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Jueces y fiscales violan derecho a la protesta de adolescentes

Ocho adolescentes están en el comando de la GNB, en Petare | Foto Leonardo Noguera

Ocho adolescentes están en el comando de la GNB, en Petare | Foto Leonardo Noguera

Los hechos imputados a los muchachos no ameritan privación de libertad, afirmó Cecodap 

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Las detenciones de menores de edad durante las protestas realizadas en Venezuela desde el 12 de febrero pasado no se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Carlos Trapani, abogado de Cecodap, Centro Comunitario de Aprendizaje,  explicó que la mayoría de los adolescentes fueron apresados en contravención del artículo 628 de la Lopnna, el cual indica que la privación de libertad es una medida excepcional que solo puede aplicarse cuando se comete homicidio, salvo el culposo; lesiones gravísimas, salvo las culposas; violación; robo agravado; secuestro; tráfico de drogas; robo o hurto sobre vehículos automotores o reincidencia en cualquiera de esos casos.

La responsabilidad de los fiscales del Ministerio Público que han hecho este tipo de calificaciones jurídicas, así como la de los jueces que las han acogido está en entredicho. Trapani advirtió que si hay una detención arbitraria, el artículo 268 de la Lopnna dice que los funcionarios pueden ser sancionados con prisión de tres meses a un año.

“Ninguno de los hechos por los cuales han sido detenidos los muchachos durante las protestas ameritan penas privativas de libertad. Es grave que no haya una base de datos accesible que permita identificar cuántos detenidos hay, cómo fueron aprehendidos y en qué circunstancias se encuentran. Aunque se han resuelto medidas sustitutivas de la privación de libertad, como fianzas, el procedimiento penal queda abierto y la libertad del adolescente restringida”, señaló el defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cecodap informó que 39 menores de edad han sido detenidos por protestar. El Centro de Derechos Humanos de la UCAB registró 15 aprehensiones de adolescentes desde el 25 de febrero.

“Los niños y adolescentes deben estar separados de los adultos, no pueden estar en sedes policiales sino en sitios especializados y eso no ha ocurrido”, precisó. El artículo 549 de la ley ordena que deben estar recluidos en áreas especiales, y luego remitidos a centros especializados.

Desde la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes se reivindicó el derecho a la protesta de los más jóvenes, pero con la orientación de sus padres o representantes.  

LA CIFRA
39 detenciones de menores de edad durante manifestaciones desde el 12 de febrero registró Cecodap


Detenidos en Santa Fe duermen sobre cartones
EMILY AVENDAÑO

Una puerta verde separa a los ocho adolescentes de su libertad. No hay barrotes, solo una abertura cuadrada a través de la cual apenas se divisan sus rostros. Por allí hablan con sus padres, que si se asoman un poco además pueden ver los dos tobos en los que realizan sus necesidades. Los adolescentes comparten la celda con un hombre mayor.

Son jóvenes de entre 14 y 17 años de edad detenidos en Santa Fe. Están recluidos desde el domingo en un sótano del Comando de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana, en el barrio Nazareno de Petare, a la espera de que sus familiares consigan a los fiadores que les garantizarán una medida cautelar sustitutiva de libertad. Ayer se les permitió bañarse por primera vez desde que fueron detenidos el 26 de abril.

“Duermen sobre cartones”, denunció una de las madres. “Mi hijo es un deportista y lo tratan como a un delincuente”, agregó.

Encontrar a sus hijos se convirtió en un calvario para los padres. Al momento de la detención los trasladaron a Fuerte Tiuna, pero no tuvieron contacto con ellos hasta la presentación. “Solo a un representante por niño se le permitió entrar al Palacio de Justicia. Pero no nos dejaron entrar a la audiencia”, dijo otra de las madres. Después del acto pensaron que los llevarían al Comando de la GNB en El Recreo, pero no fue así. Hasta el lunes no tuvieron conocimiento del lugar donde se encontraban sus hijos.

Luis Vicente Haro, abogado de uno de los muchachos y activista de derechos humanos, acude regularmente para llevar a los jóvenes las tres comidas y a velar porque no los maltraten. Informó que hasta la fecha solo tres familias han podido completar los recaudos de los fiadores. Lilia Camejo, una de las directoras del Foro Penal, afirmó que en el caso de uno de los jóvenes van a solicitar una carta de pobreza extrema porque a sus familiares se les hace imposible completar el requisito exigido por el tribunal.