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Renovación de Playa El Agua levanta debate entre comerciantes

Remodelación en Playa El Agua

Remodelación en Playa El Agua

El proyecto de ordenamiento establece la construcción de un bulevar y el saneamiento de la costa. Pequeños empresarios piden ser incluidos dentro del plan para no perder sus fuentes de trabajo

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Playa El Agua es otra playa. Su apariencia es totalmente distinta a la de hace un año. En algunos sitios quedan escombros de las últimas demoliciones de los negocios que estaban en la ribera, pero en general la vista de la costa ya no tiene obstáculos: es una línea de palmeras, arena y mar.

Para la mayoría de quienes hacían vida en la zona, el saneamiento era una necesidad ineludible. Sin embargo, algunos comerciantes, agrupados en un “comité de víctimas” integrado por 2.500 personas, denunciaron la vulneración de sus derechos durante el desmantelamiento de los antiguos locales y la exclusión del proyecto.

El cambio de Playa El Agua es parte del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona de Interés Turístico Punta Cabo Blanco-Punta Cazonero, del estado Nueva Esparta, que circuló en la Gaceta Oficial número 40422, del 29 de mayo de 2014, y que abarca otras áreas del municipio Antolín del Campo en las que aún no se ha movido la primera piedra. Según el decreto presidencial, la administración quedó a cargo del Ministerio de Turismo.

Los trabajos en la playa más importante de la isla de Margarita estipulan la eliminación de la avenida principal para la construcción de un bulevar con ciclovía, obras de las que se encargará el Estado, y la modernización de comercios, hoteles, restaurantes y demás servicios que se hará con inversión privada.

“El objetivo es crear una potencia turística y nosotros, en Playa El Agua, estamos agarrando lo que nos toca. Somos 11 dueños de terrenos, algunos con más de 25 años en la zona”, expresó Rafael Oliveros, dueño de Miragua, Séptimo Cielo y La Marea, todos locales demolidos. Oliveros es dueño de uno de los terrenos en los que ya se construyen los nuevos complejos de servicios que estarán detrás del bulevar.

El proyecto incluye, además, cinco áreas comerciales con vista al mar. Y Oliveros destaca que lo positivo es que la mayor parte está en manos de inversión privada, que el Estado supervisará a través de una Unidad de Gestión creada para ejecutar el plan. La Unidad administrará un impuesto adicional que paga cada inversionista y que será destinado 100% a Playa El Agua. “No es un megaproyecto difícil de hacer”.


A la deriva. Pese a la planes y a la cogestión entre gobierno y privados, la ejecución del proyecto de renovación de Playa El Agua ha ocasionado afectaciones para los pequeños empresarios y empleados de la zona.

Henry Jaspe, abogado de la ONG Nueva Esparta en Movimiento, está asesorando al comité de víctimas que surgió a partir de las demoliciones y que agrupa a emprendedores, pequeños comerciantes, empanaderas, artesanos, masajistas, vendedores ambulantes, mesoneros y tolderos, que consideran que no fueron incluidos en la discusión y no tienen fecha cierta de retorno a sus actividades.

“Están de acuerdo con el reordenamiento. Pero en un principio se dijo que no se iba a atentar contra el derecho al trabajo, que se iba a hacer por fases y que se incluiría a todos. Eso no ha sucedido”, advirtió Jaspe.

Oliveros relató que algunos dueños de hoteles que están en construcción en este momento se ofrecieron a asumir la fuerza de trabajo que quedara desempleada con las demoliciones. Los pequeños comerciantes se niegan a aceptar una oferta como esa. “No pueden pretender que pasen de ser propietarios de su negocio, por más pequeño que fuera, a ser empleados de otras fuerzas económicas”, apuntó Jaspe.

El representante del comité de víctimas se pregunta por qué los excluidos deben aceptar comprar nuevos locales comerciales a unos pocos empresarios que serán los únicos beneficiados. “Cualquier actividad de demolición debe ser precedida por derecho a la defensa. Había que definir si aplicaba el pago de alguna indemnización, que estas personas no obtuvieron”.

Además, Jaspe denuncia que en muchos casos la destrucción de los locales se hizo de noche, sin previa notificación y sin oportunidad a sacar los enseres. “Eso dio oportunidad a que saqueadores se aprovecharan de los bienes que quedaron allí”.


Ambiente y disfrute. Playa El Agua es lugar de desove de tortugas y la temporada debería estar por comenzar. Esa es otra de las preocupaciones del comité de víctimas: que la compactación de arena por la movilización de maquinarias pueda impedir el proceso biológico.

No obstante, los estatutos de la Unidad de Gestión se señala que este cuerpo está compuesto por representantes de instituciones gubernamentales, entre ellas, el Viceministerio de Ambiente. Esta semana los voluntarios deberían recibir instrucción para ubicar los nidos de protección.

Oliveros dice que se está trabajando en jornadas largas, a veces hasta medianoche, para eliminar los rastros de las demoliciones antes del próximo asueto. “Esta será la Semana Santa de playa Parguito, El Yaque y Guacuco”, reconoce, pero trabajarán para que en agosto haya más servicios disponibles, baños listos y algunos restaurantes abiertos.


¿Quién pone el dinero? El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona de Interés Turístico Punta Cabo Blanco-Punta Cazonero tiene fechas de entrega a corto, mediano y largo plazo en 2018, 2024 y 2034, respectivamente, que incluyen la construcción de dos preescolares, dos casa-cuna-guarderías, siete campos de juegos y un terminal de transporte público.

Lo que no queda claro es de dónde se obtendrán los fondos. El artículo 27 del Plan de Ordenamiento dicta que los recursos deben ser solicitados en la Ley de Presupuesto Anual. En 2014, el Ministerio de Turismo pidió a la Asamblea Nacional la aprobación de 5.970.336 bolívares para el desarrollo de cuatro zonas de interés turístico, lo que se traduce en 1.492.584 bolívares para cada una.

No obstante, el 30 de octubre del año pasado, durante la presentación del proyecto de Playa El Agua, el ministro Andrés Izarra dijo que para el desarrollo de esta zona contaba con una inversión pública y privada de “alrededor de 50 millones de dólares para desarrollar diversas infraestructuras, hoteles”. No especificó cuánto de ese capital sería aportado por el Estado.