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Pescadores artesanales denuncian que perdieron su sustento 

Imagen referencial. Pescadores de la zona de Cabo San Román | Foto: Alex Delgado

Se hicieron acuerdos con Pdvsa-Gas para indemnizar a pescadores y dueños de embarcaciones En el sector Río Seco hay 781 afectados | Foto: Alex Delgado

En Río Seco y otros poblados los trabajadores del mar se ven afectados por un proyecto que desarrolla la industria en la entidad 

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Más de 1.300 pescadores artesanales de Falcón llevan 10 meses esperando por la indemnización de Pdvsa-Gas luego de comprobarse los daños ambientales y marinos causados al golfete de Coro con la construcción de la tubería de gas que conectará a la refinería Cardón con la estación de bombeo en Ulé, en el estado Zulia.

Orlando Colina, representante legal de los pescadores y afectado de la localidad de Río Seco, dijo que desde la puesta en funcionamiento de este proyecto se notó la merma en las especies de camarones y pescados en las aguas occidentales y norte de la región donde se adelantaban los trabajos. Recordó que estas especias representaban la fuente de ingreso, subsistencia y garantía de soberanía alimentaria de los pescadores artesanales.

Debido a la ausencia de productos del mar, los trabajadores del mar se han visto en la necesidad de emigrar a otros sitios occidentales como Zazárida, Matica de Yabo, Carajacuma y Cauca para poder pescar, aseguró Colina. Río Seco cuenta con 257 embarcaciones y 781 pescadores, seguido por Punta Cardón con algo más de 300 trabajadores.

Pero no solamente los pescadores de Río Seco son afectados, también los de las comunidades de Punta Cardón, Tacuato, Tiguadare, El Cayude, Médano Blanco, El Muro de Mitare padecen los problemas ambientales causados por la obra.

Colina agregó que ante esta situación un grupo de afectados le solicitó a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, a través de los laboratorios de Agro y Mar, que emprendiera una investigación que certificó el severo daño ambiental que causaba la obra.

Esta evaluación originó que se formaran mesas de trabajo en las que se acordó, entre otros aspectos, la indemnización de los trabajadores del mar, dijo Ignacio Gómez, afectado y luchador social de la zona. Explicó que a él le deben 50.000 bolívares por ser dueño de la embarcación Linda Mar I.

 Acciones de protesta. Wilmer Quintero, otro de los pescadores, dijo: “Se han burlado de nosotros ya que nos han dado tres fechas de pago y todas las han irrespetado”.

Tres grandes acciones de protestas se han realizado por parte de los afectados. La primera fue el 30 de diciembre de 2012; en esa oportunidad se logró la primera paralización de los trabajos y se forzó la creación de las mesas de diálogo con los involucrados oficiales del proyecto y representantes de las siete comunidades afectadas.

Posteriormente el 19 y 20 de agosto de 2013 se firmó el acta que refleja el pago de 30.000 bolívares por pescador y 50.000 por dueño de embarcaciones y la fecha de cancelación se fijó para el 30 de octubre; cuando llegó ese no hubo tal desembolso por parte de Pdvsa y solicitaron otro plazo: 30 de noviembre de 2013.

Los voceros no descartan acciones de calle una vez más ante lo que consideran una burla para el pueblo trabajador, de parte de los representantes de Pdvsa-Gas.

Sin aporte social. Antes de terminar la obra, Pdvsa-Gas debe invertir aproximadamente 6 millones de bolívares por concepto de aporte social, con lo que se pretende construir 100 viviendas y solamente han comenzado 30 casas en las poblaciones de Ocorote y Río Seco. En Colombia y Venezuela ofrecieron, además, una ambulancia para el centro de salud de la comunidad y tampoco llegó; igualmente ocurrió con el transporte escolar para el liceo Esteban González cuya matrícula se ha incrementado.

Henderson Colina, representante de la red manglar de Venezuela y miembro de la Asociación para la Conservación Ambiental de Falcón, hizo un llamado de alerta para que se revisen de forma crítica y sincera los convenios de cooperación que se han venido impulsando desde el Estado para permitir la instauración de megaproyectos industriales, el reimpulso de la minería, los emprendimientos acuícolas y petroleros que, a su juicio, desplazan a las comunidades ancestrales y desencadenan serios impactos ambientales y sociales.

Colina se refirió al caso de Amuay: “Allá se ve la resistencia de los pescadores artesanales a no perder su derecho a la pesca, la recolección de la concha y su permanencia en el territorio, actividades que forman parte de su soberanía alimentaria”.

Esas actividades están afectadas seriamente por la labor del Complejo Refinador Paraguaná.

Proyecto Sufaz

El objetivo del proyecto Suministro Falcón-Zulia es el de disminuir el cabotaje entre el Complejo Refinador Paraguaná y la Refinería Bajo Grande, lo que origina la liberación de tanques de almacenamiento y del muelle 1 en Bajo Grande, que permiten incrementar la exportación de crudo y la disponibilidad de buques para exportación. Se tiene programado el diseño, procura de materiales y la construcción de un poliducto de 222 km de longitud entre el Complejo Refinador, la planta de mezcla y envasado, ubicada en Cardón, y la estación de bombeo en Ulé, donde interconectará con el poliducto Sumandes.

Esto también comprende la construcción de las obras del tramo Tiguadare- Complejo Refinador Paraguaná y la instalación de la plataforma de telecomunicaciones. El poliducto Sumandes, a su vez, tiene la finalidad de aumentar la capacidad de transporte de productos blancos, (gasolina, diesel y kerosene) y cubrir la demanda pronosticada de 213 MBD para el año 2027 en el estado Zulia, región andina, parte del estado Barinas y algunas poblaciones fronterizas con Colombia.