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Desalojaron a cuatro familias de la torre El Chorro

Acudieron a la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público para denunciar los maltratos que recibió un joven de 15 años de edad

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Funcionarios de Policaracas y de la Policía Nacional se presentaron en la torre El Chorro ayer a las 10:00 am para desalojar a 4 familias que viven en los pisos 12 y 13 del edificio. Los afectados se definen como "caso social": aunque no quedaron damnificados por las lluvias de 2010 viven en el refugio porque carecen de vivienda.

En el cubículo de Zuleima Hernández había tres menores de edad cuando llegaron los policías. Aseguró que golpearon las paredes, tumbaron la puerta y revolvieron las pertenencias. Hernández denunció que su hijo de 15 años de edad fue maltratado por un policía, e incluso fue esposado. El joven salió llorando del edificio. En los brazos tenía las marcas rojas de donde lo tomaron los policías. “Me tumbaron al suelo, me patearon en el muslo y me esposaron, como por 15 o 20 minutos, diciendo que yo había agredido a un policía”, dijo el adolescente.

En el lugar había representantes de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Protección del Niño y Adolescente de Libertador, que se limitaron a tomar nota de las denuncias.

Jesús Villarroel, otro de los afectados, dijo que tienen tres años viviendo en la torre. Señaló que en total son 19 personas afectadas, entre las que se cuentan 10 niños.

Para denunciar los maltratos primero acudieron al Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del área metropolitana, pero no había despacho porque estaban redistribuyendo los expedientes. Luego fueron a la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público.

La orden de desalojo que le entregaron a Hernández tiene fecha del 28 de mayo de 2014, las razones que aluden son: que no está registrada en la data de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, que se desconoce su procedencia para su permanencia en el albergue y las reiteradas faltas de respeto a las autoridades de Copredig. Hernández aseguró que todas las autoridades estaban al tanto de su permanencia en el albergue.

“No sabemos a dónde vamos a ir. Mis cosas se quedaron adentro”, dijo la mujer.

Mario Massone, abogado de los afectados, afirmó que pese a que se identificó no se le permitió subir al piso en el que se efectuaba el desalojo: “Violaron su derecho a la defensa y a la representación legal de un abogado. Además, no se puede practicar un desalojo si no existe una alternativa para las familias”.