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Indígenas del Alto Caura negocian con el gobierno liberación de militares

Indígenas aseguran que militares cobran vacuna para permitir la minería ilegal en el área permitida | Foto Raúl Romero / Archivo

Indígenas aseguran que militares cobran vacuna para permitir la minería ilegal en el área permitida | Foto Raúl Romero / Archivo

Desde el miércoles están secuestrados por la comunidad yekuana Gianfranco Giordani Leal, comandante del Ejército en Maripa, y nueve soldados 

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Aloha Núñez, ministra para Pueblos Indígenas, llegó el viernes al Alto Caura para negociar la liberación de Gianfranco Giordani Leal, comandante del Ejército en Maripa, así como la de nueve soldados que desde el miércoles fueron secuestrados por la comunidad indígena.

Hasta las 4:00 pm las partes no habían llegado a un acuerdo sobre la libertad de los funcionarios retenidos, luego de que los militares les quemaran dos viviendas en el Alto Caura y en el Salto Pará “Kuyuwi Sodi”, según la versión de los indígenas, supuestamente en represalia por las denuncias que han realizado en relación con su presencia en el Caura y el presunto cobro de vacunas en las zonas mineras.

La comunidad yekuana exigió para la respectiva liberación que se retomara el suministro de combustible que desde octubre está paralizado, y que es necesario para el traslado de alimentos y demás enseres en el municipio Sucre en el estado Bolívar.

Además, como condición, pidieron que sean retiradas las dos alcabalas fluviales del Ejército que fueron colocadas en la entrada del sector y que para la comunidad se ha traducido en cobro de vacunas y vejaciones a los habitantes de la zona.

El vocero de la Fundación Medewadi, Ramón Tomedes, expuso que es necesario que los militares se retiren del sector. “Antes que ellos estuvieran éramos felices, pero desde que están, la minería ha aumentado”, dijo.

En un comunicado la Organización Indígena Kuyujani explicó que sobre la cuenca del Caura recaen cinco figuras de protección del ambiente que excluyen en su totalidad la actividad minera que en la zona comenzó en 2006, lo que generó “nefastas consecuencias para las comunidades indígenas que allí hacemos vida”.

Luego de la incursión de mineros y supuestos sindicatos de la construcción, los voceros pidieron colaboración a la FANB para controlar la incursión minera, pero eso solo se logró parcialmente, según Kuyujani, entre 2006 y 2008.

“A partir de 2008 mineros nacionales y extranjeros se apersonaron en la zona sin que las Fuerzas Armadas pudieran controlarlos. Antes bien los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal, y aplican vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras”, dijeron.

Entre 2011 y 2012 comunidades indígenas en La Paragua y Gran Sabana secuestraron a militares por las mismas razones. En agosto de 2014, durante la creación de la Comisión Presidencial para la Promoción de la Minería, los voceros indígenas pidieron la retirada del personal castrense.