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Persiste la deuda del Estado con indígenas

En Caracas y otras ciudades algunos indígenas han pasado a formar parte de la indigencia y economía informal | Foto Omar Véliz

En Caracas y otras ciudades algunos indígenas han pasado a formar parte de la indigencia y economía informal | Foto Omar Véliz

La delimitación de sus tierras, estudios de impacto ambiental y una ley de consulta previa son algunas de las necesidades expuestas

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La legislación venezolana vigente establece la protección a las poblaciones originarias en Venezuela, sin embargo, activistas y defensores de estas comunidades aseguran que aún existe una gran deuda para garantizarles una buena calidad de vida. Afirman que, diariamente, se registran violaciones de sus derechos humanos y no hay respuesta oficial efectiva ante las denuncias.

Ha pasado un año y tres meses desde que la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira envió su primer informe a las autoridades gubernamentales denunciando hechos graves que afectan a la comunidad del municipio fronterizo de la Guajira, estado Zulia: asesinatos, torturas, secuestros, desapariciones y detenciones arbitrarias de indígenas a manos de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

José Marín Silva, coordinador de Defensa y Asistencia Legal del Comité, precisó las cifras que manejan: 18 fallecidos y 19 torturados. Afirma que esos delitos, en su mayoría, se intensificaron con la instalación en el año 2003 del Distrito Militar Nº1, al norte de la entidad, que tenía el propósito de preservar el territorio, resguardar la soberanía, garantizar la seguridad y proteger a la población, especialmente a la originaria.

La situación ha sido detallada en distintos documentos que han hecho llegar a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, entre otros. “Se está violando el derecho a la vida que establece el artículo 43 de la Constitución de la República”, dijo.

Hasta la fecha no han obtenido respuestas satisfactorias sobre estas denuncias. Indicó que los pueblos wayúu y anú se encuentran entre los más vulnerables y hostigados por los uniformados. Agregó que en su mayoría los actos de tortura se han registrado en el cuartel Yaurepara, municipio Guajira, sede Manuel Piar. Agregó que de 30 casos que han presentado a las autoridades, solo uno ha sido esclarecido.

El abogado señaló que a las comunidades indígenas también se les ha violado el derecho a la alimentación, sin contar que cuando se trasladan en el territorio con sus compras se les estigmatiza y se les califica de bachaqueros. “Los militares no pueden asumir cosas y quitarles aquello que han conseguido con su trabajo. Exigimos respeto a su dignidad”, indicó.

Silva explicó que el comité es autónomo y tiene más de 15 años de creado. “Muchos de nosotros somos militantes bolivarianos, pero no nos van a poner un bozal de arepa, estamos resteados con la protección de los derechos humanos y hemos tomado fuerza porque las denuncias son concretas”, indicó.

Delimitación y consultas. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, señaló que uno de los principales problemas de las poblaciones indígenas en el país se relacionan con la demarcación y titulación de sus territorios. Explica que pese a que se creó un marco legal para tratar el asunto, las organizaciones indígenas señalan que se ha avanzado máximo en 14%.

Otro conflicto con el que tienen que convivir estas comunidades son los grupos armados irregulares que se movilizan por los territorios donde hacen vida. “El proceso de paz en Colombia ha generado que los que no se quieren pacificar crucen la frontera, la delimitación ayudaría a diferenciar estos grupos y que no se criminalice a los indígenas. Agregó que estas son propuestas que ha discutido el Movimiento Indígena de América Latina y ya existen países vecinos con buenos ejemplos de progreso, como Perú.

“Creo que la Asamblea Nacional debería interpelar a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, y preguntarle qué ha ocurrido, por qué no se han entregado las tierras”, señala Uzcátegui. Agrega que una segunda problemática tiene que ver con el derecho a la consulta previa en caso de que vayan a realizar proyectos importantes, concesiones mineras o energéticas, la instalación de distritos militares en sus tierras. Afirma que en los recientes exámenes que hizo Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la recomendación fue que se aprobara un marco normativo específico sobre el derecho a la consulta previa, una ley. Desde 1999 no se ha realizado ningún proceso. En tercer lugar se refirió a estudios de impacto ambiental cuando se hacen intervenciones mineras y petroleras en sus territorios. “Si se han hecho, no se han mostrado al público”.

Migración por carencias. En una transitada calle de Candelaria, en Caracas, una mujer indígena y sus dos hijos están sentados en el suelo. La madre, amamanta al más pequeño, mientras la niña –de unos 6 o 7 años– se protege del sol con un cartón. Están vendiendo unas carteras tejidas a 1.500 bolívares. La gente pasa, y admira la artesanía, pero en lugar de comprar les dan limosna.

El coordinador de Provea consideró que la migración hacia las ciudades podría revertirse si el Estado se ocupara de establecer los servicios básicos en estas comunidades y garantizar seguridad.

EL DATO
Para el año 2011 en Venezuela, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, existían en el territorio 724.592 indígenas, principalmente en los estados Zulia, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Anzoátegui. El Ministerio para los Pueblos Indígenas indica que el marco jurídico que los protege incluye: la Constitución, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, y la Ley de Artesanos y Artesanas para los Pueblos Indígenas