adscrita a un ministerio que se ocupa de compras masivas de papel, y de revender a quien se considere oportuno. Hoy se encuentran bajo riesgo inmediato diecinueve (19) periódicos nacionales y regionales. Dejaron de circular temporalmente o de forma definitiva los siguientes periódicos: Caribe (Nueva Esparta), La Hora (Nueva Esparta), Versión Final (Zulia), Los Llanos (Barinas), Diario de Sucre (Sucre), Antorcha de El Tigre (Anzoátegui), El Sol de Maturín (Monagas), El Expreso (Bolívar) y El Guayanés (Bolívar). Los periódicos con problemas para circular por falta de papel son: El Oriental (Monagas), La Región (centro occidente), El Regional (Zulia), La Prensa de Monagas (Monagas) y El Correo del Caroní (Bolívar).

Por otro lado, para poder sobrevivir en forma momentánea, un grupo de periódicos ha reducido el número de páginas y ediciones; entre ellos, El Nacional (Toda Venezuela), El Impulso (Lara), El Caribazo (Nueva Esparta), y Los Llanos (Anzoátegui) y La Prensa (Anzoátegui) que dejaron de circular los domingos.

Dos razones abonan al respecto. Una, la instalación definitiva de una hegemonía comunicacional de Estado, con fines de propaganda ideológica, y las amenazas del mismo gobierno han impuesto neutralidad o autocensura en algunos medios de comunicación privados. Quienes no aceptan ser silenciados son empujados a la quiebra o el cierre.

Actualmente los canales de televisión y la radio locales dan poquísima o ninguna cobertura informativa a actividades políticas de la oposición democrática, y acallan situaciones donde se reprime a la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta. Tanto que se han producido renuncias o despidos de periodistas quienes, como en el caso de Globovisión, vieron censuradas sus imágenes en los estados Zulia y Lara, o en el caso del diario Últimas Noticias, cuya propiedad permanece bajo pacto de confidencialidad pero es dirigido por personas del gobierno y cuya jefe de Investigación, Tamoa Calzadilla, renunció al censurársele su trabajo y no aceptar la criminalización sin pruebas de las protestas de la oposición.

 La otra razón que nutre a la protesta social creciente, es el agotamiento de las disponibilidades de divisas, en un país petrolero que dilapidó más de 999.000 millones de dólares en los últimos tres lustros.

Queda en las arcas del Estado, bajo una economía que ha sido progresivamente estatizada por medio de confiscaciones y expropiaciones, poca disponibilidad líquida de reservas. La inflación supera el 56%– una de la más alta del mundo – y la falta de divisas se traduce en escasez o desabastecimiento de alimentos, medicinas y repuestos, en un estimado de más del 40%. El gobierno, al efecto, ha impuesto una tarjeta de racionamiento. Ya en meses anteriores se había ensayado con racionamiento de venta de combustible en los estados fronterizos. El dólar o la divisa oficial estimada en 6,50 bolívares, ha saltado a 55 bolívares.

En cuanto a la prensa escrita, desde agosto del 2013, se han registrado problemas para la adquisición de papel y la negativa del gobierno para autorizar las transferencias para el pago de deudas acordadas con diversos proveedores (en algunos casos retrasos de ocho meses) tiene paralizados los envíos de insumos.

El papel periódico no se produce en el país y desde finales del 2012 dejó de ser un bien prioritario, según el gobierno. Los interesados en comprarlo en el exterior deben tramitar el Certificado de “No Producción” ante el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO); previa aprobación de varias solvencias administrativas con entes del Estado, los cuales se retrasan a discrecionalidad del funcionario de turno, para luego de ese proceso, solicitar al Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), antes CADIVI, o Comisión de Administración de Divisas, el permiso de importación para iniciar el trámite. Este papeleo de permiso previo, puede demorar unas cinco a ocho semanas, y, finalmente, una vez realizada la importación, se procede a recabar todos los documentos de aduana,  derechos fiscales, e inspecciones militares, para  presentarlos ante CENCOEX, para demostrar la realización de la importación, y solicitar el permiso para que el Banco Central de Venezuela autorice transferir el pago al proveedor. En algún momento atrás, este proceso demoraba un promedio de 120 días, actualmente el proceso para solicitar papel puede llevar más de 180 días para unos, y más de un año para otros.

 Al menos 20 periódicos han reducido sus páginas o ediciones, para estirar la existencia de papel. Varios no podrán subsistir más allá de uno a dos meses más.

 Dos hechos solidarios de relevancia definieron también este período: La creación de un portal en Internet, donde por iniciativa de ANDIARIOS, los medios invitados de Venezuela, pueden “colgar” información y fotografías para uso libre de varias decenas de periódicos a nivel latinoamericano, y el ofrecimiento de envío de papel periódico de parte de diarios colombianos a venezolanos.