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Discriminación por parte de los CLAP puede ser catalogado como crimen de lesa humanidad

Este mecanismo de control por parte del gobierno nacional podría ser utilizado como un método de chantaje del gobierno nacional / Foto: Henry Delgado

Este mecanismo de control por parte del gobierno nacional podría ser utilizado como un método de chantaje del gobierno nacional / Foto: Henry Delgado

A pocos días de haberse comenzado a aplicar este mecanismo de distribución, que tiene como función tratar de eliminar el “bachaqueo”, generó protestas a sólo unas cuadras del Palacio de Miraflores. Según la profesora universitaria Magaly Huggins el control emitido por los  Comités Locales de Abastecimiento y Producción puede ser considerado como un "apartheid" de alimentos 

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A sólo pocos días de haber implementado los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un grupo de personas demostró la semana pasada su descontento por el mecanismo al realizar una manifestación en las que se enfrentaron a autoridades de seguridad y grupos afectos al oficialismo en una supermercado en la avenida Fuerzas Armadas de Caracas, a sólo pocas cuadras del Palacio de Miraflores.

El descontento se generó luego de que se presentara un boletín en el establecimiento que establece que una lista de productos, aquellos que están regulados, sólo serán distribuidos por estos grupos con la intención de atacar y eliminar la reventa de productos o “bachaqueo”.


Entre las atribuciones de los CLAP está saber cuánta mercancía existe en cada uno de los puntos de venta, conocer los circuitos de distribución para identificar los códigos para la circulación de los bienes y a los transportistas, tener un balance de la cantidad de mercancía y si esta fue subsidiada con dólares del Estado, entre otras.

Este mecanismo de control por parte del gobierno nacional es para Magally Huggins, profesora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes), algo que puede agravar los problemas de conflictividad social debido a que se estaría utilizando como un instrumento para “chantajear” a los venezolanos.

“Esta propuesta del gobierno nacional es una manera que se puede interpretar como ‘si controlas la comida entonces controlas al pueblo’.  Excluir a un sector social con algo tal delicado como es la adquisición de alimentos puede llegar a tener hasta características ‘genocidas”, aseguró la investigadora en una entrevista a El Nacional Web.


Huggins aseguró que el trabajo de los CLAP no podrá abastecer a las personas. “Además hay que ponerle los trámites burocráticos o presenciales que estos grupos puedan tener. Esto lo considero como un ‘apartheid’ de alimentos”, dijo.  

Según lo planteado por el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, se requieren por lo menos 20.000 entidades de esas bolsas alimenticias para satisfacer las necesidades de sólo 7,2 millones de familias. En la actualidad sólo se han establecido 9.000 Comités Locales de Abastecimiento y Producción, según el gobierno nacional.

La profesora de la UCV planteó que la "discriminación" por parte de los CLAP puede considerarse como un crimen de lesa humanidad, ya que se estarían violando los derechos fundamentales y constitucionales de los venezolanos.

“Este método para distribuir alimentos puede ser ‘cuchillo para el cuello’ del propio gobierno. Lo que vimos en la avenida Fuerzas Armadas pudo haber sido el comienzo de algo más caótico”, concluyó.