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Déficit de consejeros de derechos limita la protección de los niños

Denunciar los malos tratos es una obligación según establece la Lopnna | Foto: Archivo

Denunciar los malos tratos es una obligación según establece la Lopnna | Foto: Archivo

En Baruta y Sucre se registraron 887 procedimientos adminsitrativos por vulnerar los derechos a la integridad personal y maltrato entre enero y octubre de 2014

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Los vecinos de Las Minas de Baruta fueron testigos silentes de un proceso de agresión de Milagros del Carmen Rollet Arroyo, una niña ciega de 12 años de edad que fue asesinada a golpes por su madre. Todos sabían que la menor era agredida; la vieron con moretones en la cara y hasta conocían que en el sótano de esa casa era el lugar donde la madre cometía las agresiones para que los gritos no fueran escuchados. Presumían que su madre consumía drogas.

Nadie denunció la violencia a la que estaba sometida Milagros del Carmen aunque la omisión también es delito. La Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente no tiene vacíos legales, según sus consejeros de protección, pero su aplicación con respecto a los programas de acompañamiento familiar y psicológicos, además de la carencia de suficientes trabajadores sociales y la falta de denuncia de las comunidades son las debilidades que se encuentran para garantizar la protección a niños y adolescentes.

La denuncia sobre los continuos maltratos en esta familia nunca llegó a la oficina del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Baruta, lo cual pudo evitar las torturas recurrentes y la muerte de la niña. Cada municipio tiene un Consejo de Protección que aborda los casos de violencia individuales desde maltratos, abusos sexuales, conflicto entre adolescentes, acoso escolar, derecho a la salud y maltrato de parte de los docentes.

Magaly Trivisón, presidenta del Instituto Autónomo del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Baruta, reportó el año pasado 240 procedimientos administrativos de los cuales 116 fueron agresiones físicas. En Baruta hay tres trabajadores sociales y están haciendo un concurso para contratar a dos más y cinco suplentes. Solo hay dos casas de abrigo privadas a donde envían a los niños que necesitan ser sacados de ambiente familiar.

Trivisón dijo que desplegó a trabajadores sociales para investigar el problema familiar que había en el caso de la niña asesinada en Baruta, para resguardar la seguridad de la hermana de 7 años de edad.

Terapia a tiempo. En la oficina de Protección del municipio Sucre ayer llegó una abuela con fotos que evidenciaban que su nieta tenía moretones en el cuerpo. Cinco minutos después llegó una madre en una patrulla de Polisucre, con su hijo cargado en brazos mientras lloraba. Ambos casos fueron atendidos por los consejeros. Angeyeimar Gil, consejera de Protección del municipio Sucre, explicó que muchas familias utilizan métodos de corrección socialmente aceptados que terminan en actos violentos que transgreden los derechos del buen trato o integridad personal. Desde niños con quemaduras en manos y caras, hasta torturas que consisten en arrodillar a los menores sobre chapas durante horas son casos frecuentes en la oficina.

En Sucre atienden un promedio de 40 a 50 denuncias diarias. Los 9 consejeros trabajan los 365 días del año, pero no tienen suplentes y su equipo multidisciplinario solo está integrado por un abogado itinerante y una psicóloga que no puede atender todas las terapias familiares para evitar que una nalgada se convierta en un violencia sistemática.

Cuando los niños y adolescentes reciben malos tratos y torturas son remitidos al cuidado de un padre o madre, si no son los agredores, o son llevados a casas abrigo privadas o de fundaciones que trabajan con donaciones porque el municipio no cuenta con un albergue propio. Luego de 30 días, si no se puede tratar el problema con terapia familiar, los casos son atendidos por la Fiscalía y pueden durar hasta un año para su resolución.

En Sucre, entre enero y octubre del año pasado se hicieron 647 procedimientos administrativos, de los cuales 444 fueron por vulneraciones a la integridad personal y 124 por violar el derecho al buen trato. De estos casos 21 niños tuvieron que ser llevados a casas abrigo. En 70% de estos eventos sus agresores son padres, madres o responsables de la crianza.

“Muchos de los casos pueden abordarse con terapia familiar a través de los programas psicológicos que debería tener cada municipio, pero aquí están las debilidades. Ante la falta de especialistas los casos son remitidos a hospitales o fundaciones para que los padres reciban ayuda psicológica o psiquiátrica y las consultas pueden tardar meses en darse, debido al déficit de personal y así es difícil lograr cambios en las familias”, explicó Gil.

Pasos a seguir

-  Ante cualquier acto de violencia a un menor cualquiera puede hacer la denuncia a la policía municipal.

-  Los funcionarios acuden al lugar y si observan actos de violencia llaman a un funcionario de guardia del Consejo de Protección del Niño, Niña y el Adolescente de la jurisdicción.

-  Si hay torturas, los consejeros pueden dictar una medida de abrigo para el niño o adolescente o se trata el caso con terapia psicológica.

-  Si en 30 días el problema de violencia no se soluciona el caso pasa al Ministerio Público.