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Reforma de la Lopnna debilita atención especializada a adolescentes

La reforma refuerza el propósito reeducativo de las sanciones aplicadas a los jóvenes infractores | Archivo

La reforma refuerza el propósito reeducativo de las sanciones aplicadas a los jóvenes infractores | Archivo

Los consejos comunales de Santa Cruz del Este están dispuestos a supervisar los trabajos comunitarios que se impongan a los menores de edad, como sanciones por delitos menores

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Como todos los martes, los vecinos de la calle La Unión de Santa Cruz del Este se congregan en la entrada del barrio para discutir los principales problemas de 150 familias agrupadas en el consejo comunal Los Guaireños. Organizadas en forma de media luna, las precarias sillas sostienen una gran voluntad: ayudar a los demás. Es 12 de noviembre y se reúnen en un lugar que llaman “El Kilombo”. Todavía después de las 9:00 pm permanecen allí, sin temor a las cinco bandas delictivas que operan en la zona.

“La sede del módulo de Polimiranda lleva cuatro meses sin funcionarios. La Policía de Baruta hace recorridos esporádicamente y la Guardia Nacional aparece cuando se acuerda”, afirma Juan Itriago, vocero de Vivienda y Hábitat.

Itriago cuenta que ha colaborado con la reinserción social de 20 jóvenes que han cometido delitos menores. "Son adultos, pero igual podríamos hacer esta labor social con los adolescentes", indica sin saber que el 22 de octubre la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que les asigna a los consejos comunales la tarea de vigilar a los muchachos que incurran en hechos delictivos, pero no tan graves como para enviarlos a prisión.

“Aquí los ponemos a barrer las calles y a cortar el monte. Las muchachas nos ayudan a limpiar el CDI”, explica el dirigente.
Itriago recuerda que cuando instalaron un tribunal móvil en Las Minas de Baruta, se acercó para ponerse a la orden. "Así nuestro vínculo con el Poder Judicial. El Tribunal 42 de Control de Caracas también nos envió casos. Nosotros quedamos encargados de informar mensualmente a los tribunales sobre el cumplimiento de los trabajos comunitarios que acuerda el juez. Nos pregunta qué se requiere en la comunidad y nosotros le damos varias opciones. Ahora, por ejemplo, necesitamos pintar los brocales", relata.

Considera que no es imprescindible que los consejos comunales reciban recursos ni capacitación especializada para tratar con adolescentes que hayan infringido la ley: “Uno no se puede asustar. A estos muchachos los vimos nacer. Más allá de leguleyerías se trata de un ser humano que cometió un acto incorrecto por falta de amor. Creo que es preferible que alguien que haya robado un celular tenga otra oportunidad en la vida, en vez de ir a una cárcel de donde saldrá peor”.

Entre el barrio y el tribunal. Carlos Trapani, abogado del Centro Comunitario de Aprendizaje, Cecodap, advierte que la incorporación de los consejos comunales al sistema penal de responsabilidad de adolescentes puede desdibujar el carácter especializado de los mecanismos establecidos en la Lopnna.

La reforma refuerza el propósito reeducativo de las sanciones aplicadas a los jóvenes infractores y, en ese sentido, el artículo 633 establece el deber de elaborar un plan de formación integral para cada adolescente.

“Este plan se elaborará como resultado del abordaje biopsicosocial que el equipo multidisciplinario o persona capacitada en la materia le realice al o a la adolescente”, reza la norma. Se precisa que “los consejos comunales y otras organizaciones contribuirán con su opinión sobre el desenvolvimiento del o la adolescente en su entorno familiar y comunitario”.

El artículo 633 establece las comunidades organizadas deben participar en la remisión de “informes evolutivos” al tribunal de la causa cada tres meses, durante el tiempo de ejecución de la medida.

“Al juez de ejecución es al que le corresponde velar por el cumplimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad. Es una función de tutoría muy delicada que no se puede delegar a cualquiera, y en la reforma no está clara la articulación entre los consejos comunales y los jueces”, considera Trapani.

El literal d del artículo 527-A, incorporado a la Lopnna, establece como atribución de los consejos comunales “participar en la ejecución y control de los programas socio-educativos existentes que sean aplicados durante el cumplimiento de las sanciones referidas al servicio comunitario a través del comité de protección social de niños, niñas y adolescentes”.

Solo en los consejos comunales más consolidados existen los comités de protección social de niños, niñas y adolescentes, lo cual pudiera constituir un obstáculo para la reforma planteada. Desde Santa Cruz del Este, Itriago confirma el riesgo, pero reivindica el voluntarismo: “No tenemos ese comité, pero si la ley lo establece lo crearemos”.

Alcaldías desplazadas
En Corralito, sector rural de El Hatillo, los integrantes del recién creado consejo comunal Las Trinitarias no quieren saben nada de la reforma de la Lopnna. La vialidad es la prioridad y no tienen el menor interés en ocuparse de jóvenes infractores.

“Es una vagabundería. El Estado tiene que asumir su papel. Hay familias que no están capacitadas ni para cuidar a sus hijos. ¿Cómo cuidarán los de otros? Aquí los jóvenes lo que necesitan es trabajo”, opina Mariluz Gutiérrez.

Aunque, en general, está de acuerdo con la reforma de la Lopnna, la diputada Dinorah Figuera dice que tiene dudas sobre la incorporación de los consejos comunales al sistema penal de responsabilidad de adolescentes.

“No queda clara la integración de las llamadas organizaciones del Poder Popular con los consejos municipales de derechos, que son las instancias de protección más próximas a las comunidades. Podríamos estar en presencia de la sustitución de los consejos municipales de derechos por los consejos comunales, conforme al empeño de desplazar las alcaldías”, advierte.