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Consulta sobre consejos educativos excluyó a 230 colegios privados

Salón de clases / Leonardo Noguera

Salón de clases / Leonardo Noguera

Organizaciones civiles exhortaron a padres y representantes a reunirse para fijar posición

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 Copias de la resolución que crea los consejos educativos empezaron a circular ayer entre los padres y representantes de los estudiantes venezolanos. Varios gremios y organizaciones de la educación exhortaron a las sociedades de padres, madres y representantes a que se reúnan para que fijen posición sobre la medida, que iguala el poder de decisión de padres, docentes, trabajadores y consejos comunales.

Octavio De Lamo, presidente de la Cámara Venezolana de Educación Privada, informó que la distribución de la resolución en los colegios facilitará la discusión en las comunidades educativas. Criticó el lapso de revisión fijado por la ministra de Educación, Maryann Hanson, para el aporte de observaciones.

“Lo más importante es la convocatoria para que conozcan de viva voz el contenido. Sería lógico que los efectos de la resolución se suspendieran para hacer el análisis, pero obligan a montar la estructura y dan tres meses para el registro. ¿Por qué dejan un año con la resolución y no abren un lapso público y participativo antes de introducir los cambios?”, dijo.

De Lamo aseguró que ninguno de los 230 colegios adscritos a la cámara fue convocado a las consultas sobre la aplicación de la medida.

El docente fue uno de los voceros de la opinión conjunta emitida por las organizaciones Asamblea de Educación, Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Federación Venezolana de Maestros, Asociación Nacional Instituciones Educativas Privadas, Confederación Nacional de Federaciones de Sociedades de Padres y Representantes de la Educación Católica de Venezuela, Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana y Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media, entre otras.

Las organizaciones demandarán la nulidad de la Resolución número 58 del Ministerio de Educación ante el Tribunal Supremo de Justicia en los próximos días.

 

Reacciones. A una semana de la aprobación de los consejos educativos, no existe consenso respecto a su creación.

Leonardo Carvajal, directivo de la Asamblea de Educación, señaló que la Resolución 058 convierte los planteles en un modelo de “escuela todera”.

“El problema reside en que la escuela, desde hace un cuarto de siglo, ha disminuido su calidad pedagógica. Si ahora se le colocan nuevas y no pertinentes tareas, se debilitará más la formación de nuestros niños y jóvenes”, expresó.

El secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, también expresó su desacuerdo con la medida por considerarla un instrumento ideológico del Gobierno. “Se retoman propósitos contenidos en la reforma constitucional derrotada en diciembre de 2007, para transformarlas en políticas oficiales forzadas. Es así como se apela constantemente al Plan Nacional Simón Bolívar, para que sirva de referencia ideológica en todos aquellos asuntos que el Gobierno quiere imponer”, subrayó.

El Sindicato Nacional de la Fuerza Unitaria Magisterial calificó la Resolución 058 como una medida positiva para la educación venezolana.

“La comunidad va a convertir a la escuela en el centro del quehacer comunitario, porque ahí es donde van a converger las grandes ideas y expresiones del poder popular”, precisó César Silva, representante del gremio.

Silva señaló que las protestas contra la resolución son de grupos pertenecientes al sector privado, contrarios a los intereses de la mayoría.  

 Sólo 1% fue tomado en cuenta

Leonardo Carvajal, directivo de la Asamblea de Educación, informó que sólo 1% de los actores del sector educativo participó en las consultas previas a la creación de los consejos educativos.

“Solamente consultaron a 5.000 personas, apenas 1% de los 500.000 educadores del país y prácticamente 0% de las 4 millones de familias que tienen hijos en el sistema educativo”, dijo.

Nancy Hernández de Martín, miembro de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, reprochó que entre 500.000 docentes, 10 millones de padres y representantes y 9 millones de estudiantes en más de 26.000 planteles educativos nacionales, sólo se haya escogido a un grupo reducido, pese a que la normativa es válida para todos los sectores de la educación básica y media y diversificada.