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Oficialismo frena elecciones rectorales en la USB

El proceso quedó suspendido hasta que el reglamento electoral incorpore la participación de empleados, obreros, estudiantes, profesores y egresados | Foto Henry Delgado / Archivo

El proceso quedó suspendido hasta que el reglamento electoral incorpore la participación de empleados, obreros, estudiantes, profesores y egresados | Foto Henry Delgado / Archivo

Estudiantes y profesores señalaron que el TSJ suspende comicios, pese a incorporarse la participación política de los trabajadores

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Esta semana comenzó la campaña electoral para las elecciones estudiantiles en la Universidad Simón Bolívar que se efectuarán el 13 de noviembre.

A la par también se inició la discusión sobre la renovación de autoridades rectorales, con períodos vencidos desde 2013. Luego de una impugnación de los comicios de ese año por parte de trabajadores de la USB, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el proceso hasta tanto el reglamento electoral de la casa de estudios incorpore la participación política de empleados, obreros, estudiantes, profesores y egresados en igualdad de condiciones, tal como establece el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación.

Aunque el relevo de las autoridades de la USB forma parte de las exigencias del sector estudiantil, lo ocurrido recientemente en la Universidad Nacional Experimental del Táchira y en la Universidad Nacional Abierta –donde se paralizaron los comicios, pese a haberse incorporado la participación electoral de todos los gremios– ha despertado incertidumbre sobre el destino de la autonomía universitaria a través del voto.

Adonai Hernández, candidato a la Federación de Centros de Estudiantes, cree que la USB debe organizarse para afrontar posibles comicios rectorales bajo una legalidad incierta. “Al gobierno no le importa la manera en la que se realicen las elecciones. Cuando ve que los candidatos oficialistas no llevan ventaja, suspende las elecciones. No debemos arriesgarnos a colocar a la universidad en la misma situación que la UNET y la UNA”, dijo.

Jesús Valerio, postulante a la FCE, considera importante relegitimar a las autoridades para evitar la intervención gubernamental de la universidad.

“Somos en esencia una institución académica. Sin embargo, entendemos el reclamo de obreros y empleados que exigen participar. Es un debate que hay que dar. Los estudiantes queremos llegar a un consenso con toda la comunidad universitaria”.

En el sector profesoral varían las posiciones sobre quiénes pueden participar. Juan Bermúdez, profesor titular y miembro de la Fundación de Investigación y Desarrollo de la USB, dice que es momento de abrir la discusión en la academia para crear un reglamento ajustado a la LOE. “Hay que buscar los puntos de armonía con el gobierno sin dejar de ser críticos. La universidad enfrenta un proceso de parálisis; no hay sentido de pertenencia porque ya nadie está opinando”.

Norberto Labrador, presidente de la Asociación de Profesores, señala que alegar el derecho político a obreros y empleados es demagogia. “Nosotros tenemos derecho a elegir a nuestras autoridades porque somos académicos. La universidad no es una institución democrática, sino académica-meritocrática. El juego está trancado: las autoridades no van a modificar el reglamento electoral acorde con la LOE porque tienen un amparo contra esa ley. El TSJ tampoco se pronuncia. Están jugando a que los rectores se cansen o renuncien”.

Graffitis con frases “Elecciones rectorales ya” en los edificios y autobuses de la USB expresan el clamor de los trabajadores. Euclides Azócar, vocero de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos y Técnicos de la USB, exige ese derecho en consonancia con la Constitución y la LOE. Aseguró que las elecciones no se han dado porque el consejo directivo no desea ampliar la participación. “El reglamento actual es anacrónico y antidemocrático”.

El rector Enrique Planchart señaló que la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios solicitará una audiencia a la Sala Constitucional del TSJ para exigir que explique por qué están impidiendo las elecciones en todas las universidades. “Nuestra posición es clara: la Ley Orgánica de Educación no tuvo ninguna discusión, es inconstitucional de origen. Sea el reglamento que sea, el gobierno se siente en desventaja y paraliza el proceso. Esto es una cuestión política, no legal”.

Analizan matrícula en las privadas
Para ayer a las 5:00 pm fue convocada una reunión de trabajo en el Ministerio de Planificación, entre los rectores de las universidades privadas del país; el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez; y el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, con el fin de analizar el incremento del monto de las matrículas en estas casas de estudio.

En un acto de graduación de estudiantes de misiones el martes pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó a Fernández y a Menéndez revisar las matrículas en universidades privadas y obligarles “de acuerdo con la ley a cobrar lo necesario para garantizar el derecho al estudio”.

Ese día el Consejo Nacional de Universidades creó un comité para analizar la situación; sin embargo, para este encuentro se convocó a todos los representantes de universidades privadas del país.