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Profesores de Derecho critican uso de armas letales en manifestaciones

Durante las manifestaciones de 2014 se denunciaron asesinatos y lesiones | Foto: EFE/Archivo

El gremio de profesores de derecho criticó la resolución aprobada por el gobierno | Foto: EFE/Archivo

Educadores de las universidades venezolanas emitieron un comunicado donde muestras su rechazo a la resolución 008610 aprobada por el ministerio para la Defensa

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Profesores de Derecho de las universidades del país emitieron un comunicado en el que critican el uso de armas letales, aprobado por el ministerio para la Defensa, la dispersar manifestaciones.

“La resolución extiende ilegalmente a todas las fuerzas armadas funciones de mantenimiento de orden interno del país, cuando solo la Guardia Nacional tiene esa competencia”, declaró el escrito.

Lea el comunicado:

Quienes suscriben, profesores de derecho de universidades venezolanas, observamos con preocupación la violación reiterada del derecho a la manifestación pacífica, y consecuentemente contra el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Esto se ha tratado de legitimar con la reciente resolución 008610 del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, en la que se dictan las normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones.

La resolución extiende ilegalmente a todas las fuerzas armadas funciones de mantenimiento de orden interno del país, cuando solo la Guardia Nacional tiene esa competencia, conforme a lo establecido en el artículo 329 de la Constitución.

El artículo 15, numeral 9, de la resolución es simplemente inconstitucional, al establecer que “no portarán ni usarán armas de fuego en el control de las reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso”. Este artículo es obviamente inconstitucional porque el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. Nótese que la Constitución no hace salvedad alguna.

La resolución comentada es parte del clima crecientemente represivo que vivimos en el país. El 12 de febrero de 2014 se cumplían 200 años de la batalla de La Victoria, y se celebraba el día le juventud, por lo que jóvenes venezolanos salieron a las calles de distintas ciudades del país, a exigir la libertad de estudiantes previamente detenidos de forma arbitraria en el estado Táchira, así como a exigir seguridad y soluciones a los problemas económicos. Ese día se produjeron más de 40 detenciones, solo en Caracas, y fue el inicio de más de 3000 detenciones ocurridas durante el 2014, en el marco de manifestaciones, en su mayoría espontaneas. Ante esa escenario, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo del Justicia, en sentencia del 21 de abril de 2014, estableció el requisito de autorización de la autoridad competente para que los ciudadanos puedan manifestar; contrariando el artículo 68 de la Constitución que garantiza el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, tal y como se indicó anteriormente. La interpretación dada por la Sala Constitucional, implica avalar que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público, actúen dispersando las concentraciones “no autorizadas”. La autorización del uso de armas letales para controlar a manifestantes es un paso más en la espiral represiva que estamos viviendo.

Por último, cabe recordar que en el control de las manifestaciones han intervenido grupos armados llamados colectivos en abierta colaboración con fuerzas policiales y militares, actuando con total impunidad. Todas estas acciones del gobierno y de los demás organismos del estado venezolano son claramente contrarias a las reglas fundamentales establecidas en la Constitución, así como a los principios reconocidos del estado de derecho y de los derechos humanos.

Es público y notorio que vivimos una crisis económica generada por las políticas oficiales, que los alimentos y medicinas escasean, que la población se ve obligada a hacer largas colas para proveerse de bienes esenciales, y que se vive en el marco de una inseguridad descontrolada y una impunidad evidente. Claramente, el gobierno venezolano se prepara a hacer frente a tal crisis con una escalada represiva, atemorizando a los ciudadanos, limitando sus libertades y evitando que ejerzan sus derechos fundamentales.