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OVCS denuncia la práctica sistemática de represión, tortura y militarización

El  Observatorio Venezolano de Conflictividad Social participará en las audiencias de la Comisión Interamericana de DD HH el viernes 28 de marzo

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El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denuncia que en el país que se desarrollan en el país han sido recurrentes "las prácticas sistemáticas de represión, tortura y militarización de ciudades donde se han intensificado las protestas".

El OVCD presentará la documentación de casos sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas que se han producido en Venezuela.


A continuación el comunicado completo:

32 asesinatos y más de 2.500 personas heridas es el saldo de las recientes protestas en Venezuela. Ésta es una de las denuncias que presenta el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que esta semana celebra su 150º período de sesiones, en el que evalúan la situación de los derechos humanos en las Américas.

El OVCS, en diversas reuniones con organismos multilaterales y organizaciones de DD HH, presentará la documentación de casos sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas que se han producido en Venezuela. En estos conflictos han sido recurrentes las prácticas sistemáticas de represión, tortura y militarización de ciudades donde se han intensificado las protestas.

Marco Antonio Ponce, coordinador general del OVCS afirma que en las  reuniones con diversas instancias explicarán las “prácticas de tortura y uso desproporcionado de la fuerza que ha aplicado el gobierno de Venezuela contra los manifestantes, y que no se justifican en una sociedad democrática”.

Los informes del OVCS revelan un patrón de represión en los que destacan las acciones conjuntas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y grupos paramilitares. En estos estudios también se determina que la represión ha sido ordenada y respaldada en público por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, así como gobernadores pertenecientes al partido oficialista,  y  por representantes de la Asamblea Nacional (AN), incluyendo a su presidente Diosdado Cabello.

Estos hechos son contrarios a las disposiciones internaciones de protección de los DDHH y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.