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Docentes temen deterioro de sus beneficios sociales

Advierten que el gobierno pretende intervenir los fondos de los Institutos de Previsión del Profesorado

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La eliminación de los fondos de jubilaciones y pensiones de varias universidades autónomas, por orden de la Contraloría General de la República, ha desatado preocupación en el gremio profesoral al considerar que la medida transgrede sus derechos y pone en riesgo el futuro de sus beneficios sociales.

El director general del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV, Ricardo Ríos, detalló que desde el año 2010 solo los aportes de los profesores activos mantienen a la Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV.

En 2009, Tomás Guardia, profesor de Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela, pudo adquirir un nuevo apartamento con la ayuda de un crédito otorgado por el fondo, producto de sus aportes desde 2003.

“Cuando tuve dificultades de cancelar las cuotas, firmaba acuerdos de pago al fondo —cuenta Guardia—. Mi apartamento ahora es propio, no está hipotecado. En mi escuela hay muchos profesores que han comprado sus carros, viviendas y han resuelto problemas médicos con padres enfermos, gracias al fondo. Eso ha sido una ayuda invalorable para los profesores”.

Omar Pérez, profesor del departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar, cotizó durante 22 años al fondo. Esto lo ayudó en varias oportunidades a acceder a servicios de hospitalización, emergencia y consulta, lo cual no habría podido hacer con su salario.

Compensación. La degradación salarial de docentes ante la elevada inflación provocó que los ingresos de los fondos se hayan mantenido en niveles mínimos frente a los altos costos médicos de las clínicas. No obstante, Pérez señala que el fondo ha servido de apoyo complementario a los Institutos de Previsión del Profesorado para cubrir estos planes asistenciales de previsión.

Ríos advirtió que en la comunicación dirigida por la Contraloría, ordenando la liquidación de los fondos y su integración a la Tesorería de la Seguridad Social, también se decreta “ponerles atención a todos los reglamentos de las universidades donde se contemple la creación de fundaciones que tengan que ver con aportes a la seguridad social”. A su juicio, la resolución está relacionada con los IPP y señaló que una parte de estos fondos son en dólares como garantía para cubrir el déficit equivalente a los acuerdos federativos que se les adeudan a los docentes.

Ejercerán recurso legal. Ayer, los profesores de la UCV se reunieron en asamblea para definir las acciones que emprenderán en contra de la decisión de la Contraloría, la cual también ha afectado de manera pública a la Universidad de los Andes y a la Universidad de Carabobo.

Ríos detalló que responderán legalmente mediante un recurso que ejercerán contra la Contraloría, y crearán un frente nacional en defensa de los fondos de los profesores.

“Los fondos de la Tesorería funcionan como ente complementario; ellos (la Contraloría) no pueden mandar a disolver nuestros fondos de jubilaciones sin tomar en cuenta a la Superintendencia de la Seguridad Social. El superintendente nos informó que la Contraloría no está en capacidad para disolverlos. Es un acto de atropello, obvian una larga lista de trabajadores con familias que tienen que ser consideradas”, dijo Ríos.

Gremios unidos
El próximo martes 28 de enero, el Consejo Nacional de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, integrado por todas las directivas de los fondos universitarios del país, alistará acciones en conjunto para enfrentar el decreto de la Contraloría General de liquidar estos entes, informó Samuel Pérez, directivo de la Asociación de Profesores de la UCV.

La discusión también se llevará al seno de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, en reunión con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a fin de proteger los derechos e intereses de los docentes.

El director general de la Fundación Fondo de Jubilaciones de la UCV, Ricardo Ríos, aseguró que la medida gubernamental responde a una "operación política contra las universidades autónomas y contra un patrimonio que les pertenece a los profesores".
“Es nuestro único complemento salarial y se le quiere meter la mano a eso”, denunció.