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Consejos educativos violan cuatro instrumentos legales

Alumnos en salón de clases / Leonardo Guzmán

Señalan que la consulta del documento no fue masiva / Leonardo Guzmán

Señalan que las nuevas organizaciones escolares no fueron consultadas, que impulsan un modelo único de pensamiento y que dan pie a la intervención de agentes externos

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La lucha contra la Resolución 058, que hace cuatro meses fue decretada para establecer la creación de los consejos educativos, no ha cesado.

Pese a que las nuevas estructuras avanzan, 16 organizaciones relacionadas con la educación insisten en expresar su inconformidad: consideran que es ilegal y, por eso, llevarán un recurso de nulidad al Tribunal Supremo de Justicia.

Raquel Figueroa, secretaria de Organización del Colegio de Profesores de Venezuela, señala que decidieron elaborar un documento conjunto porque consideran que la resolución ­publicada en Gaceta Oficial 40029­ traerá más problemas que beneficios: "Este instrumento legal debilita el sentido de la escuela, que debe ser democrática".

La Resolución 058 sustituyó la 751, que estaba en vigencia desde 1986. Con ese instrumento, las sociedades de padres desaparecen para dar paso a consejos educativos, constituidos por un mínimo de 10 comités.

En el texto que presentarán al TSJ se explica porqué consideran que los consejos educativos son ilegales. En primer lugar, señala el documento, la resolución no fue consultada. La ministra de Educación, Maryann Hanson, informó el año pasado que consideraron las opiniones de 5.000 personas. Sin embargo, las asociaciones precisan que hay más de 500.000 docentes y 6 millones de padres y representantes, por lo que esa muestra no fue representativa.

El texto agrega que en la resolución hay una intención de imponer un pensamiento único, cuando se habla de la democracia protagónica revolucionaria. Eso, dicen, contraviene el principio que indica que la educación debe respetar todas las corrientes.

Del mismo modo, les preocupa que agentes externos a las escuelas ­como consejos comunales y otras organizaciones que pueden participar en los consejos educativos­ tengan libertad para intervenir en el desenvolvimiento de la escuela y afectar la seguridad de los planteles. Esta consideración, señalan, pudiera ser peligrosa en áreas asediadas por conflictos.

Para las 16 organizaciones, estas y otras disposiciones violan cuatro instrumentos legales: la Constitución nacional, la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento Especial de la LOE y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Además, agregan, contraviene principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estrategia distractiva

Por las fallas y vacíos que encuentran en la Resolución 058 no sólo solicitarán la nulidad. También pedirán la suspensión de su aplicación, mientras se tramita el recurso.

Fausto Romeo, directivo de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, indica que esa es una petición de cambios de fondo: "Hay que hacer otra resolución porque esta nació de un proceso inconsulto. Se debe derogar este instrumento y elaborar otro, pues tampoco estamos de acuerdo con volver a la 751".

A Robert Rodríguez, de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, le preocupa que la resolución sea una estrategia del Estado para no asumir su responsabilidad: "Pareciera que la intención es transferir el fracaso estatal a la comunidad".

Otras medidas

La intención de las organizaciones que introducirán el recurso de nulidad de la Resolución 058 es continuar con las protestas. Raquel Figueroa, secretaria de Organización del Colegio de Profesores de Venezuela, dijo que se proponen asistir a instancias internacionales para exponer su queja. "La Resolución 058 afecta la vida pedagógica y académica de las escuelas", indicó.

Fausto Romeo, directivo de la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, dijo que esperarán las respuestas de los organismos nacionales: "No veo el motivo por el que no se pueda admitir el recurso de nulidad. Estamos haciendo peticiones de fondo".

También organizarán movilizaciones y harán asambleas de ciudadanos en todo el país para promover el debate. "Queremos organizar a la gente para la defensa de la educación democrática.

Los derechos se tienen que defender, y lo haremos por la vía legal y también con la manifestación del descontento", explicó.

¿Quiénes son?

Las organizaciones que apoyan el recurso de nulidad son: Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes; Andiep; Cavep; Confederación Nacional de Padres y Representantes de Educación Católica; Colegio de Profesores de Venezuela; FVM; Colegio de Licenciados en Educación; Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación; Federación de Trabajadores del Magisterio; Federación de Trabajadores de la Enseñanza; Federación de Trabajadores de la Educación; Colegio de Peritos de Venezuela; Asociación de Profesores de la UPEL; Asamblea de Educación; Asociación de Padres y Representantes de Instituciones de Educación Privada y Fundación de Defensa de Derechos Civiles.