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Libertador debe Bs 800 millones a Ledezma

Además de las utilidades de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, está en juego el pago de becas y útiles escolares | Foto Archivo El Nacional

Además de las utilidades de los trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, está en juego el pago de becas y útiles escolares | Foto Archivo El Nacional

El sindicato de trabajadores de la Alcaldía Metropolitana teme que puedan recibir sus utilidades en diciembre como ocurrió en 2010

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Más de 4.000 empleados de la Alcaldía Metropolitana temen no recibir sus utilidades a fin de año. Trabajadores, obreros, contratados, jubilados, pensionados y reincorporados luego de la creación del Distrito Capital denunciaron que el alcalde Antonio Ledezma no podrá cumplir con el pago de los beneficios contractuales, debido a la deuda de la Alcaldía de Libertador que asciende a los 800 millones de bolívares.

“La Ley de Régimen Municipal a Dos Niveles establece que alcaldías del Área Metropolitana deben dar el 10% de lo efectivamente recaudado por impuestos los primeros 5 días de cada mes. Jorge Rodríguez tiene más de 15 meses que no paga y de 2009 a la fecha acumula deudas”, explica Gustavo Rodríguez, miembro del Sindicato de Empleados de la Alcaldía Metropolitana.

Además de las utilidades, está en juego el pago de becas y útiles escolares. El representante sindical recuerda que en 2010 ocurrió una situación similar y fue en marzo de 2011 cuando pudieron cobrar sus utilidades. “Fue una navidad negra”, recuerda.

Rodríguez indica que desde mayo los trabajadores están realizando gestiones que aporten una solución. Han pedido varias citas, sin resultado, al alcalde Jorge Rodríguez, visitaron la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría Regional. No han tenido respuesta.

El alcalde metropolitano agrega que a la preocupación de los trabajadores, se suma la complicación para llevar a cabo el plan de obras en el que se incluye el Transmetrópoli, los planes de ambiente, de autoconstrucción, entre otros.

“Hemos introducido un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la Contraloría General y la Regional. Hasta en la OEA. Los recursos tienen que estar aquí. Si los han usado para algo diferente de lo que dice la ley, es un delito”, advierte Ledezma.