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Conflicto reduce denuncias de delitos pero no la criminalidad

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispersan a estudiantes en Altamira / BBC Mundo

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana dispersan a estudiantes en Altamira / BBC Mundo

En la semana siguiente al 12 de febrero los casos reportados en el Cicpc disminuyeron en 10%. Declaraciones de fiscal y la defensora restan credibilidad al sistema de justicia

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Una de las consecuencias inmediatas de la conflictividad política reportada en el Distrito Capital desde el 12 de febrero fue la disminución de las denuncias sobre delitos comunes. Pero según expertos consultados y las estadísticas de la policía científica no ha ocurrido una reducción de la criminalidad. Por el contrario, en algunos casos se registra un incremento, pero los ciudadanos no denuncian porque ahora desconfían más del sistema de justicia.

Cifras de las subdelegaciones del Cicpc conocidas de manera extraoficial indican que en febrero iniciaron en total 1.837 expedientes, sin contar los casos de homicidio. El promedio diario fue de 66 casos.

Esas mismas estadísticas indican que en los primeros 12 días de febrero, cuando aún no estallaba la ola de protestas y bloqueos de vías en la capital, el promedio diario de casos conocidos fue de 70. En la semana siguiente al 12 de febrero la cifra de denuncias ante el Cicpc bajó a 62 al día (10% menos).

El criminólogo de la Universidad de Los Andes Freddy Crespo explicó que en épocas conflictivas las disminución de denuncias formuladas ante las autoridades no es un indicador sobre una merma real del delito, sino que en ese contexto la población se abstiene de acudir a las autoridades porque las perciben como parcializadas hacia un bando del conflicto: “Esa percepción se alimenta cuando se ve a los policías junto a los motorizados que rompen vidrios en los estacionamientos, y se oye a los representantes del Ministerio Público decir que no investigan pues nadie denuncia. Todo se vuelve un círculo vicioso”.

Luis Izquiel, criminólogo, coincidió con Crespo y añadió que la disminución de las denuncias se corresponden con el desprestigio de las instituciones de justicia del país. “Declaraciones como las de la fiscal general y de la defensora del pueblo han golpeado la credibilidad del sistema de justicia venezolano. La cifra negra va en aumento en medida en que las instituciones han sido desprestigiadas”, dijo.

Muertes violentas y lesiones. Hasta el momento, la confrontación política pareciera no tener incidencia en las estadísticas generales de muertes violentas reportadas en el Distrito Capital. En febrero, cuando el conflicto se expresó en manifestaciones diarias y bloqueos de vías, hubo 394 muertes violentas en el Area Metropolitana, 20,5% menos que el total del mismo mes en 2013. En enero pasado se registraron 412 muertes, 7 menos que las del primer mes del año anterior.

Curiosamente, las muertes violentas han sido más en la medida en que las protestas con barricadas han cedido en Caracas. Una muestra de ello es que el primer fin de semana de marzo fueron trasladados a la morgue 27 cadáveres, mientras que el cuarto fin de semana de ese mes la cifra fue de 47.

En cuanto a las averiguaciones sobre de violencia interpersonal se ha observado un repunte a partir del 13 de febrero, indican las estadísticas de la policía científica en Caracas. Esos expedientes pueden ir con el rótulo de lesiones, violencia genérica e incluso violencia contra la mujer cuando las víctimas son atacadas como consecuencia de discusiones políticas.

En los primeros 12 días de febrero fueron iniciados 151 expedientes sobre ese tipo de delitos, que representaron 18% del total general correspondiente a ese mes. Desde que comenzaron las manifestaciones hasta el final de ese mes hubo 199 denuncias, que ocupan 20% de la estadística.

Las subdelegaciones que recibieron más reportes sobre violencia interpersonal a partir del 13 de febrero fueron El Paraíso, con 41; y El Llanito, con 38. En ambas jurisdicciones fueron procesadas denuncias concretas de lesiones asociadas a hechos de confrontación política.


Rio revuelto. Uno de los lugares donde la protesta se intensificó a partir del 12 de febrero fue la plaza Francia de Altamira. Según el director de Polichacao, Einer Giuliani, eso se prestó para numerosos asaltos contra los manifestantes. Indicó que fueron detectadas bandas dedicadas a arrebatones y hurtos. El bien más codiciado fue el teléfono celular.

Desde el 12 de febrero ese cuerpo de seguridad municipal ha recibido 67 denuncias de hurto de celulares durante las protestas. Eso lo convierte en el delito más común en esas situaciones.

A través de las redes sociales los ciudadanos han reportado el hurto de sus teléfonos móviles en las manifestaciones. “Fui a marchar por nuestro país y me robaron mi celular, ¿cómo es posible? esto no es vida. Otra razón más para protestar… NO+DELINCUENCIA”, dijo @¡ayudaapple el 23 de febrero.

Las denuncias van más allá del hurto. Muchos también aseguran que hay grupos que se hacen pasar por manifestantes para delinquir en las actividades de calle. “Hay bandas que aprovechan la anarquía o las marchas para robar o incluso ejecutar robos a mano armada en medio de la confusión de la situación de masas”, explicó el criminólogo Luis Izquiel.

A partir del 12 de febrero y durante varios días los cuerpos de seguridad municipales y regionales y el Cicpc estuvieron en acuartelamiento por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. En la práctica, la actuación en las calles se redujo a situaciones de emergencia, previa autorización del despacho ministerial.

“Patria Segura incluye a la GNB, y en el patrullaje inteligente también está involucrada la GNB y la PNB, que actualmente están dedicadas a reprimir las protestas, lo que hace que disminuya la presencia en los puntos de seguridad”, agregó Izquiel.