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Observatorio Venezolano de Conflictividad Social: “El Estado atemoriza a los trabajadores para que no exijan sus derechos”

“37% de la protesta venezolana, en los últimos 5 años, ha sido de naturaleza laboral”, resaltó la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social | Foto Cortesía

“37% de la protesta venezolana, en los últimos 5 años, ha sido de naturaleza laboral”, resaltó la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social | Foto Cortesía

La ONG, Provea, Alianza Sindical y ConflictoVE participaron en la audiencia de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos y los conflictos laborales en Venezuela

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En Venezuela, persiste un discurso gubernamental que busca “atemorizar a trabajadores para que no exijan sus derechos”. Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en la audiencia sobre la situación de los DDHH y los conflictos laborales, que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su 150° periodo de sesiones.

El OVCS participó en esta reunión junto a las organizaciones ConflictoVe, el Programa Venezolano de Educación Acción en DDH (Provea), y Alianza Sindical. Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, explicó a los comisionados de la CIDH que los conflictos laborales han estado entre las principales motivaciones las protestas en el país, que ascendieron a 5.984, entre 2009 y 2013.

“Es decir, 37% de la protesta venezolana, en los últimos 5 años, ha sido de naturaleza laboral”, resaltó Ponce. “Al menos 21.493 protestas” por motivaciones sociales y políticas se han registrado en Venezuela en los últimos 5 años.

Entre el repertorio de lucha de los trabajadores se han empleado protestas pacíficas como “marchas, paros, huelgas, concentraciones. Incluso con medidas extremas, ajenas a la historia de la protesta laboral a nivel mundial, como las huelgas de hambre, cocerse la boca y huelgas de sangre”, dijo el coordinador del OVCS.

La respuesta del Estado frente al descontento de la fuerza laboral del país, “ha sido crear un marco jurídico violador del derecho humano a la manifestación pacífica y a la huelga”.

Esta política oficial ha recurrido al inicio “de procesos judiciales penales y procesos administrativos de despido”, argumentó Marino Alvarado, coordinador general de Provea. Describió que las autoridades del poder ejecutivo intimidan a los trabajadores para que no exijan sus derechos laborales. “Por lo menos, hacer una huelga en las industrias básicas estatales, hoy, es un riesgo de perder la libertad", para los trabajadores, dijo.

Según Alvarado, persisten “trabas burocráticas que obstaculizan los procesos de discusión de las convenciones colectivas en tiempos razonables”. De igual manera, explicó que existen casos en los que a pesar de la suscripción de este derecho laboral, se desconocen sus garantías, como en el caso de los trabajadores del INCES.

Carlos Patiño, representante de la Alianza Sindical, explicó que a sus trabajadores del Estado les ha prohibido el derecho  a la libertad sindical y el derecho a huelga. “Se desarrollan prácticas discriminatorias contra sindicalistas que mantienen posiciones firmes en defensa de sus derechos”.

Además, dijo que el gobierno ha incumplido varias de sus obligaciones relacionadas a las convenciones colectivas, lo cual se ha convertido en una política de Estado. Refirió, que desde el año 2004, en la administración pública  no se discute el contrato colectivo. Patiño agregó que desde 2005, se han iniciado 130 “procesos penales contra sindicalistas que ejercen el derecho a la huelga o realizan protestas pacíficas” por sus reivindicaciones laborales.