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Foro por la Vida rechaza la militarización del Estado y la sociedad

Expresaron preocupación por la reciente creación de las brigadas denominadas “Fuerzas de Choque”

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La coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos venezolanas, que conforman el Foro por la Vida, queremos expresar nuestro rechazo a la creciente militarización que experimenta la sociedad venezolana la cual lesiona diferentes derechos humanos y genera las condiciones para otras violaciones.

Ley de registro y alistamiento

En la Gaceta Oficial Nº 40..440 del 25 de junio de 2014 se publicó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación. Esta ley implica que todas las personas, y empresas pública deben inscribirse en obligatoriamente en el Registro para la Defensa Integral. Además obligan a los órganos y entes, públicos o privados a solicitar la constancia de inscripción en este registro antes de cualquier contratación.

Este registro es inconstitucional, pues ignora lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 134, que establece la posibilidad de prestar un servicio de naturaleza civil para la defensa, preservación y desarrollo del país. Al respecto la Organización de Naciones Unidas ha establecido que un servicio alternativo al servicio militar debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes de las Fuerzas Armadas.

Por ello, el establecimiento de un registro militar debe ser exclusivamente para las personas que opten por prestar el servicio militar y no para la totalidad de las personas naturales o jurídicas del país. Esta decisión, de carácter inconstitucional, tergiversa el derecho a la objeción de conciencia y la prestación de un servicio alternativo. Además, las penas por su incumplimiento niegan los derechos a la educación, trabajo y libre tránsito.

Brigadas: fuerzas de choque

En segundo lugar expresamos nuestra preocupación por la reciente creación de las brigadas denominadas “Fuerzas de Choque”, que según declaraciones del Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Néstor León Heredia (PSUV), tendrá como objetivo “combatir planes de desestabilización que perturben el país” y se integrará a otras instancias de gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el Plan Patria Segura. La “Fuerza Choque” se suma a las recién creadas Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), los Cuerpos de Combatientes y las Milicias Obreras, Campesinas y Estudiantiles.

Al otorgar funciones de seguridad interna tanto a las Fuerzas Armadas como a los grupos militarizados se desacata el artículo 332 de la CRBV que expresa que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y se generan condiciones para potenciales violaciones a los DDHH.

Juicios militares a civiles

Queremos rechazar, asimismo, el uso de instalaciones y tribunales militares para privar de libertad y enjuiciar a civiles detenidos en el contexto de manifestaciones, ignorando el artículo 261 de la Carta Magna, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Este mecanismo se utiliza no solamente para quienes han participado en manifestaciones: advertimos que existe una línea jurisprudencial en la sala penal del TSJ de enjuiciar a civiles en los tribunales militares por diversos delitos.

Gasto militar

La situación de crisis económica y falta de divisas para facilitar el ingreso de productos esenciales, como las medicinas y los alimentos, debe motivar a que el Estado venezolano revise el dinero destinado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de armas. Según la Ley de Presupuesto 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa fue la quinta institución que más recibió dinero, muy por encima de otras que vigilan la garantía de los derechos sociales como salud, alimentación, vivienda y cultura.

Por otra parte según datos del Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus cifras en inglés), Venezuela es el segundo país de la región que más ha gastado en armamento en los últimos años.

Por último deploramos que el presidente de la República y voceros del alto gobierno mantienen un lenguaje de confrontación basado en metáforas y alusiones provenientes del mundo militar. La construcción de canales para el diálogo democrático, el consenso y el entendimiento pasa por el respeto de todos los actores y sectores de la sociedad.

Exigencias

Ante estos hechos el Foro por la Vida exige al Estado venezolano que restablezca el papel del Ejército, la Armada y la Aviación en la planificación, ejecución y control de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la Nación. Conforme al artículo 338 de la CRBV las fuerzas militares debe estar “al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna.”

El ejecutivo nacional debe instruir a los altos mandos militares para que se abstengan de diseñar políticas y planes que contemplen escenarios que consideren la figura del “enemigo interno” o doctrinas que desplacen a los funcionarios civiles en las tareas de garantizar la seguridad ciudadana.

Exhortamos a Presidente de la República a excluir de su discurso el lenguaje de la confrontación militarista que estimula un modelo de dominación sobre los conciudadanos que tienen ideas políticas distintas a las de sus partidarios. Igualmente le exhortamos a definir una política que propicie un diálogo genuino que reconozca la diversidad de ideas que coexisten en la sociedad.

Suscriben:

  • Acción Ciudadana Contra el Sida
  • Acción Solidaria
  • Centro de Derechos Humanos de la Universidad católica Andrés Bello
  • Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer
  • Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
  • Cofavic
  • Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela
  • Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Venezolana de Religiosos
  • Espacio Público
  • Justicia y Paz Cáritas Los Teques
  • Observatorio  Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
  • Provea