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Denuncian ante CIDH vacío informativo y agresiones a periodistas en Venezuela

Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aseguró que durante las protestas ha habido agresiones a 116 periodistas, mientras que 23 comunicadores fueron "detenidos" y 28 "robados" mientras cubrían las protestas

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Periodistas y activistas alertaron hoy a CIDH del "vacío informativo" y las "agresiones" a periodistas durante las protestas en Venezuela, mientras que esa comisión preguntó al Gobierno si la información en los medios permite a la población estar enterada de "lo que esta pasando en las marchas".

Cinco organizaciones y sindicatos de prensa venezolanos pidieron un seguimiento de la situación de libertad de expresión durante una de las cuatro audiencias sobre Venezuela en el 150 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En Venezuela había un "pequeño silencio que ha venido creciendo hasta llegar a un vacío informativo", coincidiendo con la marcha del 12 de febrero y a la que han seguido otra serie de manifestaciones opositoras, afirmó Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.

Por su parte, Marco Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aseguró que durante las protestas ha habido agresiones a 116 periodistas, mientras que 23 comunicadores fueron "detenidos" y 28 "robados" mientras cubrían las protestas.

La relatora especial de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, preguntó al Estado "por qué se sacó del aire (al canal colombiano) NTN24 y por qué se ordenó una investigación contra CNN en español", y "si es cierto que el Gobierno de Venezuela bloquea o filtra páginas web", como la red social Twitter.

"Una persona que está en Venezuela y prende la televisión, ¿sabe lo que esta pasando en las marchas?", se preguntó Botero, a lo que el público presente en la audiencia contestó con un "no".

El representante del Estado en la audiencia, el abogado Luis Britto, blandió una montaña de periódicos y dijo que en ellos "no hay la menor inhibición; tratan palmariamente al Gobierno de dictadura, dicen que hay una guerra civil en Venezuela".

"¿Cómo pueden reclamar los medios de comunicación que no hay libertad de expresión? ¿Cuál dictadura permite que se publiquen textos que dicen que no hay libertad de expresión?", preguntó.

El abogado evitó responder a las preguntas de Botero y también a las denuncias de los manifestantes, a quienes dijo que "no tienen derecho a estar acá" en la CIDH porque "deberían haber agotado las instancias internas" antes de llevar sus quejas a la comisión.

Del lado de los peticionarios, Marianela Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), se refirió al "problema de la escasez de papel de periódico" y denunció que hay "30.000 trabajadores directos y 100.000 indirectos amenazados por los retrasos que hoy afectan a toda la prensa escrita del país".

Al respecto, Britto opinó que es "una paradoja" que "medios de comunicación que son acérrimos partidarios del capitalismo pretendan que el Estado deba subsidiarlos con dólares adicionales para que compren papel".

Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, aseguró que se han bloqueado diversas páginas web y ha habido un "proceso de ralentización del servicio de internet" que ha "reducido la capacidad de los routers en momentos en que se producen manifestaciones".

"Las garantías asociadas a la neutralidad de la red en Venezuela no se están dando y no hay mecanismos mediante los cuales uno obtenga información transparente", indicó Correa.

Los solicitantes de la audiencia pidieron que la comisión "revise con detenimiento la composición del directorio de responsabilidad social de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela) en aras de garantizar su independencia" y que "esté atenta a la libertad en internet" en el país.

Además, le solicitaron hacer "un seguimiento a las agresiones, los ataques contra periodistas y ciudadanos por parte de las autoridades, con especial atención a la confiscación y destrucción de material, equipos y la debida investigación que debe realizarse de estas violaciones".