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ONU: Venezuela debe garantizar las medicinas

Anaqueles vacíos en una farmacia | Foto Williams Marrero / Archivo

"Los Estados tienen la obligación inmediata de adoptar medidas jurídicas y administrativas necesarias para garantizar el acceso a los medicamentos esenciales" Relatoría para la Salud de las Naciones Unidas | Foto Williams Marrero / Archivo

La Relatoría de Salud de las Naciones Unidas publicó los exhortos que hizo al gobierno sobre la crisis

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La Relatoría para la Salud de las Naciones Unidas le recordó a Venezuela que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga al gobierno a facilitar medicamentos esenciales y adoptar medidas jurídicas y administrativas para garantizar el acceso a los medicamentos. Venezuela ratificó este pacto el 10 de mayo de 1978.

"Como parte del derecho a la salud, los Estados tienen la obligación inmediata de adoptar medidas jurídicas y administrativas necesarias para garantizar que el acceso a los medicamentos esenciales para la población esté garantizado por todos los medios disponibles", expresó la Relatoría en un comunicado de fecha 20 de julio de 2015 que se hizo público este mes.

La Relatoría de Salud hizo públicas las comunicaciones que mantuvo con la misión permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y organismos internacionales en 2015. La instancia internacional expresó su preocupación por la intensificación del desabastecimiento que se empezó a denunciar desde 2014 y el  hostigamiento a activistas que han ido a denunciar el problema en organismos internacionales.

"Quisiéramos expresar nuestra grave preocupación sobre la presunta intensificación del desabastecimiento de insumos médicos y medicamentos con serio impacto en el derecho a la salud de la población y, en particular, sobre la presunta falta absoluta del tratamiento Prednisona, esencial para personas trasplantadas, con lupus, artritis y cáncer. Asimismo, quisiéramos expresar nuestra grave preocupación por los presuntos actos de hostigamiento, intimidación y represalias por parte de autoridades públicas contra defensores del derecho a la salud, incluyendo personal médico-sanitario, y el caso del señor Francisco Valencia", escribió la Relatoría al gobierno venezolano.

Luego hicieron nueve preguntas que el gobierno venezolano les debía responder acerca de especificaciones de las medidas tomadas para que los hospitales cuenten con insumos, cómo el Sistema Integrado de Acceso a los Medicamentos  asegura el acceso a insumos de medicinas a grupos vulnerables y responde efectivamente.

Además  solicitó información sobre las medidas adoptadas para garantizar que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor sin miedo a sufrir actos de intimidación o represalias, luego de que en marzo de 2015 activistas de Provea y Codevida fueran acosados en el aeropuerto de Maiquetía cuando volvían de una audiencia con las Naciones Unidas. Los videos de su llegada fueron publicados en el programa de televisión Con el mazo dando, que modera el diputado Diosdado Cabello.

"A la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para detener las presuntas violaciones referidas en esta comunicación y para evitar que se repitan. En caso de que las averiguaciones o investigaciones sugieran o prueben que las alegaciones aquí expuestas son correctas, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia a asegurar la rendición de cuentas de cualquier persona o personas que resulten responsables por ellas", expresó el ente.

La respuesta del gobierno

Dos meses después, en septiembre de 2015, Venezuela pidió tiempo para procesar la información. En diciembre de ese año argumentó  que se intensificó el desabastecimiento porque "se incrementó la guerra económica de la oposición". Agregó que cuando se hacen licitaciones para la adquisición de medicamentos  se presentan pocas empresas farmacéuticas y, algunas veces, solo una responde. También que las empresas trasnacionales no liberan las patentes  de medicamentos, lo que impide la producción  en el país.

La respuesta asegura que hay un plan mensual de liquidación de divisas y se formó una Brigada Especial de Control de Insumos, que constituyen los médicos integrales comunitarios que realizan posgrado en gerencia hospitalaria.

La comisión alegó que los activistas no denunciaron ante el Ministerio Público el acoso, pero que un fiscal está a cargo de la investigación de lo sucedido en el aeropuerto de Maiquetía.

Francisco Valencia, presidente de Codevida, explicó que estos comunicados entre la Relatoría de Salud y la Comisión Permanente ante la ONU se hacen públicos luego de un año. Sin embargo, la ONG que defiende el derecho a la salud solicitará que el ente adopte una acción urgente.

Codevida siguió este año consignando informes que argumentan que hay una crisis de salud en Venezuela con estadísticas sobre la mortalidad materna e infantil.