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Juan Maragall: “El principal peligro es que los padres decidan no participar”

“No creo que esta resolución haya mejorado la 751”, dijo Maragall / Cortesía Gobernación de Miranda

“No creo que esta resolución haya mejorado la 751”, dijo Maragall / Cortesía Gobernación de Miranda

El secretario para el Progreso Educativo del estado Miranda señala que la Resolución 058 tiene vacíos que pueden generar malas interpretaciones

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Sobre la Resolución 058 –que establece nuevas estructuras de participación en las escuelas– han surgido apoyos, críticas y dudas. Para Juan Maragall, encargado de la Secretaría para el Progreso Educativo del estado Miranda, hay poca claridad sobre algunos asuntos. Por ejemplo, los mecanismos para formar los comités o los límites en las responsabilidades de cada miembro.

Maragall dice que el Ministerio de Educación –instancia que elaboró la resolución, publicada el 16 de octubre en Gaceta Oficial 40029– debe hacer una revisión del documento. “Creo que ya debieron comenzar con esta evaluación. Un examen de la resolución debe conducir a mayores precisiones”.

–¿Cuáles son los peligros de la Resolución 058?

–El principal peligro es que los padres, representantes y comunidades decidan no participar. Creo que es un ámbito que no se puede abandonar porque se trata de un compromiso. Esto no es algo inherente a la resolución, sino la posición que se toma sobre ella. Las resoluciones enmarcan este proceso, pero la participación no se decreta ni se prohíbe. En cuanto a los riesgos del texto, nos preocupa que los consejos educativos estén obligados a registrarse en el Ministerio de Educación. Esperamos que no se haga un uso político partidista con el registro en la taquilla, como pasa con los consejos comunales. Otra cosa es que no están bien definidos los mecanismos de las convocatorias para formar los comités. Hay mucha indefinición, y así se corre el riesgo de que esos procedimientos los establezca el funcionario de turno.

–Critican que la resolución da pie a la politización de la escuela ¿Qué piensa?

–El documento señala que pueden participar instituciones externas a la escuela, pero no define cómo ni en qué condiciones ni qué tipo de organizaciones. Hay lagunas que se pueden prestar a interpretaciones. Para mí, está clarísimo el primer objetivo: garantizar la educación de calidad. Pero cuando se amplía la participación podría haber injerencia, si la norma es mal interpretada. Las lagunas pueden ser usadas para partidizar.

–¿La resolución democratizará la gestión escolar, como ha dicho el Min Educación?

–La democracia es para participar y establecer reglas; es decir, se necesita un mínimo de Estado de Derecho. La resolución es muy débil en la forma en la que estructura la participación. Por eso algunos sectores podrían prevalecer y eso no sería democrático. De repente un grupo toma el control, porque en el documento no queda claro el quórum, y dominan la instancia. Si se definiera cuáles son los miembros de los comités y cómo se eligen, se defendería a las minorías. La resolución no protege a los más débiles.

–¿Es adecuado que el comité académico, que incluye a trabajadores y obreros, evalúe a los docentes?

–Tengo mis dudas porque las competencias técnicas de un docente solamente pueden ser examinadas por profesionales de su mismo calibre. Pero también es cierto que cualquier profesional debe ser evaluado por quienes reciben el servicio. No se puede confundir con que la comunidad evalúe la capacidad de enseñanza, pues eso debe hacerlo un profesional.

–¿Transferir más responsabilidades a la comunidad mejorará la gestión escolar?

–La resolución trata de lograr ciertos niveles de corresponsabilidad, pero lo hace de manera confusa. Cuando hay responsabilidades difusas, las organizaciones tienden a alcanzar menos éxito. A mí me preocupa que se desdibujen los límites de las responsabilidades del maestro, el director, los alumnos. Por ejemplo, no está claro si sigue existiendo el consejo docente. Si una escuela se queda sin director, ese consejo debe asumir las riendas. Si hay que reprogramar el año escolar, los maestros deben hacerlo. Ahí es donde la resolución presenta lagunas.

–¿Qué puede rescatar de la resolución?

–Cuando vi el documento lo primero que pensé fue: uno no tiene que arreglar lo que no se ha echado a perder. La Resolución 751, vigente desde la década de los ochenta, presentaba órganos con mucho sentido, como el consejo de docentes. Se podría transformar esa normativa para darle otras competencias a esas instancias o profundizar su funcionamiento. En cambio, este es un intento de hacer borrón y cuenta nueva. No creo que esta resolución haya mejorado la 751.

–¿Cree que se deben mejorar aspectos de la resolución o elaborar otra?

 –Eso hay que decirlo después de evaluarla. En la práctica se ve qué funciona. Es prematuro dar una opinión. Tenemos observaciones y dudas, pero nuestra posición es que ese es un ámbito que debemos ocupar. En las escuelas de Miranda lo haremos con la participación de los padres y con los niños como centro. Nadie nos va a desviar de lo que es una política enfocada en los estudiantes.