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HRW pide la ONU emitir declaración pública sobre violencia postelectoral

José Miguel Vivanco | EFE

José Miguel Vivanco | EFE

La organización "ha seguido atentamente la situación en el país y expresa su preocupación por el uso de investigaciones penales por parte de las autoridades venezolanas como una herramienta política para acusar a opositores, 'sin la debida justificación'"

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El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco envió una carta a Las Naciones Unidas para instarles respetuosamente a que considere la posibilidad de emitir una declaración pública sobre los sucesos de violencia ocurridos en Venezuela luego de los comicios del 14 de abril de 2013.

“Le instamos respetuosamente a que exija al gobierno de Venezuela que investigue de manera oportuna, exhaustiva e imparcial todos estos incidentes y juzgue a los responsables en los casos en que se hayan cometido abusos”, indica la carta que envió Vivanco.

Explicó que HRW ha seguido atentamente la situación en el país y expresó su preocupación por el uso de investigaciones penales por parte de las autoridades venezolanas como una herramienta política para acusar a opositores, “sin la debida justificación, de haber participado en delitos, y que a la vez no investiguen adecuadamente denuncias creíbles que se han formulado sobre graves violaciones de derechos humanos”.

Relató que el 13 de junio de 2013 el Canciller, Elías Jaua, se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) para aportar información sobre hechos de y entregó una copia de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo.

“El informe atribuye la responsabilidad por estos incidentes a Henrique Capriles(…) Poco después de ocurridos los incidentes violentos, el Presidente Maduro, el ministro de relaciones interiores y justicia y el ministro de relaciones exteriores habían señalado al unísono a Capriles como responsable de la violencia. Asimismo, la Fiscal General Luisa Ortega Díaz acusó a Capriles de ‘instar al ciudadano a tomar acciones de calle y de violencia’ e indicó que los actos violentos producidos después de los comicios podrían configurar los delitos de “instigación al odio” y “rebelión civil”. La ministra de servicios penitenciarios señaló que ya había preparado una celda para Capriles en la prisión”.

Indicó que según la Fiscal General, el ministerio público está investigando atentamente los sucesos de violencia presuntamente fomentados por Capriles, que provocaron las nueve muertes y 78 heridos.

“No se han efectuado investigaciones serias ante denuncias creíbles de graves violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones de derechos humanos locales”, señala en referencia a la denuncias de Provea y el centro de derechos humanos de la UCV y Cofavic .

También menciona las denuncias sobre actos de discriminación política contra empleados públicos que respaldaron a Capriles.