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Investigarán clínicas donde realizan cirugías estéticas

Ministerio Público | El Nacional

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La fiscal general de la república considera que las malas prácticas en las intervenciones son un problema de salud pública

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Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, aseguró ayer en su programa radial En Sintonía con el Ministerio Público que revisarán las ofertas o anuncios colocados en los medios de comunicación sobre cirugías estéticas.

Opinó que las intervenciones estéticas se están convirtiendo en un problema de salud pública. Indicó que en allanamientos han constatado que en algunos casos las prótesis mamarias extraídas son limpiadas y reutilizadas en otras pacientes. "Los sitios donde han ocurrido muertes y lesiones permanentes, por lo general son oficinas e inmuebles transformados en consultorios; con áreas de intervenciones que no son descontaminadas", indica la nota de prensa del Ministerio Público.

La advertencia fue hecha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo domingo.

Ortega recomendó a las mujeres que deseen someterse a cirugías estéticas que verifiquen las credenciales de los médicos e, igualmente, constaten que el centro de salud reúne las condiciones necesarias de seguridad.

Campañas. La cercanía del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer activó a las instituciones del Estado esta semana para realizar campañas o talleres para informar sobre el problema.

En el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia se instaló un foro con la finalidad de sensibilizar sobre el tema. Ayer se contó con las ponencias de las magistradas Yolanda Jaimes y Carmen Zuleta, entre otras.

El TSJ no fue la única institución que ofreció información sobre la materia. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, cuenta con una nueva herramienta para promocionar la erradicación de la violencia contra la mujer: el "violentómetro". El instrumento, una regla de cartulina, ilustra la gravedad de las agresiones: celos, ofensas, gritos, humillación, descalificación, denigración, amenazas, chantaje, prohibiciones, golpes e, incluso, asesinato.

La distribución del violentómetro se ha hecho en lugares públicos, urbanismos e instituciones del Estado. Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, explicó que la idea es brindar conocimiento a la ciudadanía sobre la escala de gravedad de las agresiones. Instó a las mujeres que sufren algún tipo de violencia a acudir a las autoridades para denunciar sin miedo.