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Denuncian sequía del río Guama

Habitantes de los municipios Sucre, Arístides Bastidas y Cocorote de Yaracuy denuncian escasez de agua, debido a talas indiscriminadas en la Sierra de Aroa 

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La Ley de Tierras promulgada en 2002 y el decreto 090 que emitió el ex gobernador del estado Yaracuy, Carlos Giménez, para recuperar las tierras ociosas condena a la Sierra de Aroa a sufrir sequía permanente. En la zona boscosa Los Letreros-Las Crucecitas está la cabecera del río Guama que surte de agua a los municipios Sucre, Arístides Bastidas y Cocorote de la entidad.

En ese sector también está la Hacienda El Trigal, propiedad de la sucesión de José Antonio Cordido. Sus herederos, Amalia Cordido y Alberto Cordido, han denunciado en reiteradas oportunidades la tala indiscriminada de árboles y construcciones que han ocasionado la desaparición de animales y la sequía de la cuenca. En 1991 estas tierras quedaron protegidas por el decreto presidencial 1225, que dictó el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona Protectora de la Sierra de Aroa.

Amalia Cordido, propietaria de la Hacienda El Trigal, denunció que en la zona viven 12 familias que se presentan como presuntos campesinos aunque aparecen cotizando al Seguro Social por entes del gobierno en la página web de ese organismo.

Desde 2005 la familia Cordido, junto con otros habitantes, han acudido al extinto Ministerio del Ambiente, al Instituto Nacional de Tierras de Yaracuy y Caracas, a la Alcaldía del municipio Sucre, Fiscalía, GNB, Juzgado Agrario, Consejo Legislativo de Yaracuy, Procuraduría, Asamblea Nacional y Defensoría del Pueblo para denunciar el ecocidio y defender su derecho al acceso del agua. Sin embargo, no han obtenido respuesta. Aseguraron que el INTI avaló la destrucción de las cabeceras del río Guama al otorgar cartas de registro y declaratoria de garantía de permanencia, a un grupo de personas que supuestamente siembra café, aunque la tierra no es apta para ese cultivo.