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Condena a fundador de PIP abre puertas a indemnización

En Venezuela se vendieron cerca de 33.000 implantes de esa marca | Foto: Omar Véliz

En Venezuela se vendieron cerca de 33.000 implantes de esa marca | Foto: Omar Véliz

Venezolanas afectadas podrían acceder a un fondo francés que indemnizaría a cada una con 4.000 euros

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El Tribunal Correccional de Marsella, en Francia, condenó ayer a cuatro años de cárcel, el pago de una multa de 75.000 euros y la prohibición de ejercer una profesión en el área médica a Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP que inventó y fabricó unos implantes mamarios fraudulentos que afectaron a más de 80.000 pacientes en el mundo.

Mas fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse y se convirtió en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias, por sus implantes de bajo costo fabricados con un gel no homologado por las autoridades, que fueron sacados del mercado en 2010.

Hace dos años esos implantes desataron un escándalo mundial por las alertas que emitieron los organismos sanitarios franceses, que ordenaban la extracción preventiva de los implantes, por su posible relación con la aparición de cáncer, una hipótesis que aún no ha sido comprobada. La estafa llevó a una demanda internacional, que abre posibilidades de indemnización a mujeres de todo el mundo. 

PIP llegó a obtener 84% de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina. En Venezuela, cálculos del Ministerio de Salud señalan que se habrían colocado cerca 33.000 implantes de esa marca en el país.

El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, quien representa a un grupo de venezolanas que participó en la demanda de la que se dictó sentencia ayer, subrayó que la condena a los fabricantes de esos materiales figura como el centro de toda la reclamación, puesto que a través de la sentencia cualquier persona en el mundo que porte las prótesis adquiere la condición de víctima.

León Parilli aseguró que Anauco trabaja para que las pacientes venezolanas puedan acceder a un fondo en Francia destinado a resarcir a las afectadas, el cual hará entrega de una cifra base de indemnización de 4.000 euros por víctima.

Yvonne Reyes, una de las afectadas por las prótesis, se mostró escéptica y advirtió que la sentencia aún no ha sido definitivamente firme, pues fue apelada por el fundador de la empresa PIP. “En este momento no podemos hablar de que está cobrando nadie. No queremos crear falsas expectativas”, puntualizó.

Detalló que solo 127 de las 140 pacientes representadas por Anauco en los tribunales franceses fueron aceptadas como parte del juicio, por lo que serían las beneficiadas más inmediatas. Ella y otras 12 mujeres quedaron por fuera por faltarles algún documento, como los certificados de las prótesis. “Estamos articulando mecanismos para poder conseguir que a todas las víctimas del país se le haga valer sus derechos”, dijo.

El grupo de 140 mujeres se encuentra en conversaciones con el embajador de Venezuela en Francia para nombrar a un observador que esté presente en todas las fases de la demanda interpuesta por venezolanas en el país europeo, adelantó Reyes.

Anauco, por su parte, exhortó a todas las afectadas a asistir mañana jueves a las 11:00 am a una asamblea en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, donde explicarán las implicaciones de la sentencia y los recaudos para adherirse a la demanda. 

Pocas inscritas en censo

El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, afirmó que aún esperan porque en Venezuela se dicten medidas judiciales, más allá de las cautelares, que ordenan la extracción gratuita en casos de rotura a cargo de los médicos que colocaron el implante originalmente. En julio del año pasado, el Ministerio de Salud anunció el comienzo del censo de portadoras. Yvonne Reyes, una de las afectadas, detalló que hace unos meses contabilizó por lo menos 2.500 inscritas en el censo; sin embargo, manifestó que la cifra no representa un alto porcentaje, puesto que en el país se calcula que hay 30.000 pacientes en esa condición.