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Mineros de tumbas no dan descanso a los muertos del Cementerio del Sur

Se desconoce qué pasó con múltiples restos | Foto: William Dumont / Archivo

Se desconoce qué pasó con múltiples restos | Foto: William Dumont / Archivo

Hay quienes profanan urnas en busca de oro en piezas dentales o joyas, así como de huesos para rituales de palería y mármol para revender

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Las lápidas que resguardaban las fosas en las que descansan los padres biológicos del ex presidente Rafael Caldera –Rosa Sofía de Caldera y Rafael Caldera– en el Cementerio General del Sur están destrozadas y esparcidas. El cadáver del padre del exmandatario estaba sin mandíbula, se presume que tenía dientes de oro, un metal apetecido por los profanadores de tumbas. La maleza y la tierra removida evidencian que no respetan ningún doliente. En 2013 se supo de la violación del panteón del ex presidente Joaquín Crespo.

En dos calles aledañas los nichos en los que están sepultados los padres de crianza de Caldera también fueron violentados, pero aún falta una exhumación que evidencie qué parte del cuerpo desmembraron de Tomás Liscano, ex senador de la República, y su esposa María Eva Rodríguez de Liscano, o si solo removieron los restos buscando algo de valor dentro de las fosas que habían sido selladas en 1979.

Desde familias con legado histórico en Venezuela que construyeron panteones para honrar a sus difuntos hasta quienes pagaron por un pedazo de tierra para que su muerto descansara en paz, nadie se salva de los profanadores que buscan huesos para rituales de palerismo, roban oro y mármol para revenderlos, o invaden terrenos y sacan cadáveres para meter otros.

El Código Penal, en el artículo 171, castiga con prisión de seis meses a tres años a quien cometa actos de profanación o despoje los restos de un cadáver. En el apartado siguiente se expresa que si el hecho fue cometido por el administrador o celador de un cementerio, o por una persona a la cual se hubiere confiado la guarda del cadáver o de los restos, la pena se aumentará en una tercera parte en el primer caso, y en una cuarta parte en el segundo.

Pese a la ley, las medidas para evitar este delito se reducen a la guardia de seis funcionarios de la Policía de Caracas que resguardan 246 hectáreas en el Cementerio del Sur en el día y otros dos funcionarios que se quedan en la noche. La necrópolis nunca cierra porque es un lugar de entrada a los barrios Santa Eduviges, 1° de Mayo y El Carmen.

Una pared rayada con spray en el camposanto cita: “Paleros, dejen a los muertos en paz”, pero no hay autoridad que los detenga. Los sepultureros reciben mensualidades para quitar la maleza y cuidar en el día a los restos de algunas familias. Por el servicio pueden cobrar 300 bolívares al mes, pero en las noches nadie da garantía.

El palerismo viene de África. Quienes lo practican creen en los poderes sobrenaturales y la veneración de los espíritus de los ancestros en cuyos ritos se utilizan huesos de muertos según algunas características o estilo de vida que tuviera el difunto en vida.

“Solo quienes trabajan en el camposanto conocen las historias de quienes reposan en cada fosa y guían a quienes buscan los huesos que te pidieron para tu perro de Nganga (vehículo para la comunicación entre el mundo de los vivos y quienes ya trascendieron a esta vida, según la creencia)”, cuenta un palero que no quiso revelar su identidad.

El costo de este culto es alto y requiere logística. El palero debe pernoctar con el muerto que invocará o a quien desmembrará para “pedirle permiso”. Para lograrlo debe pagar por alguien que conozca y le indique qué difunto tiene las características buscadas y lo cuide en la noche. Para pernoctar en la necrópolis, con seguridad garantizada, se paga una vacuna de entre 15.000 y 20.000 bolívares. Cada hueso tiene su valor: un cráneo puede costar entre 15.000 y 20.000 bolívares y un dedo pulgar se cotiza en 3.000 bolívares.


Robos en la necrópolis. En el camposanto también se escarban tumbas en busca de oro. Trabajadores señalaron que una banda busca mármol en el lugar para revenderlo en el mercado. Un metro de mármol está en 16.000 bolívares y el de granito oscila entre los 18.000 y 32.000 bolívares, según datos de las marmolerías que trabajan haciendo lápidas en los cementerios de Caracas.

Otra denuncia es que habitantes de barrios aledaños se llevan las losas para usarlas en el piso de sus viviendas. Es común ver las inscripciones de la fecha de vida y muerte de algunos difuntos adornando las casas o ver pedazos de imágenes religiosas “para resguardar los espacios”.

El fundador de la Asociación Comunidad de Usuarios y Amigos del Cementerio General del Sur, que no quiso revelar su identidad por seguridad, explicó que en el lugar hay esculturas de Federico Fabiani, Francisco Narváez y Pietro Ceccarelli, con las que los delincuentes practican “tiro al blanco” en las noches. Precisa que se han perdido por lo menos 200 obras de arte.

El cementerio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1982 según Gaceta Oficial número 32492, pero no hay un censo de las obras ni un proyecto de restauración histórica en el lugar. Se solicitó una entrevista con Omar Vielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, pero no atendió al llamado.


Echarles tierra es la advertencia para invadir

La invasión de terrenos se convirtió en una práctica común en el Cementerio General del Sur. En la tercera calle del sector el Bulevar está la talla de un ángel del escultor Ángelo Colombo que se trajo desde Milán, Italia. La obra anuncia que pertenece al mausoleo de la familia Bodevar levantado en 1900, pero debajo de la estructura hay nichos de 19 familias distintas que enterraron a sus familiares a partir de 2005.

También hay casos como el de la familia Berti que compró dos terrenos en 1936. Omar Berti lleva tres años buscando los restos de su bisabuela, abuela y hermano porque las lápidas y rejas de sus panteones desaparecieron y un friso nuevo evidencia nuevas sepulturas aunque no tienen identificación. O denuncias como la Ana Guerrero que luego de encontrar el cadáver de su hijo sin cabeza en Día de los Muertos acudió a la administración a denunciar. La solución que le dieron fue mudar los restos a una parcela más accesible, pero al hacer el trámite Guerrero se dio cuenta de que sus papeles estaban a nombre de un trabajador de la cooperativa Asocotracen que administra las parcelas, y no a su nombre.

A la familia Caldera trataron de alentarla cuando aún no se sabía si sus difuntos fueron profanados alegando que cuando las tumbas aparecen llenas de escombros es una advertencia que permite a los invasores indagar si algún doliente reclama. “Si nada pasa invaden. Llegan con papeles que indican los linderos y entierran a otro”, precisa un trabajador del camposanto.

Así es como las parcelas se reciclan. En 2006 el presidente Hugo Chávez dijo que había que cerrar el cementerio, pero aún se registran hasta 40 entierros diarios en el lugar. Héctor González, presidente de la cooperativa Asocotracen, argumentó que los entierros nuevos se hacen en parcelas en las que los familiares sacaron a sus difuntos y luego fueron vendidas. No dio explicaciones sobre los casos de tumbas invadidas.