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Denuncian que creación del Arco Minero del Orinoco no cumple con la Constitución

Provea / foto. archivo

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Provea expuso que mediante la normativa, el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional

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La ONG de Derechos Humanos Provea, a través de un comunicado, expusó que el decreto mediante el cual se crea la  “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, no cumple los requisitos establecidos en la carta magna y viola diferentes garantías constitucionales.

Exponen que mediante la normativa,  el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional.

Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de Bauxita, Coltan, Diamantes, Oro, Hierro, Cobre, Caolín y Dolomita en toda la margen sur del río Orinoco.

La ONG  añade que la decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas.

El decreto del AMO, en su artículo 21, establece la otorgación de “exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente a las actividades conexas a la actividad minera”. Provea considera que es una medida discriminatoria y que contribuye a la pérdida de poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora.

La organización considera que ante los graves hechos ocurridos en la población de Tumeremo, estado Bolívar, el presidente Maduro anunció la “creación de una Zona Militar Especial para proteger a los municipios mineros de ataques violentos”. Según el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Expusó que el Defensor del Pueblo tiene la obligación constitucional de ejercer acciones legales ante la evidente inconstitucionalidad del decreto del AMO. 

Para leer el comunicado completo haz click aquí