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Rechazan limitaciones a la prensa en Venezuela

Sociedad Interamericana de Prensa | Cortesía

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La violencia contra periodistas y las leyes que limitan la libertad de expresión guían el debate

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Desde el viernes se instaló en Sao Paulo la 68° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que reúne a los más influyentes periódicos de la región. Como es costumbre, la Comisión de Libertad de Expresión evaluará, país por país, la situación que enfrentan en este ámbito y las amenazas a las que están expuestos los periodistas. En cuanto a Venezuela, las autoridades mostraron las leyes que limitan la libertad de expresarse.

El director ejecutivo de la SIP, Julio Muñoz, explicó al diario La Nación de Argentina cuáles son las dos preocupaciones centrales de la asamblea: “La violencia contra los periodistas y todos los problemas relacionados con las leyes de prensa, que en muchos países son manipuladas por los Gobiernos para atacar o eliminar a la prensa libre e independiente”.

Las autoridades de la SIP consideran que, después de Cuba, uno de los países con más leyes que limitan la libertad de expresión es Venezuela, seguido por Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina, que cuentan con Gobiernos aliados del presidente Hugo Chávez.
“Lo más perverso es que son Gobiernos elegidos democráticamente, con una irreprochable legitimidad de origen, pero una manifiesta ilegitimidad de ejercicio, porque no sólo restringen la libertad de informar y de expresión de los ciudadanos, sino que también se ríen de la separación de poderes y de las garantías individuales. Hay aprietes a los periodistas, una distribución absolutamente arbitraria de la publicidad oficial. ¿Eso es una democracia?”, se preguntó Claudio Paolillo, presidente del Instituto de Prensa de la SIP.

La mayor violencia contra periodistas se concentra en México, debido al combate que enfrenta al presidente Felipe Calderón con el narcotráfico, y que se ha expandido por América Central, además de tener focos en Colombia y en Perú. En Brasil también aumentaron los asesinatos de periodistas, vinculados con investigaciones sobre corrupción en el interior.

“Cuando se mata a un periodista, se mata también la posibilidad que tenía el público de informarse”, apuntó. Luego del análisis de los informes nacionales, la SIP aprueba un documento final y hace sus reclamos a los Gobiernos involucrados, envía misiones o emite comunicados de condena a los países que impiden el libre flujo de noticias.

La organización analizará la relación de estos países con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “La SIP sigue con mucho cuidado el tema del sistema interamericano, donde algunos gobiernos pretenden reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de eliminar otro baluarte para denunciar los atropellos contra la prensa”, señaló Muñoz.

En la primera jornada de la asamblea fueron abordados otros desafíos, como la libertad de prensa y el derecho a la privacidad. Ellyn Angelotti, del Instituto Poynter, de Florida, llamó a valorar el interés público de una noticia y su contribución a la ciudadanía por encima de las demandas de la audiencia, que –aseguró– pueden llevar al sensacionalismo.