• Caracas (Venezuela)

Sociedad

Al instante

Lea el informe semestral completo de la SIP

En la SIP denunciaron censuras y falta de divisas / Gilberto León

En la SIP denunciaron censuras y falta de divisas / Gilberto León

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

En este período sucedieron hechos que agravan y agravarán la situación de libertad de prensa, tanto por las agresiones contra medios de comunicación y periodistas y  las restricciones de divisas para productos importados para la producción de periódicos, así como por la creación de un organismo oficial de censura, el retiro del Estado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 10 de septiembre y la solicitud del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional de una Ley Habilitante que le permita legislar por 12 meses, con el fin de atacar la corrupción y solventar la situación económica que aqueja al país.

En este semestre, además ocurrieron varios traspasos de propiedad y compra-venta de medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y aunque en su mayoría no han variado en mucho su política editorial, sí se ha sentido el efecto en sus audiencias. Caso emblemático es el de Globovisión, donde varios programas de información y opinión fueron retirados. En la programación de medios del Estado también dejaron de transmitirse programas que contaban con importante audiencia.

En este período también se registró una ola creciente de demandas, acciones y  procesos judiciales contra los medios de comunicación privados, lo que ha sido calificado por diversas organizaciones como severos ataques a la libertad de expresión.

El 1 de agosto el periodista Leocenis García, editor del grupo 6to Poder, fue imputado y encarcelado, acusado por el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, por el delito de  presunto lavado de dinero. Ya antes, tanto a él como al periódico, se  le habían  congelado sus cuentas bancarias. El 5 de agosto a raíz de la congelación de bienes, el director del periódico Alberto Rodríguez anunció el cierre formal de la empresa. El periodista Leocenis García se mantiene detenido tras las rejas en la Dirección de Inteligencia Militar.

El 8 de agosto los diarios El Nacional y Tal  Cual fueron multados con 1 por ciento de sus ingresos del año 2009, por publicar y  replicar - respectivamente- una imagen del estado deplorable de la morgue de Bello Monte en Caracas. Asimismo el tribunal determinó que El Nacional no podrá publicar imágenes de contenido violento, armas, asaltos, cadáveres ensangrentados y desnudos.

Días antes y de manera sorpresiva, el 27 de julio, las autoridades judiciales a petición de la Fiscal General, acordaron la prohibición de enajenar bienes, gravar y la  congelación de las cuentas bancarias personales del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.

Al diario Correo del Caroní  y a su presidente editor, David Natera Febres, el tribunal judicial del estado Bolívar le prohibió publicar informaciones sobre el empresario minero Yamal Mustafá por "difamación e injuria" y "daños y perjuicios"; mientras tanto deberá pagar una multa de 20 millones de bolívares .

El Juzgado dio luz verde a la medida de embargo contra el Correo del Caroní y David Natera y fijó una fianza por 46 millones de bolívares.

El 10 de octubre, la Fiscal General de la República, ordenó el inicio de una investigación contra el diario 2001, "por crear zozobra en la sociedad" en referencia al suministro de gasolina en el país. Explicó que aplicará "sanciones fuertes" contra el rotativo por publicar en primera plana un "titular falso", que a su juicio busca desestabilizar la paz nacional.

Los investigadores Marcelino Bisbal y Andrés Cañizález coinciden en que el control de los medios de comunicación no sólo se mide por el número de estos en manos del Estado. La aplicación de medidas administrativas, judiciales y económicas constituye un mecanismo de dominación.

Dijeron Bisbal y Cañizalez que, la política comunicacional del gobierno es reprimir la crítica a través de procesos judiciales y económicos. Varias leyes y procedimientos jurídicos impulsados por el Ejecutivo se configuran para "generar mecanismos de autocensura e intimidación, tanto en los medios como en sus profesionales de la comunicación".

El Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela (IPYS) publicó otro estudio que coincide con la apreciación de ambos investigadores. El texto también refiere al diario La Mañana en el estado Falcón, donde se ha denunciado censura en ciertos contenidos por autoridades judiciales.

Además el IPYS menciona las acciones contra los periodistas Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, y Leonardo León, locutor de ULA 107.7 FM y corresponsal del diario El Nacional en Mérida, acusados de difamación, así como los señalamientos y citación a un tribunal al periodista y locutor Nelson Bocaranda.

De igual forma la SIP ha exigido al gobierno la inmediata libertad de Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias "Informe Cifras", encarcelado desde hace seis meses.  García Hidalgo está recluido desde marzo pasado en la penitenciaría para procesados por delitos comunes, Yare III.

Un problema grave para los periódicos lo constituye la falta de divisas para adquirir el papel, tinta y otros insumos en los periódicos como repuestos, equipos y maquinarias.

En agosto, cinco diarios regionales dejaron de circular por falta de papel. En el interior circulan más de 40 periódicos afectados y 25 dicen estar en aprietos. Esto ha llevado a los más pequeños a quedarse sólo con sus ediciones en línea, a reducir sus páginas o tirada, y hasta a salir en día alternos.

Debido al control cambiario (desde 2003), se ha reducido la capacidad de compra de las importadoras de papel y otros insumos para las rotativas, como planchas de impresión y la tinta.

Belkys Blomdell, directora del diario El Caribazo (Nueva Esparta), precisó que su periódico, que tira de 15.000 a 25.000 ejemplares, "adelgazó" de 32 a 16 páginas en el último año. Igual sucede con el diario Los Llanos que pasó de 28 páginas a 20.

También los periódicos pro gobierno, como Vea, dicen pasar por las mismas peripecias. Piden que se agilicen los trámites y que se instale una fábrica de papel en el país.

A partir del 1 de octubre, el diario El Impulso del estado Lara, uno de los más antiguos del país, comenzó una versión más reducida de su edición. Además se imprime sin  color.  Informó que ha estado comprando a precios onerosos los insumos disponibles dentro del país, calificando de "calvario" el reunir los recursos para mantenerse en circulación.

Forzado por la falta de papel, planchas y otros materiales de costosa y difícil importación en estos momentos, Antorcha, el diario con mayor trayectoria de circulación en Anzoátegui, anunció su cierre temporal luego de 59 años de existencia. Otros periódicos que dejaron de publicarse son: El Sol de Maturín, estado Monagas; Versión Final, en el estado Zulia; El Caribazo, La Hora y El Caribe, estado de Nueva Esparta; Los Llanos y El Espacio, en el estado Barinas.

En días pasados fueron invitados los dueños de periódicos regionales a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, con la finalidad  de abordar problemas, entre ellos, la falta de papel.

El presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, rechazó que la Asamblea Nacional aprobara en días pasados cifras multimillonarias a los medios oficialistas para la compra de papel.

Dijo que "lo irónico es que la AN aprobó la semana pasada un monto multimillonario (de divisas) para unos periódicos oficialistas, que son del Gobierno realmente. Ese dinero es para importar directamente el papel para esos periódicos, que son absolutamente oficialistas".

El Gobierno creó el 7 de octubre el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), lo que implica que podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégicos para preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos.

El artículo 3 indica que el nuevo organismo "solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana".

El decreto es casi idéntico al publicado en Gaceta Oficial el 1 de junio de 2010, mediante el cual se creó el Centro Situacional de Estudios de la Nación (Cesna).

Los considerandos de ambos decretos son los mismos y las diferencias en los artículos se limitan a la adscripción del órgano al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno (en vez del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al cual estaba adscrito el Cesna), y a la incorporación de términos como desestabilización y enemigos internos y externos.

El artículo noveno establece la posibilidad de censura en los mismos términos. El desconocimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información fundamentaron la impugnación del Cesna ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Colegio Nacional Periodistas, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público.

En la demanda interpuesta ante el TSJ se argumentó que el artículo 57 de la Constitución impide censurar a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Y que el artículo 143 establece que las restricciones a las informaciones por razones de seguridad nacional deben estar expresamente definidas en una ley formal emanada de la Asamblea Nacional, la cual no existe; de manera que no sería suficiente un decreto ley dictado mediante poderes especiales concedidos al jefe del Estado.