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Min Educación admitirá observaciones pero continuará con consejos educativos

El Ministerio de Educación no niega que hay un trasfondo político en la Resolución 058 | Leonardo Noguera

El Ministerio de Educación no niega que hay un trasfondo político en la Resolución 058 | Leonardo Noguera

UCAB organizó un foro para debatir sobre la Resolución 058. Voceros de la Red de Padres y Representantes insisten en que viola la Ley de Administración Pública

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El Centro de Estudiantes de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello sentó ayer en la misma mesa a representantes del Ministerio de Educación y a los grupos que se oponen a la creación los consejos educativos para que debatieran sus posiciones.

Judith Gutiérrez, directora de Comunidades Educativas del ministerio, defendió el contenido del decreto porque, a su juicio, consolida la participación de las comunidades en las escuelas. La docente aseguró que la educación es un hecho político, que históricamente ha sido utilizada como instrumento para los proyectos planteados por los gobiernos.

“Sí hay un trasfondo político en los consejos educativos. La educación es un acto político. Todo proyecto de país representa una actuación política. Queremos que la gente se apropie de la resolución y la discutan, pero que al mismo tiempo se vayan organizando los consejos educativos”, expresó.

La funcionaria explicó que las salas de batalla, vocerías, colectivos y comités en los planteles contribuyen con la organización de las instituciones. “La revolución y el socialismo es igual a más democracia. Así lo ha dicho el Presidente. Los consejos no restarán poder al director de la escuela. Él es responsable de reglamentar la participación”, agregó.

Gutiérrez reconoció el derecho de la ciudadanía de solicitar la nulidad de la resolución, pero advirtió que aunque el ministerio recibirá durante un año las observaciones al decreto, la normativa mantendrá su fundamento.

El docente del Instituto Pedagógico de Caracas, Robert Rodríguez, cuestionó la ambigüedad de los enunciados de la norma. Se refirió también a la participación de los colectivos y a la falta de descripción de su ámbito territorial.

“Hay una transferencia ilegal, ilegítima e inmoral de las obligaciones del Estado. Son la legitimación de la expropiación de las escuelas por parte de cualquier colectivo que se lo proponga”, expuso.

Rodríguez fue participante de la constituyente educativa de 1999. Recordó que el papel del Estado Docente plasmado en la Carta Magna es diferente a los temas expuestos en la recién aprobada resolución.

Durante su exposición mostró imágenes de niños con fusiles en un acto organizado por un colectivo del 23 de Enero y reiteró que el mensaje a los educandos debe ser distinto al plasmado en las gráficas: “Se deben emitir pensamientos que combatan la violencia y no que la promuevan”.

La consulta

La directora de Comunidades Educativas del ME argumentó que la consulta sobre los consejos inició en 1999 y fue retomada el año pasado.

“La constituyente educativa y el proyecto educativo nacional ya hablaban de la nueva organización y funcionamiento de la comunidad educativa dentro de una nueva educación. Se consolida, cuando se retoma la consulta en 2011. No se podía consultar por separado, si no, no se puede hablar de proceso”, indicó.

Lila Vega, vocera de la Red de Madres, Padres y Representantes, aseguró que la norma viola los artículos 137, 138 y 139 de la Ley de Administración Pública, que obliga a ofrecer información para ejercer contraloría sobre la gestión social.

El artículo 137 señala: “El órgano o ente público no podrá aprobar normas para cuya resolución sea competente, ni remitir a otra instancia proyectos normativos que no sean consultados, de conformidad con el artículo anterior. Las normas que sean aprobadas por los órganos o entes públicos o propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no han sido consultadas según el procedimiento previsto en el presente título”.

Dudas sin respuesta

El foro realizado en el campus ucabista fue aprovechado por los asistentes para exponer interrogantes que, pese a la discusión, quedaron sin respuesta.

Un docente acotó que existe contradicción entre el planteamiento de la toma de decisiones del colectivo y la afirmación de la ministra de Educación, que indicó que el fundamento de la resolución no está en discusión. Otro de los presentes, que se identificó como padre de un escolar del colegio Emil Friedman, señaló que la norma indica que el número de miembros del comité debe ser impar, lo que permitiría que en algunos casos estén compuestos por sólo una persona.