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Desde hace un año la Iglesia Católica no puede entrar en las cárceles

Se permitió la entrada a los familiares luego que los médicos hicieron la revisión de los presos que están heridos | Foto: Raúl Romero

4.000 reclusos son capacitados por la Asociación Venezolana de Educación Católica en 6 penales del país | Foto: Raúl Romero

Pastoral Penitenciaria denuncia que en las prisiones se privilegia la ideologización política por encima de la asistencia religiosa. Ministerio no ha reconocido a la mayoría de los capellanes

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En los sucesos de la penitenciaría de Uribana del viernes 25 de enero, uno de los fallecidos fue el pastor evangélico Segundo Camejo, voluntario en el centro de reclusión. A propósito de ese suceso, una realidad fue denunciada por las jerarquías tanto de la Iglesia Católica como de la Evangélica: los representantes de los credos tienen vedado el acceso a las cárceles desde hace un año.

El delegado nacional de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, el sacerdote Ponc Capell Capell, cree que las autoridades no han dado indicios de querer mantener el compromiso de asistencia religiosa para los privados de libertad, sino que, por el contrario, lo desconocen. De hecho, asegura que de los 40 capellanes designados por los obispos en el ámbito nacional, sólo 26 han sido reconocidos por el Gobierno.

Capell informó que hay más de 300 laicos comprometidos con el trabajo voluntario en los 40 centros de reclusión que funcionan en el país, entre penitenciarías, internados judiciales y anexos femeninos. Ellos ofrecen asistencia para que el recluso pueda replantearse su conducta, además de servir de nexo entre los familiares y el interno.

El sacerdote denunció la politización del tema penitenciario y lamentó que se fomente el voluntariado ideológico en desmedro de la orientación religiosa, algo que, a su juicio, terminará tarde o temprano, pues, insistió en que la institución sobrevive a los gobiernos de turno.

“Seguiremos trabajando con más ganas y más ilusión porque sabemos que los ministerios pasan, pero la Iglesia queda. Además, siempre habrá gente dispuesta a que las personas sientan la experiencia de Dios y tengan motivación para cambiar”, subrayó.

Entes cooperantes. María José González dirige la oficina de Cáritas en Los Teques y desde hace seis años atiende la Pastoral Penitenciaria en la región mirandina, como miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Cree que su trabajo responde a un llamado de Dios y por eso enfatiza que no hay excusa posible para detenerlo. Lamenta que el Estado limite el acceso a los penales e interrumpa la labor del voluntariado, sin comprender que ellos pueden ser entes cooperantes.

“Desde diciembre de 2011 no entramos formalmente en los recintos penitenciarios porque tenemos una prohibición expresa del Gobierno. Por eso nuestros voluntarios tienen que ir los días de visita familiar y eso hace que se limite el acompañamiento que usualmente brindábamos a los reclusos y que servía como incentivo para su rehabilitación”, dijo González.

La directora de Cáritas Los Teques consideró que los hechos de Uribana son algo extremadamente triste, que no debe volver a repetirse. Insistió en que el sistema penitenciario debe asegurar la rehabilitación del recluso como una política pública, que trascienda el mero hecho reactivo que se retoma cuando ocurren crisis carcelarias.

Las cifras

4.000 reclusos son capacitados por la Asociación Venezolana de Educación Católica en 6 penales del país.

66 talleres anuales de artes y oficios ofrece la AVEC todo el año.

Llamados de atención

A raíz de los sucesos de Uribana, la Conferencia Episcopal Venezolana y el Foro Evangélico por Venezuela alzaron la voz para denunciar la violación del derecho a la vida de las personas privadas de libertad, tarea que debe garantizar el Estado venezolano, según lo establece el artículo 43 de la Constitución.

El martes 29 de enero, la CEV condenó, a través de un comunicado público, “el funcionamiento impune y abierto de bandas y mafias internas” en las penitenciarías, y le exigió al Ministerio del Servicio Penitenciario que permita la entrada de los agentes de la Pastoral Social y Penitenciaria a aquellos centros donde les han prohibido la visita.

Un día después, el Foro Evangélico por Venezuela emitió un comunicado en el que, además de rechazar las actuales políticas carcelarias, solicitaba mayor colaboración para pastores y laicos, que escogieron el “camino de servir a los hermanos privados de libertad”.

Perseverancia

José Argenis Sánchez estuvo recluido en El Rodeo I. Producto de la violencia que soportó allí decidió crear en 2002, con otros 800 reclusos, la ONG Liberados en Marcha.

Sánchez asegura que como pastor principal combatió los conflictos a través del diálogo hasta apaciguar las diferencias que se registraban en los sectores “Barrio Chino”, “Corte Negra” y “Casa Fantasma”, entre otros. Cree que gracias al trabajo en varios penales, su organización se ganó el respeto de los reclusos, al punto de que la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, acudió en abril de 2012 a su sede, localizada en Guatire, para pedirles apoyo.

A diferencia de otros cultos, los pastores de Liberados en Marcha han sido llamados para mediar en caso de conflictos. El viernes 25 de enero, Sánchez estuvo en la cárcel de Uribana y presenció el fallecimiento del pastor Segundo Camejo.

“No es la primera vez que sucede. Hemos tenido muertos que han quedado en el anonimato y uno entra allí bajo ese riesgo. Las balas no tienen nombre”, dijo el pastor, que descarta que su ONG tenga favoritismos a la hora de entrar a los penales.

“Ahora, por estudios técnicos, las visitas están suspendidas, pero si se trabaja por amor nada le puede poner obstáculos a tu trabajo. Es cuestión de perseverar”, afirmó.