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Personas con discapacidad solicitan reforma de su ley

Persona con discapacidad | William Dumont

Persona con discapacidad | William Dumont

La falta de un reglamento dificulta la ejecución de la legislación y la materialización de los beneficios

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La Ley para las Personas con Discapacidad no ha cumplido seis años desde que fue promulgada en enero de 2007, pero así como los derechos son progresivos y la sociedad es cambiante, un grupo de beneficiarios encabezados por la Escuela de Vecinos de Venezuela promueven la reforma de la norma.
La meta es que la discusión se incorpore a la agenda legislativa de 2013; por eso aprovecharán que hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y acudirán esta semana al Parlamento a entregar un documento de trabajo en el que sintetizan los principales cambios que proponen concretar en la legislación.
Si bien están de acuerdo con que el esqueleto de la ley, con sus títulos y capítulos, permanezca invariable, José Gregorio Delgado, coordinador general de la Escuela de Vecinos y con discapacidad, sugiere que el número de artículos podría aumentar. “Queremos incorporar el derecho al desarrollo, a la ciudad y a la participación integral. También proponemos que cambie el nombre de la ley para añadir a las personas con necesidades especiales y a las familias, que asuma un carácter orgánico y que así como hay sanciones para quienes incumplan la ley, se generen incentivos para los que cumplen las disposiciones”, dijo.

Beneficios incumplidos. La ley fija derechos y garantías en materia de educación, cultura, deporte, trabajo, accesibilidad, vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros aspectos, pero la ejecución deja mucho que desear, a juicio de quienes viven con una discapacidad. Para Delgado, las condiciones para la aplicación general de la norma ni siquiera están dadas, porque no hay suficiente difusión, no se ha aprobado el reglamento y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad ha sido incapaz de articular acciones en el ámbito municipal, estadal y nacional que permitan la creación y aplicación de políticas públicas para beneficiar a ese sector de la población que, según los resultados preliminares del Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, llega a 1.715.161 habitantes.
Para dar mayor libertad de acción al Consejo proponen que deje de estar adscrito al Ministerio de las Comunas y pase a la Vicepresidencia de la República. De ese modo, opinan, se garantizará la toma de decisiones integradas y coordinadas.
Las normas Covenin indican las señalizaciones para accesos, pasillos, aceras, escaleras, rampas, pavimentos, puertas y pasos peatonales para reducir las barreras de movilidad al mínimo; sin embargo, su ejecución ha sido escasa en la mayoría de los municipios.
Un ejemplo puntual de adecuación de un área pública es el bulevar de Sabana Grande. Cuando se remozó, adecuaron las baldosas para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad visual, pero no todos las utilizan o tienen la formación para hacerlo. Juan Carlos Ortega, locutor con discapacidad visual, asegura que andar en Caracas es un acto de osadía: “Si bien en el bulevar se hizo un esfuerzo, no es todo. Con la adaptación, los carros quedaron al mismo nivel del paso peatonal y eso entorpece nuestro desplazamiento porque se dificulta la orientación”.
Ortega coincide en la necesidad de reformar la ley. Opina que hay que ampliarla para asegurar un buen sistema de seguridad social, salud y pensiones: “No basta con que se nos otorgue carnet o que nos exoneren 50% del pasaje. Hay que profundizar los cambios porque si bien hay avances en Caracas, el área metropolitana no es toda Venezuela”.  

Porcentajes incumplidos
La Ley para Personas con Discapacidad indica que deben existir unidades municipales de atención para ese sector de la población. Según la página web del Conapdis, sólo se han constituido 37 de esas unidades –cuando debería haber 335, una por cada municipio-, y en estados como Amazonas, Delta Amacuro, Monagas y Trujillo ni siquiera se han creado.
Otra disposición es que 5% de los empleados de las instituciones públicas y privadas deben ser personas con discapacidad. José Gregorio Delgado asegura que ese número en la práctica no llega a 0,05%.
María Josefina Alcalá tiene discapacidad motora. Es socióloga y trabaja en el Cabildo Metropolitano, en La Hoyada: “Quienes te ven piensan que no estás capacitado porque no llevas el título de profesional en la frente. En el papel se dice que tenemos prioridad, pero no hay quien lo haga cumplir”. Les preocupa que en ocasiones se contrate a personas sólo por llenar el cupo y no se considere sus habilidades.
A juicio de Juan Kujawa, experto en políticas públicas para discapacidad, no es necesario reformar la ley, sino crear el reglamento que garantice su ejecución: “Las modificaciones podrían hacerse a través de resoluciones”.

El Dato
Hoy, a partir de las 8:30 am, se realizará el foro Caracas para Todos. Por una Accesibilidad Universal, en el auditorio de la Casa del Profesor de la UCV

Testimonio
Franklin Ibarra
Economista con visión reducida
“Cuando el bulevar de Sabana Grande estaba por inaugurarse, envié una carta a Pdvsa La Estancia para solicitar que los mojones con forma de trapecio que delimitan el paso de los vehículos fuesen revisados. Para alguien con falta de agudeza visual, esas formas se hacen invisibles en las noches y nos exponemos a accidentes. Creo que en la ley habría que incorporar que la certificación la realice una persona competente, según el tipo de discapacidad. Actualmente todo queda en manos de fisiatras”