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Nuevo sistema de distribución de medicinas podría ser similar a los CLAP

La escasez de medicamentos se ubica en 85% según la Federación Médica Venezolana | Foto: Archivo

La escasez de medicamentos se ubica en 85% según la Federación Médica Venezolana | Foto: Archivo

Profesionales de la salud consideran que la medida intensificará la escasez de medicamentos y agravará los problemas en el sector salud

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El miércoles la ministra de Salud, Luisana Melo, anunció la creación de un nuevo sistema de distribución de medicinas que será regido bajo un esquema de contraloría social, es decir, “el pueblo organizado alrededor de todos los establecimientos de salud para evitar el desvío de medicinas”.

Adicional a eso, aseguró que en las próximas semanas se instalará un sistema de vigilancia con GPS a toda la flota de camiones que distribuyan fármacos para “monitorear en tiempo real el destino del camión y evitar el contrabando”.

Según la representante de la cartera de salud, este sistema garantizará la entrega de medicamentos al paciente, pero la misma sólo sería posible si el récipe médico es prescrito por un doctor que forme parte del los ambulatorios bolivarianos (Barrio Adentro y Centros de Diagnóstico Integral) o de la red Farmapatria.

A pesar de las declaraciones de la funcionaria de gobierno, los detalles del sistema de dispensación se desconocen. Sin embargo, la referencia con respecto a este tipo de sistema de distribuición se asemeja al implementado para la distribución de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP).

Los CLAP, que se encargan de distribuir bolsas con alimentos regulados, a través de los consejos comunales, también podrían ser los encargados de la asignación y distribución de medicamentos a través de este nuevo sistema impuesto por la ministra de Salud.

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, consideró que la medida planteada por Melo desconcierta a todo el gremio, "porque esta excluirá a un grupo importante de pacientes y médicos".

Señaló que al permitir la entrega de medicinas únicamente a pacientes que tenga récipe de Barrio Adentro, estarían desestimando la profesión de los médicos formados en el país y que laboran tanto en el sistema de salud público como el privado.

Natera aseguró que 80% de los centros asistenciales pertenecientes a Barrio Adentro se encuentran cerrados y por ello aumentó la demanda en los hospitales tradicionales. En los hospitales públicos la escasez de medicinas, según Natera, bordea 95% y la falla en el sistema privado ronda entre 80% y 85%.

El representante gremial destacó que la similitud con los CLAP es evidente, porque lo que busca combatir es el bachaqueo.

“El presidente Maduro quiere acabar con el contrabando y el bachaqueo, cuando la verdadera falla se origina en la producción y la importación. En lugar de aportar una solución real está agregando otra dificultad para acceder a las medicinas. Están sectorizando y politizando de forma errónea el ejercicio de la salud”, sostuvo.

Una herramienta política

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, aseguró que el problema no es de distribución, sino de abastecimiento.

Indicó que la  droguería que elaborará los medicamentos para este sistema no es parte del Ministerio de Salud, sino que es una droguería privada que fue intervenida por el gobierno y que se encargaba de abastecer a las cadenas privadas de farmacias.

Estableció que las farmacias privadas están quebrando por la estricta regulación que ha tenido el Sundde con ellas y que lo más probable es que esos negocios cierren cuando comiencen los controles planteados por la ministra Melo.

Aseveró que los entes de gobierno están tratando la escasez de medicinas como un problema político. “La ministra insiste en esconder el problema de salud que vive el país, así como lo hizo Delcy Rodríguez en la OEA”, agregó.

Explicó que la escasez de medicinas se intensificará sí se deja toda la distribución al sistema público, porque el gobierno no piensa importar los principios activos necesarios para la producción y le impide a los laboratorios independientes que lo importen por su cuenta.

“El Sefar supuestamente distribuye los medicamentos que se utilizan en hospitales tipo 4 y ya está pronta su fecha de vencimiento. Unidades de clonazepam (medicina anticonvulsiva) comenzaron a distribuirse estos meses y ya se están venciendo, así que desconocemos cuándo se adquirieron esas medicinas”, indicó Ceballos.

Por último, afirmó que esta medida es un instrumento político y que no logrará atender la necesidad de todos los pacientes en el país.

Efectos sociales

La psicóloga social Magally Huggins explicó que la crisis en el sector salud ha generado consecuencias fatales: la muerte de cientos de pacientes en los hospitales por falta de medicinas o desatención, además de las recurrentes protestas de pacientes crónicos exigiendo medicinas para poder prologar su vida.

Señaló que al aplicarse un sistema de abastecimiento de fármacos similar al de los CLAP sólo se identificarían los problemas sociales, lo que implica "más protestas y más muertes".

“Ahora no serían 500 mujeres las que crucen la frontera por medicinas, sino millones. Incluso podríamos terminar como los cubanos cruzando el mar en lanchas para buscar calidad de vida”, indicó.

Desde la implementación de los CLAP, el acceso que tienen las familias a los alimentos ha disminuido, son pocas las comunidades a las que ha beneficiado las bolsas de comida y los funcionarios de gobierno han dejado claro que sólo los consejos comunales dirigidos por militantes del PSUV serán beneficiados.

Huggins destacó que si esta conducta se repite con el despacho de medicinas, el gobierno podría ser juzgado como genocida por privar a los venezolanos del derecho a la salud y a la vida.

“La consecuencia es la muerte de un porcentaje elevado de personas que no tenían que morir, de niños que están muriendo de desnutrición y desatención, es decir, crímenes de lesa humanidad”, culminó.