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Colegios privados señalan que regulaciones dificultan mantener edificios y pagar sueldos

Ministra de Educación Maryann Hanson/ Archivo

Ministra de Educación Maryann Hanson/ Archivo

En la audiencia en el TSJ que se realizó ayer, los gremios de propietarios de instituciones solicitaron que les permitan aumentar más de 10%

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Ayer el Ministerio de Educación, los gremios de educación privada, docentes y padres y representantes, asistieron a una audiencia para exponer sus argumentos a favor y en contra de la regulación –establecida por el Ejecutivo- que impide el aumento de más del 10% de la matrícula escolar y las mensualidades para el período 2013-2014.

La Ministra Maryann Hanson aseguró que el porcentaje de la matrícula se establece con base en las cifras de inflación que suministra el Banco Central de Venezuela y que este tope no desmejora la calidad educativa, relató la presidenta de la Cámara Venezolana de Educación Privada, María Teresa Hernández.

No obstante, la titular de Cavep, citó un estudio económico que guió la cámara y que fue vigilado por el Tribunal Supremo de Justicia: “Entre 2005 y 2013 la inflación acumulada es de 285,8%, lo que nos han permitido aumentar de la matrícula ha sido el 141,5%, si restamos ambas cifras determinamos que hay un desfase del 144,3%”.

Entre las preocupaciones de las instituciones privadas por este déficit, Hernández describe el mantenimiento de las infraestructuras, la incapacidad de pagarles a los 87.742 docentes de sector un salario digno y el pago de alquiler de los centros educativos que funcionan bajo este estatus.


Alternativas. La presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Privados, Yanet Márquez, señaló que los gremios expusieron las pruebas de cómo ingresa el dinero a una institución y cómo se distribuye, demostrando así que el tope del 10% del aumento en la matrícula es inviable. Señaló que queda esperar la respuesta del tribunal en los próximos días sobre si se modificará o no la tarifa.

A propósito de una denuncia realizada por la madre de un alumno del colegio La Salle de la Colina, en Caracas, a la que en el momento de la inscripción además de la matrícula le exigieron el pago una cuota de 10.000 bolívares –bajo el nombre de afiliación familiar lasallista, seguro escolar y vigilancia-, Márquez señaló que estos recursos son completamente legales.

“Un colegio con el 10% de aumento no puede funcionar. Lo que hacen la mayoría de las instituciones es convocar una reunión en la que explican lo que pide el Ministerio y lo que realmente necesita el colegio. En ese momento se abre el debate y se decide lo que se puede pagar en consenso”, dijo la presidenta de Andiep.

Hernández y Márquez coinciden en destacar que la mayoría los padres que eligen inscribir a sus hijos en colegios privados es porque están insatisfechos con el programa que ofrece la educación oficial, por lo que esta debería mejorar sus calidad. Destacan que para lograr las exigencias que se fijan los planteles privados necesitan mayores recursos.


Reclaman participación

Lila Vega, vocera de La Red de Madres, Padres y Representantes, explicó que el punto que consideran más importante es en quién recae esta decisión sobre el futuro de la educación privada.

Recordó que desde el año 2005 el ejecutivo establece el porcentaje de ajuste de la matrícula y les quitó la potestad de decidir: “Fue como si nos dijeran que no teníamos la capacidad mental para determinar este asunto. Yo le diría al Ministerio que no nos defiendan, que dejen que nosotros decidamos y si nos atropellan nosotros les pediremos ayuda”.  

Respecto a los pagos, Vega explicó que los padres y colegios se están valiendo de mecanismos como las Asambleas de Ciudadanos y los Contratos de Donación para hacer llegar el dinero que necesita la institución para funcionar, pero que por ley no es un pago de carácter obligatorio.

“Si un director nos explica detalladamente el presupuesto y se nota su intención de minimizar costos, en consenso se accede. En nuestra experiencia el 95% de los padres paga”, señaló.