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Personas que viven con VIH afectadas por omisión legal

El proyecto de ley contó con el apoyo de Onusida | Foto EFE / Archivo

ONG piden publicación con motivo del Día Mundial del Sida | Foto EFE / Archivo

Pese a que la ley de protección a los seropositivos y sus familiares se aprobó el 14 de agosto pasado, el Ejecutivo aún no la ha promulgado 

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Una de las pocas leyes aprobadas por unanimidad por los diputados opositores y oficialistas en Venezuela aún no ha entrado en vigencia por la falta de una firma. La norma garantizaría la protección igualitaria para las personas con el virus de inmunodeficiencia humana y castigaría la discriminación por esa causa.

El 14 de agosto pasado comenzaron a correr los lapsos establecidos en la Constitución para la entrada en vigencia de la ley o para su revisión. Sin embargo, el mandato constitucional que estipula que los textos aprobados tienen que recibir el visto bueno del Poder Ejecutivo o, en su defecto, deben ser devueltos a la Asamblea Nacional para una nueva revisión y/o modificación no se ha cumplido. También se venció el plazo fijado en la Constitución para que, en ausencia de una actuación presidencial, sea el Parlamento el que promulgue la ley. Dos poderes públicos, el Ejecutivo y el Legislativo, faltaron a su deber. Organizaciones que se dedican a trabajar con personas con el virus piden que el día mundial contra el sida sea aprovechado para promulgarla.

Estevan Colina, secretario general de la ONG Red Venezolana de Gente Positiva, señaló que aunque el texto normativo fue elaborado por consenso con varias organizaciones de trabajo en VIH, promovido por la Defensoría del Pueblo y apoyado de modo unánime por los diputados, no ha visto la luz porque revela que el propio gobierno discriminó a las personas con VIH.

“Con esta ley el gobierno está reconociendo tácitamente que el Estado discrimina a las personas con VIH, especialmente los funcionarios públicos. El Estado ha sido débil en esa materia. Por eso la han retrasado”, aseguró.

Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH con sede en Nueva Esparta, relaciona el retraso en la promulgación con la voluntad política. A su juicio, el gobierno que impulsó la ley ve comprometida su actuación en la atención a la epidemia que afecta a 11.000 personas cada año, según cifras de Onusida correspondientes a 2013.

“El tema de la ley surgió en el medio de un desabastecimiento grave, la aprobaron y la usaron como una cortina de humo para tapar las fallas. Hay falta de voluntad política. Exhortamos al presidente Maduro a que la revise. La ley es un instrumento que valida acciones para exigir derechos”, expresó.

Estado discriminador. Antes de la elaboración de la ley ya existían resoluciones ministeriales que conminaban al respeto de los derechos de las personas infectadas. Sin embargo, en la práctica casi todas las normas eran letra muerta.

La resolución SG 439 de 1994, emitida por el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, prohibió a las empresas la realización de pruebas para la detección del VIH con fines discriminatorios. Solo quedaban excluidas las evaluaciones preoperatorias, la donación de sangre u órganos y los estudios epidemiológicos o el control prenatal. Otra norma, elaborada en 2007, fue dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral y también prohibió las pruebas pre-empleo para detectar el VIH: el Dictamen sobre el Uso de la Prueba en el Campo Laboral.

Mauricio Gutiérrez, secretario general de UNT diverso, brazo del partido Un Nuevo Tiempo, aseguró que numerosas empresas públicas y privadas son transgresoras de la normativa y no han recibido las sanciones correspondientes. Confía en que con la ley esa práctica disminuiría, ya que garantiza inamovilidad laboral permanente a la persona con VIH/sida en su artículo 25.

“Toda la banca pública, el Metro de Caracas, Pdvsa y el Ministerio de Alimentación incluyen entre sus requisitos de preingreso el test que detecta el virus”, denunció.

En 2013 la ONG Acción Ciudadana Contra el Sida acopió por lo menos 30 denuncias de personas despedidas de sus trabajos por ser seropositivas. Las demandas fueron entregadas a la Defensoría del Pueblo, pero aún no han recibido respuesta. Adicionalmente, cuentan con otras denuncias que señalan a empresas estatales y aseguradoras privadas por hechos discriminatorios.

La ley no es la panacea
Una ley no es suficiente. Hace falta educación y conciencia. La Asociación Venezolana para la Educación Sexual, Acción Ciudadana contra el Sida y Aliadas en Cadena  llevan a cabo la campaña “No te excluyas de la inclusión” que, aunque impulsa la firma de la ley y la divulga, está basada en la sensibilización de las personas hacia otras que tienen el VIH.

Magdymar León, coordinadora ejecutiva de Avesa, señaló que con la divulgación de 40 retratos y testimonios le ponen rostro a una epidemia que no es ajena a ninguna persona.

“Los prejuicios y tabúes hacen que la epidemia continúe. La gente piensa: eso no me va pasar a mí. Este es un llamado a la ciudadanía a la reflexión y que apunten a construir una sociedad de respeto e inclusión”, dijo.

León recalcó que las formas más recurrentes de discriminación en el país están vinculadas con las áreas de salud y laboral: “En muchos casos se les atiende de últimas, hay esterilizaciones forzadas. Hay despidos injustificados y pruebas de Elisa sin consentimiento”.