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Denuncian acoso judicial contra profesores en huelga

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV / Ernesto Morgado

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV / Ernesto Morgado

Gobierno busca imponer, a través del contrato colectivo, proyecto de Ley de Educación vetado en 2010

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Las citaciones que recibieron Víctor Márquez, Tulio Olmos y Héctor Moreno; presidente, vicepresidente y secretario de la Asociación de Profesores de la UCV, respectivamente, para que comparezcan ante el Tribunal del Juzgado 4º de Caracas el próximo martes, se suma a las acciones políticas de acoso judicial contra los profesores de educación superior en protesta, denuncia el gremio universitario.

Doce estudiantes de Ingeniería de la UCV, entre los que están Humberto Rengel, José Guarapo, José Garcés y Scheneider Eusse, introdujeron un recurso de amparo contra la Apucv por convocar al paro académico.

De acuerdo al presidente de la Apucv, el recurso de amparo en su contra expone los mismos argumentos que fueron esgrimidos por los estudiantes de la UPEL, Kelly Álvarez, Fernando Gómez y Flor Figueredo, contra la Fapuv.

El grupo de estudiantes defiende la validez de la normativa laboral que discute el sector universitario, como el instrumento idóneo para resolver el conflicto.

El pasado 3 de junio, la presidente de Fapuv, Lourdes Ramírez, compareció ante el mismo juzgado al que han sido citados los representantes de la Apucv. Ese día, el juez le ordenó que convocase a los profesores del Instituto Pedagógico de Caracas a reiniciar clases.

Estas medidas judiciales forman parte de una política que pretende colocarlos al margen de la ley, afirma el consultor jurídico de la Apucv, León Arismendi.

El abogado argumenta que el texto de la solicitud de amparo, interpuesta por ambos grupos de estudiantes, copia el discurso esbozado por voceros del partido de gobierno sobre la crisis universitaria.
 
Violación a la norma. Sin embargo, el conflicto universitario va más allá de una pugna entre la educación y la protesta. También supera las deudas salariales y presupuestarias.

Ayer, durante el acto de graduación de 828 médicos comunitarios, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que las mesas de negociación acordaron incrementar el salario de los docentes entre 112 y 135%.

También destacó que 15% de los estudiantes universitarios está siendo “amenazado” de perder el semestre, por acciones de una “derecha gremial” que por orgullo desconoce las mesas de trabajo para discutir la nueva contratación colectiva.

Maduró pidió a los gremios demostrar que el conflicto es presupuestario. "Ustedes dicen que el problema es de presupuesto, entonces demuéstrenlo. Yo puedo demostrar todos los recursos que le hemos transferido a las universidades", dijo.

Pese a este aumento anunciado, el movimiento universitario reitera que el conflicto continúa, debido a que el Gobierno pretende imponer por la vía de la convención colectiva la propuesta de Ley de Educación Universitaria, sancionada en 2010 por la Asamblea Nacional y luego vetada por el ex presidente Hugo Chávez, a raíz de la presión universitaria.

La primera cláusula del contrato colectivo define la “transformación universitaria” como la transición hacia el socialismo, elemento referido en el proyecto de ley de 2010.

Esto incumple el artículo 4 de la Ley de Universidades, donde se señala que la enseñanza universitaria está abierta al pensamiento universal.
La normativa laboral en discusión también estipula el voto de todos los trabajadores universitarios (docentes, obreros y personal administrativo) en la elección de las autoridades, elemento contemplado en el proyecto de ley de 2010.

Según el artículo 25 de la Ley de Universidades, el Consejo Universitario se elige solo con el voto profesoral.  “Intentan convertir la elección universitaria en una elección política”, sentenció Arismendi.